26 agosto 2025
Diversas organizaciones de la sociedad civil y de atención a personas migrantes expresaron su rechazo a la propuesta de Presupuesto Extraordinario 2025, que plantea una rebaja de ₡253,7 millones al Ministerio de Gobernación y Policía, de los cuales ₡147,3 millones corresponden a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y ₡8,7 millones al Tribunal Administrativo Migratorio, con el fin de redirigirlos a la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO).
Foto: Donaldo Hernandez.
En un comunicado conjunto, asociaciones como ACIDHU, ANNADIR, IRCA Casa Abierta, Liga Feminista de Refugiadas Políticas, Fundación Popol Na, entre otras, advirtieron que los recortes ponen en riesgo derechos fundamentales de la población migrante, entre ellos:
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El derecho a la identidad y documentación legal (DIMEX, pasaportes).
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El acceso al trabajo y a la seguridad social.
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El debido proceso en trámites de refugio.
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El reconocimiento de la personalidad jurídica.
Las organizaciones recordaron que Migración y Extranjería es una de las instituciones más subfinanciadas del Estado, con atrasos de más de 12 meses en trámites, alta dependencia de la cooperación internacional y más de 224 mil expedientes de refugio sin resolver. “Mientras se reconoce la carencia de recursos en Migración, el Gobierno propone recortarle más. Esta situación es grave y debilita la capacidad del país para gestionar de manera ordenada la movilidad humana”, señalaron en el comunicado.
«Unidad de refugio es una de las instancias que necesita presupuesto en estos momentos y que habiendo recortes afectará a la comunidad aún más en ese tiempo. Actualmente unidad de refugio tiene una falta de personales enorme y se esperan más despidos dentro de las instalaciones, a nivel de que incluso las organizaciones de sociedad civil tenemos que brindar una especie de apoyo y cooperación para que la institución se sostenga» dijo Jhoswel Martínez presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu).
En una carta dirigida a la Comisión de Asuntos Hacendarios, los colectivos solicitaron postergar la discusión y votación de la propuesta o, en su defecto, rechazarla. Argumentan que estas decisiones deben tomarse en espacios de diálogo con las organizaciones migrantes afectadas, y que reducir los fondos de Migración limita la integración social y la seguridad ciudadana.
Asimismo, recordaron que la población migrante representa cerca del 10% de la población costarricense y aporta hasta un 11% del PIB, con contribuciones netas a la seguridad social y a la economía nacional. “No formalizar a la población migrante significa perder ingresos fiscales, profundizar la precariedad laboral y aumentar la exclusión”, advirtieron.
Las organizaciones insistieron en que “no se puede hablar de seguridad debilitando derechos” y llamaron a las diputaciones a priorizar una política migratoria robusta, que beneficie tanto a la población migrante como al país en su conjunto.
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Martínez mencionó que los recortes afectarían a la impresión de documentos migratorios, como Dimex y otras categorías, por la falta de insumos que se prevé tenga la DGME.
Policía de migración también rechaza recortes
Por su parte también Gerardo Mora Ordoñez presidente de la seccional ANEP en la Policía Provincial de Inmigración, rechazó he instó a el ejecutivo a replantear este reporte y al legislativo a rechazar este recorte por sus afectaciones a la policía migratoria.
«La seccional ANEP Policía Provincial de Inmigración manifiesta su preocupación por el impacto del proyecto de ley de modificación presupuestaria 2025 en nuestra institución. Las necesidades urgentes que tenemos son falta de personal policial y administrativo, falta de una crónica de personal que limita nuestra capacidad operativa en los puestos fronterizos, aeropuertos, centros de atención, los recursos tecnológicos y logísticos, carencia de recursos que permitan cumplir de forma eficiente, segura nuestras competencias» dijo Mora.
El presidente de la seccional, mencionó también, «La consecuencia es la falta de recursos.La falta de recursos puede tener consecuencias graves para la seguridad del país y ya que la Policía Provincial de Inmigración cumple un rol fundamental en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional» finalizó.