En Nicaragua se vive un contexto de privación de libertad y criminalización que se ha caracterizado por su arbitrariedad por presentar evidencia de malos tratos e incluso la muerte de personas encarceladas, como el caso de Eddy Montes, advierte familia Gurdián.
En un comunicado extendido este domingo 02 de enero Pinita Gurdián madre de la presa política Ana Margarita Vijil expreso que comprometidos con la transparencia y el apegué a la verdad que ha caracterizado siempre a su familia dio conocimiento del permiso de visita que tuvo para ver a su hija, donde pudo constatar que la información de agresión fue falsa. “De 12 a 2pm, pude visitar a Ana Margarita y conversar con ella. …con gran alivio y alegría les comunicamos que según lo que nos dijo, la agresión denunciada el día 30 de diciembre no tuvo lugar. Sin embargo, ella fue interrogada y filmada sin explicarle los hechos, mostrándole fotos de la conferencia de prensa”.
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Desde hacía 45 días Ana Margarita no sabía del estado actual de su madre, al mostrarles las fotos de la conferencia “Esto causo una gran conmoción en ella, puesto que la última información que tuvo, de mi estado de salud fue hace 45 días, cuando me encontraba en un estado grave, entubada y con ventilador”. Refiere Pinita.
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La hipótesis de la información grave que denunció a medios de comunicación y organismos de defensores de derechos humanos la madre de la rea política fue considerada por la familia un hecho para generar preocupación alertan, “esta información fue aparentemente dirigida a generar angustia e incertidumbre la familia. Ana Margarita sigue recluida en un régimen de aislamiento, incomunicada, interrogada diariamente y ha perdido aún más peso”.
Sin respuesta teníamos que actuar
“Queremos enfatizar que, al haber recibido información tan grave, recurrimos, privadamente, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que esta instancia, en uso de sus facultades, requiriera información al Estado sobre la denuncia. Ante la falta de respuesta por parte del Estado, la única opción viable fue hacer una denuncia pública pidiendo respuestas”, dice la familia Gurdián.
Añaden que en Nicaragua se vive un contexto de privación de libertad y criminalización que se ha caracterizado por su arbitrariedad por presentar evidencia de malos tratos e incluso la muerte de personas encarceladas, como el caso de Eddy Montes y por la falta de información razonable sobre la salud e integridad de las personas recluidas.
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La desesperada madre al ser advertida que su hija estaba en riesgo ante la falta de respuesta, rechazo y la no admisión a trámite por el Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría de Derechos Humanos y Policía Nacional, a decenas de escritos y peticiones relacionadas con el respeto al debido proceso. Y los seis meses de aislamiento e incomunicación con la líder, tenían que exigir respuestas.
“Frente a 45 días de no haber sabido absolutamente nada de ella ni de ninguna de las personas, arbitraria e ilegalmente detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial y la falta de calendarización de visitas de familiares y abogados. Son todos estos antecedentes los que nos impulsaron a hacer públicas las preguntas planteadas en nuestra denuncia inicial, en un intento de conocer la verdad”, se lee en la misiva.
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Logrando constatar que Ana Margarita está bien de no haber recibido agresión física, como sospechaban, ante esto manifestó “Damos gracias a Dios que la información, que no sabemos con qué intenciones se nos transmitió, no ha ocurrido y esperamos que jamás se dé contra ninguna de las personas privadas de libertad en cualquiera de las cárceles y unidades policiales en todo el país.”
La familia Gurdián a través de la misiva extiende su demanda pidiendo “la libertad inmediata e incondicional de las más de 160 personas presas políticas en Nicaragua, la cual es la única forma de eliminar la grave violación de derechos humanos que constituye su detención arbitraria y las diferentes formas de tortura a la que están siendo sometidas”.
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A la vez hicieron un llamado a los organismos nacionales e internacionales, de manera especial a la Oacnudh y CIDH, al Cenidh y Amnistía Internacional y otras organizaciones y sectores sociales que los han acompañado, para que permanezcan vigilantes y en demanda para evitar que esta situación profundice la represión en contra de las personas presas políticas y familiares.
