Abogados en Nicaragua son obligados a exiliarse por la represión a ellos y sus defendidos

“Por su experiencia en la asistencia legal de casos de alto perfil, han sido fuertemente asediados y amenazados, lo que ha obligado a todo el equipo legal a exiliarse "señala el Observatorio Internacional de Abogacía.

Foto: CIDH

Por: Redacción Intertextual

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Acción Penal, AP, es una iniciativa creada por un colectivo de abogados especialistas en Derecho Penal que son Ex Fiscales del Ministerio Público de Nicaragua. Esta asociación surge en febrero de 2019 para dar acompañamiento y respuesta a la defensa legal de los presos políticos y asistencia jurídico penal a personas víctimas de la represión, en el marco de la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua.

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La asociación la compone un equipo permanente de tres abogados que trabajan ocasionalmente con otros tres abogados asociados. “Estos promueven el acceso a la defensa legal gratuita y de calidad, la creación de documentación especializada que registre violaciones de derechos humanos, así como la interposición de acciones legales contra el Estado de Nicaragua por estas violaciones”, señala en un comunicado el Observatorio Internacional de Abogacía, OIAD.

El exilio es el camino para estar libre y seguir en resistencia para los críticos del gobierno y abogados que los defienden en Nicaragua. A medida que se aproximan las elecciones presidenciales, programadas para noviembre, La represión estatal se ha incrementado en el marco del contexto electoral intensificándose la persecución criminal en contra de precandidatos a la presidencia, periodistas independientes y profesionales de la abogacía” señala el OIAD. El equipo legal de Acción Penal ha ejercido su trabajo “en un contexto hostil al tratar temas jurídicos relacionados a la crisis sociopolítica de abril 2018, hasta la fecha, añade.

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El 14 de septiembre el OIAD, divulgo la situación de la abogada nicaragüense Eilyn Margarita Cruz Rojas víctima de hostigamientos que fue forzada al exilio. Cruz Rojas es miembro de la organización Acción Penal, ejerció como fiscal en el Ministerio Público durante 13 años, renunciando al cargo en el año 2017. A partir de 2018, comenzó a trabajar como abogada asesorando y defendiendo a presos políticos y víctimas directas de la represión estatal nicaragüense.

Según el OIAD, en el caso de Eilyn, el hostigamiento y riesgo se incrementó desde finales de mayo de 2021, cuando empezó a dar asistencia legal a Cristiana Chamorro y los miembros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Este hostigamiento se materializó en un asedio a su domicilio por parte de personas vestidas de civil, hombres motorizados y en vehículos, así como policías. De igual manera fue retenida por policías y personas de civiles al salir del Ministerio Público, el 27 de mayo del 2021, al salir de presentar un escrito de justificación de Cristiana Chamorro. Fue fotografiado su vehículo, documentos que portaba y a ella misma.

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Ante esta situación la abogada se vio forzada al exilio. En la actualidad el estado nicaragüense ha impuesto unas medidas precautelares en su persona, como congelación de las cuentas, levantamiento del sigilo bancario y retención migratoria, añade el Observatorio.

Por otro lado, esta la situación de alto riesgo sufrió el abogado nicaragüense José Arnulfo López Cruz, quien tuvo que refugiarse en España, junto con su familia, para evitar ser detenido por ser abogado defensor de presos políticos en Nicaragua.

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López Cruz, es abogado litigante y defensor de derechos humanos, que pertenece a la organización Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), especializada en la defensa legal de presos políticos en el contexto socio político de Nicaragua. El abogado era fiscal en el Ministerio Público y renunció a su cargo, desde 2018 hasta la fecha se ha dedicado al ejercicio de la abogacía como defensor de presos políticos.

El abogado trabajo también para la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), desarrollando su trabajo en la defensa de casos de alto perfil, lo cual le ha llevado a ser objeto de un hostigamiento continuo por parte de agentes policiales y grupos parapoliciales. “Estos ataques hacia el abogado han sido amenazas por parte de paramilitares en estancias judiciales por los casos que defendía, así como seguimiento y vigilancia policial continuada tanto en su lugar de trabajo como en su domicilio”, asevera la OIAD.

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El testimonio añade que “en mayo de 2021 el abogado José Arnulfo fue retenido de forma arbitraria junto con su hijo por agentes policiales quienes golpearon a su hijo y les sustrajeron documentación y dinero de manera ilegal, dice el monitoreo de internacional. Estos hostigamientos se han dado con mayor frecuencia desde que el abogado nicaragüense asumió la defensa del Precandidato Presidencial Félix Alejandro Maradiaga, que fue detenido el 9 de junio de 2021. Ello ha afectado también a la labor de su esposa Arlen Cristina Muñoz quien también es abogada fue retenida e interrogada acerca de la defensa de Félix Maradiaga por agentes policiales el 18 de junio de 2021”.

La situación se convirtió en insostenible para el abogado López Cruz, tras recibir una llamada que les alertaba de la inminente detención, no perdió tiempo y se exilió el pasado 3 de octubre 2021, donde es solicitante de asilo político, señala el OIAD.

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En Nicaragua, son 30.000 abogados y abogadas en ejercicio, del ellos 40 se dedican a la defensa legal de presos políticos y defensa de derechos humanos. Entre estos últimos se encuentran los miembros de Acción Penal. “Por su experiencia en la asistencia legal de casos de alto perfil, han sido fuertemente asediados y amenazados, lo que ha obligado a todo el equipo legal a exiliarse. Estos abogados desde el exilio, tratan de continuar su actividad como organización especializada en cuestiones jurídico-penales, que también participa en un grupo de trabajo sobre Justicia Transicional,” destaca el Observatorio de Abogacía.

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Tras los arrestos de líderes opositores, aspirantes a la presidencia y periodistas en estos últimos meses, se conoce el exilio de más de una docena de abogados defensores de presos políticos por la represión que mantiene el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fue apresado el abogado Róger Reyes, integrante del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y defensor del precandidato presidencial, Félix Maradiaga. También está apresada la abogada María Oviedo, defensora de la CPDH, acusada con la Ley Especial de Ciberdelito.

Frente a esta situación, el OIAD recuerda “que la independencia de los abogados es uno de los principales indicadores de salud democrática y consolidación del Estado de Derecho. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados».

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Uno de los principios de Naciones Unidas para la Función de los Abogados, es el principio 16 que establece: “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”.

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Los abogados de Acción Penal, han asistido casos de alto perfil como el asesinato del periodista Ángel Gahona q.e.p.d., la jovén medico brasileña asesinada Rayneia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, asistencia legal a periodistas y miembros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

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