
Por: Redacción Intertextual/ ,contacto@intertextualcr.com
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Este martes 29 de noviembre la Corte Interamericana (Corte IDH) a través de un comunicado declaró “desacato permanente del Estado de Nicaragua respecto a las medidas provisionales adoptadas en los asuntos del preso políticos Juan Sebastián Chamorro y otras 45 personas privadas de su libertad en 8 centros de detención en Nicaragua.
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La Corte IDH menciona que el gobierno no acata sus obligaciones, ante distintas resoluciones “La posición asumida por Nicaragua y la efectiva inobservancia de lo ordenado en las Resoluciones de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021 y 25 de mayo y 4 de octubre de 2022, constituye un acto de desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal.”
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La Corte manifiesta que estas 45 personas beneficiarias de medidas provisionales están expuestas a una situación de desprotección absoluta e incrementa la situación de riesgo.
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Las declaraciones rendidas por los beneficiarios de las Medidas Provisionales adoptadas en Asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros y 45 Personas privadas de su Libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante la Audiencia Pública conjunta realizada el 9 de noviembre de 2022, durante el 154 Período Ordinario de Sesiones del Tribunal 10. El Estado de Nicaragua no compareció a dicha Audiencia Pública a pesar de haber sido convocado oportunamente.
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La posición del Estado de Nicaragua “gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo) con relación a la orden de la Corte Interamericana. Es la emisión de 19 comunicaciones a la Corte IDH manifestando su rechazo a las medidas adoptadas por la Corte “por considerar que las mismas siguen un guion impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica” e “incluyen una narrativa parcializada y dirigida a destacar los lamentables sucesos del 2018 (…) en los que diversas organizaciones (incluyendo a la Corte y la CIDH); han sido partícipes y cooperadores”.
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La Corte apunta que, el Estado de Nicaragua ha sostenido que, “las amenazas conferidas por la Corte, al manifestar que el no cumplimiento de las medidas coercitivas y unilaterales que emite, traería consigo posibles responsabilidades internacionales; no lo amedrenta.
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El gobierno orteguista ha señalado a la Corte de transgredir a la institucionalidad nicaragüenses y vulnera los principios de respeto a la independencia y soberanía, y que las Resoluciones “constituyen una evidente sujeción y sometimiento a la Política Expansionista de los Estados Unidos de Norteamérica, que utilizan a organizaciones como la Corte, para intervenir en los Estados (mediante las llamadas visitas in situ).”
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El Tribunal manda al presidente de la Corte a presentar ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos “un informe sobre la situación de desacato permanente y desprotección absoluta en que se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales,” en aplicación de la garantía colectiva, en tanto obligación orientada a “asegurar la efectividad de la Convención Americana, dé seguimiento al incumplimiento de las Medidas Provisionales.”
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Esta notificación menciona al Corte ha sido notificada al Estado de Nicaragua, la Comisión Interamericana, representantes de personas presas políticas y representantes de la Organización de Estados Americanos.