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Amnistía Internacional: "Persiste entorno hostil en Nicaragua"
Amnistía Internacional (AI), a través de su informe anual denuncia que las violaciones de derechos humanos persisten en Nicaragua.
La dinámica de represión de parte del Gobierno de Daniel Ortega ha sido por medio de “reclusiones arbitrarias a activistas políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. Los pueblos indígenas seguían soportando violencia. El gobierno no proporcionó información precisa sobre la pandemia de COVID-19,” especifica AI.
El documentó recuerda que, desde mayo de 2021, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro una de las principales organizaciones dedicadas a la libertad de prensa ha sido víctima de investigación “por acusaciones relacionadas con blanqueo de dinero.” Su directora Cristiana Chamorro periodista y aspirante a la presidencia, ha permanecido bajo custodia domiciliar desde junio 2021 y recientemente condenada a ocho años de prisión.
El Informe destaca que los medios dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro fueron allanados y periodistas fueron apresados en el contexto del junio 2021 “Confidencial y el programa “Esta Semana” fueron allanadas en mayo, y su director se vio obligado a exiliarse de nuevo. Los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza fueron detenidos en junio y permanecían bajo custodia al concluir el año.” En el mes de febrero del 2022 Miguel Mora fue condenado a 13 años de prisión por supuesta “conspiración” contra el Estado y el cronista Miguel Mendoza sentenciado y condenado a nueve años de prisión por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional”. Estos dos periodistas siguen detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial conocido como el Chipote, a pesar que ya se les dictó sentencia.
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“Hasta agosto, el Ministerio Público había citado para su interrogatorio a más de 25 profesionales de los medios de comunicación que habían colaborado con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Varios de estos periodistas denunciaron que, durante los interrogatorios, los habían amenazado con acusaciones penales que incluían las previstas en la Ley Especial de Ciberdelitos,” profundiza AI.
La Prensa, el único medio escrito que existía en Nicaragua en agosto de 2021 “fue objeto de un allanamiento y sus bienes quedaron confiscados,” Su gerente Juan Lorenzo Holmann fue detenido recluido en el Chipote y declarado culpable por el supuesto delito de “blanqueo de dinero.” Añade la organización en su informe.
Criminalización de trabajo de defensoría de DDHH
Amnistía Internacional, menciona que activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en Nicaragua en el año 2021 “seguían enfrentándose a un entorno sumamente hostil”. La situación se ha agravado con la cancelación de la personería jurídica de al menos 45 ONG, desde el año 2018. Estas organizaciones “no recuperaron los bienes que se les habían confiscado”.
“Las personas que defendían los derechos humanos eran criminalizadas y detenidas de forma arbitraria,” añade la organización, y también que “Las defensoras de los derechos humanos sufrían acoso policial, criminalización, campañas de desprestigio y amenazas.”
Al menos dos personas que defendían los derechos humanos fueron acusadas en virtud de la Ley Especial de Ciberdelitos, y se tuvo noticia de que otras fueron sometidas a actos de hostigamiento, vigilancia y amenazas, menciona.
Desde inicios de la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril 2018, “las detenciones arbitrarias seguían formando parte de la estrategia de represión del gobierno. Hasta diciembre, las organizaciones locales informaron de que 160 personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos desde que comenzaron las protestas de 2018 permanecían en prisión”.
Los familiares denunciaron de manera pública que las visitas no eran con periodicidad, y que las condiciones de reclusión han sido precarias.
AI, enfatiza que las mujeres presas políticas fueron detenidas “con violencia, en ocasiones delante de sus hijos, y permanecían recluidas en condiciones muy precarias”. Aquí también se comenta que familiares de personas presas políticas han sido víctimas de la represión “Los familiares de algunos detenidos denunciaron actos de hostigamiento como, por ejemplo, dificultades para viajar al extranjero y acusaciones penales”.
Por mencionar uno de los casos; Pinita Gurdián, madre de Ana Margarita Vijil, fue despojada de su pasaporte hace seis meses. Esto le impide viajar para dar seguimiento al tratamiento del cáncer que padece.
La entidad menciona que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales en favor de varias personas detenidas y ordenó su liberación, pero las autoridades no cumplieron las sentencias2. Hasta la fecha organizaciones defensoras de derecho humanos han reportado más de 170 personas presas políticas en las cárceles de Nicaragua y se maneja una campaña constante demandando su liberación inmediata.
El informe de AI se amplía señalando , que los ataques de colonos persisten en las comunidades indígenas “En agosto, un ataque de colonos no indígenas contra una comunidad del territorio del pueblo Mayangna Sauni As causó la muerte de al menos nueve indígenas.” Detalla que la CIDH recopiló varias denuncias de las comunidades indígenas de la Costa Caribe Norte que habían sufrido secuestros, asesinatos, agresiones sexuales, amenazas y ataques incendiarios contra sus viviendas.
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Así mismo, menciona que en Nicaragua las autoridades sanitarias no proporcionaron información sobre las medidas concretas para proteger a estas poblaciones de la Covid-19.
En agosto, la Organización Panamericana de la Salud informó de que no podía evaluar la situación de la pandemia en Nicaragua por la falta de datos oficiales, apunta(…)Y que además se presentó denuncias de “hostigamiento y las amenazas contra los profesionales de la salud que criticaban las políticas gubernamentales o informaban a la población sobre la pandemia”, estos médicos fueron señalados por Rosario Murillo la vicepresidenta reelecta de Nicaragua como “falsos médicos”, y algunos se vieron obligados a huir del país por su propia seguridad”, finaliza el informe.