Durante el Diálogo con la Sociedad Civil celebrado en el marco de la 55 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene lugar en Antigua y Barbuda, Amaru Ruiz, director de Fundación del Río y representante de la Red Local, alzó su voz en representación del Foro Ciudadano de las Américas.
En su intervención, el activista ambientalista desnacionalizado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció la grave situación de derechos humanos en Nicaragua y abogó por un modelo económico centrado en la dignidad, la democracia y la justicia social.
El pronunciamiento, leído ante los Estados miembros de la OEA, hizo un llamado contundente a construir economías resilientes e inclusivas, reconociendo que esta tarea no puede desligarse del respeto a los derechos humanos ni del combate a la desigualdad estructural, la corrupción y la violencia en sus distintas formas. “No hay resiliencia sin justicia social”, afirmó, exigiendo la inclusión activa de mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas LGBTIQ+, migrantes y juventudes en la toma de decisiones.
Además, se remarcó que la seguridad, la justicia ambiental y las libertades democráticas son pilares esenciales para el bienestar colectivo. “Las comunidades que cuidan los territorios no son obstáculos para el desarrollo: son las principales aliadas para un futuro sostenible”, expresó Ruiz.
En una parte especialmente emotiva de su intervención, el representante nicaragüense denunció el cierre arbitrario de más de 5,600 organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, la existencia de al menos 53 personas presas políticas, incluyendo a 11 indígenas, así como la implementación de políticas de apatridia y represión transnacional contra la disidencia.
“Pedimos solidaridad y compromisos de los Estados de las Américas para contribuir al restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”, concluyó el activista nicaragüense.
Este llamado se produce en un contexto en el que Nicaragua oficializó su salida de la OEA en noviembre de 2023, dos años después de que el régimen Ortega-Murillo denunciara la Carta de la organización, tras ser señalado por la ilegitimidad de las elecciones generales de 2021. Desde entonces, el país centroamericano ha profundizado su aislamiento internacional y recrudecido la persecución contra voces críticas.
El Foro Ciudadano de las Américas reitera que su presencia en estos espacios no se limita a la denuncia, sino también a la propuesta. “La inclusión no se decreta: se construye”, afirmaron en su mensaje final, instando a la OEA a abrir mayores espacios para la participación ciudadana efectiva.