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Amaru Ruiz, se defiende ante acusación del gobierno de Nicaragua, a nivel Internacional


El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Mas, repudia la acusación que hace la fiscalía en contra del ambientalista utilizando el articulo 30 de la Ley de Ciberdelito, ley 1042.

Por: Redacción Intertextual

contacto@intertextualcr.com


Este jueves 30 de septiembre de 2021, el defensor y ambientalista Amaru Ruíz, desde el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Más, en una conferencia de Prensa, denunció criminalización en su contra, de parte del Ministerio Publico (MP) de Nicaragua.


El 8 de septiembre de 2021, el MP, informó a través de un comunicado sobre la presentación de una acusación contra Amaru Ruiz por el delito de “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, en base al artículo 30 de la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042/2020). Asimismo, solicitó al poder judicial la emisión de una orden de detención en su contra.



Al defensor de las comunidades Indígenas y Afrodescendientes y recursos naturales, oponerse desde el año 2013 a la corrupción del canal Interoceánico, le sobrevino vigilancia y represión, en 2018 la cancelación de la personería jurídica de fundación del Río donde fungía como presidente y un exilio forzado como medidas de seguridad por el riesgo a su integridad física, manifiesta.


Amarú comenta que dentro de los antecedentes de denuncias realizadas por Fundación de Rió, el inició de la represión a su labor de defensoría fue la negligencia del actuar del gobierno Ortega Murillo en abril 2018 cuando se incendiaba la reserva Indio Maíz, “a partir de eso este año, ahora recibo la acusación … Yo me enteré a través de medios d comunicación y la comunicación del ministerio público”.


En el comunicado, el MP, indicó que Amaru Ruiz “brindó información falsa de hechos ocurridos en los años 2020 y 2021 en las comunidades de la Costa Caribe Norte” y que, a raíz de sus denuncias, “pretendió crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional”.


El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Mas, repudia la acusación que hace la fiscalía en contra del ambientalista utilizando el articulo 30 de la Ley de Ciberdelito.


Esta Ley viola el artículo 52 de la constitución política, que establece que todos los ciudadanos nicaragüenses tienen derechos de hacer peticiones a denunciar anomalías y recibir respuesta de manera individual o colectiva, señaló el abogado y defensor Carlos Guadamuz.


“los hechos denunciados en la masacre de la comunidad Alal ocurrida en enero de 2020 y la masacre del 23 de agosto de este año, ambas masacres son ocurridas en el territorio Mayagna del caribe Norte de Nicaragua, en el municipio de Bonanza”, fueron denunciadas por Fundación del Río. Estas acciones son las que determinan la acusación del MP, los hechos se dieron en estas comunidades, nosotros tenemos evidencias, testimonios, fotografías, declaró Ruiz.


El colectivo, sostiene, que el gobierno Ortega Murillo pretende acallar las voces de los defensores de las comunidades, por su parte Amaru Ruiz desde su exilio porque no puede retornar al Nicaragua, y defenderse de la acusación, por medio de consultas ha decidido denunciar su caso dando inició desde el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, “ y continuar otras medidas a nivel internacional tanto en el sistema interamericano como, en el Sistema Universal, El Sistema de la CIDH y el Sistema de Consejo de Derechos Humanos ONU y en relatorías del Sistema Universal”, agregó.


Para finalizar el abogado del Colectivo, destacó “Las denuncias de Amaru Ruiz eran de acuerdo a sus derechos constituciones para obtener acceso a la justicia y se le han negado. Actualmente sigue la criminalidad, continua la invasión a poblaciones indígenas sepa toda la población nicaragüense que esta acusación se refiere a las dos denuncias de dos masacres es decir que es evidente que el propósito de esta acusación es acallar evitar que los ciudadanos nicaragüenses exijan la rendición de cuentas y establecer y perpetuar la impunidad., anular los accesos de mecanismos de acceso a la justicia.



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