El titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el sandinista Gustavo Porras, anunció este lunes que la polémica reforma a la Constitución Política, que transforma el Estado nicaragüense y otorga un poder total al presidente del país, Daniel Ortega, será aprobada en su totalidad durante el mes de enero.
«El día de mañana (martes) iniciaremos el proceso de discusión y aprobación en segunda legislatura de la reforma a la Constitución Política», dijo el legislador sandinista en el pleno, en Managua.
Porras explicó que el proceso de aprobación de esas enmiendas se irá «haciendo en forma paulatina» y que el objetivo «es tener aprobada la reforma en segunda legislatura antes que finalice el mes de enero».
«Vamos iniciar un proceso en el cual vamos a ir combinando» la aprobación de artículos de la Constitución con otras iniciativas de leyes, indicó.
Anunció que mañana discutirán y aprobarán «el artículo primero y el artículo segundo de la ley de reforma, que corresponde al preámbulo y a los principios fundamentales, y así sucesivamente cada uno de los días, hasta finalizar antes del último día de enero».
El Parlamento de Nicaragua, controlada por los sandinistas, tiene previsto comenzar a discutir mañana en segunda y definitiva legislatura enmiendas a la Constitución Política, la que transforma el Estado al denominarlo «revolucionario» y otorga un poder total a Ortega sobre los demás poderes del Estado.
Los legisladores, que aprobaron esas enmiendas en primera votación de forma expedita en noviembre pasado, reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna de Nicaragua y derogaron otros 37, incluido el que se prohibía la práctica de la tortura, el recurso de Habeas Corpus, y la seguridad jurídica de la propiedad.
Piden sanciones económicas
Por su lado, una coalición de opositores criticó este lunes que se apruebe esa reforma constitucional, bajo el argumento de que «constituye la imposición de una nueva Constitución Política que elimina el Estado de Derecho, anula los derechos fundamentales y consuma la muerte de la República de Nicaragua».
«Con esta reforma espuria, ilegal y aprobada de forma arbitraria terminan por implementar lo que de facto ya hacían: un control absoluto del sistema electoral, consolidando un sistema de partido único que impone sus símbolos partidarios como nacionales», reprochó esa agrupación de opositores, entre ellos la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE).
«Esta reforma extingue cualquier vestigio de institucionalidad previa, reemplazando los cimientos del Estado con un régimen autoritario y totalitario que concentra todo el poder en el Ejecutivo eliminando la separación de poderes y subordinando al Estado a los intereses de una sola familia», advirtió.
A juicio del grupo opositor, la designación de la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, «como copresidenta consolida el camino hacia una sucesión dinástica que convierte a Nicaragua en un feudo político».
«Nicaragua queda transformada en un régimen autoritario, carente de legitimidad y con una estructura de poder que no merece ni debe ser reconocida por instancias internacionales, multilaterales o intergubernamentales», sostuvo.
Por tanto, esa coalición hizo un llamado «urgente» a la comunidad internacional «a adoptar medidas contundentes frente a este régimen».
También instó «a los gobiernos democráticos y organismos internacionales a implementar sanciones efectivas, suspender cualquier relación económica que beneficie al régimen y fortalecer los mecanismos de apoyo humanitario y legal para las víctimas de la represión».
La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y opositores nicaragüenses, amplía de 5 a 6 años el período presidencial, establece la figura de «copresidenta», que el Ejecutivo «coordinará» los demás «órganos» del Estado, legaliza la apatridia, y crea la Policía Voluntaria, acusada de ser una fuerza paramilitar.
