BAnners_Mesa de trabajo 1.png

Atropello contra la educación superior en Nicaragua

“No lo voy a negar como estudiante de la Upoli me duele mucho no poder continuar con mis estudios, mi mayor sueño era terminar mi carrera juntos con mis compañeros…” Neyma Hernández, ex presa política y estudiante activa de la UPOLI.


Por: Redacción Interrextual.

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó, este miércoles 02 de febrero, un Decreto mediante el cual se cancela la Personería Jurídica de 16 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas cinco universidades, acusadas supuestamente de violentar las leyes porque no dan cuenta del origen de sus fondos, estarían incurriendo en Lavado de Activos vigente, están acéfalas, hay lucro, entre otros argumentos.


Entre las universidades afectadas se encuentra la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), la cual fue un bastión de los estudiantes durante las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril del 2018.


Los estudiantes de la Upoli, emitieron un comunicado en desacuerdo con lo dictado por la Asamblea. “Hoy inesperada y de manera alevosa le fue arrancada su personería jurídica para que deje de funcionar con normalidad como esta lo venía haciendo hasta el día 02 de febrero del corriente y sea asumida por el Consejo Nacional de Universidades CNU, pasando así a ser un alma máter más del Estado de Nicaragua”, expresan.



Nuestra Alma Mater no es la edificación, ni la personería jurídica. La Universidad somos todos los que formamos parte de ella. Los jóvenes se solidarizaron con los estudiantes que se ven con la dificultad de continuar sus carreras y con los padres de familia. “De igual manera nos solidarizamos con todos los padres de familia, quienes con muchos sacrificios les han brindado a sus hijos la oportunidad de profesionalizarse, por ende, mejorar la calidad de vida y el progreso de esta nación”, manifestaron.

También fueron canceladas la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse), la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), y la Universidad Paulo Freire.


La cancelación de las organizaciones y Universidades fue solicitada por la responsable del departamento de registro y control de asociaciones civiles sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación (Migob), Franya Urey Blandón, quien las señala de ser “poco transparentes en la administración de los fondos”, ya que supuestamente el Migob desconoce “la forma en que ejecutaron los mismos y si fue acorde a sus objetivos y fines por los cuales la Asamblea Nacional les otorgará la personalidad jurídica”.


El Ministerio de Gobernación señala que las organizaciones canceladas tienen “acéfalas sus juntas directivas”. Situación que “ha imposibilitado al ente regulador, impidiéndole identificar quienes son los representantes y los asociados del organismo, infringiendo las leyes que regulan a las asociaciones civiles sin fines de lucro en Nicaragua”, dice Blandón.


El argumento del oficialismo para adoptar dicha medida es que supuestamente las entidades incumplieron con la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas, algo que ha sido negado por los directores de las organizaciones que han atribuido las medidas a una persecución del gobierno en contra de la “libertad de pensamiento”.


El catedrático Ernesto Medina, experto en educación se solidarizó con las y los estudiantes, autoridades, profesores, trabajadores y sus familiares de las universidades: Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (UCATSE), Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Asociación Universidad de Estudios Humanísticos (UNEH), Asociación Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC) y Asociación Universidad Paulo Freire (UPF), a las que la Asamblea retiro su personalidad jurídica.


Medina reciente que lo que el gobierno de Daniel ortega y Rosario Murillo han cometido con estas instituciones “el más grave atropello en contra de instituciones de Educación Superior en la historia de Nicaragua y probablemente de Centroamérica.”


Añadió las universidades han pasado de ser “espacios donde se podía pensar y hablar”, a lugares donde “lo único que vale es agachar la cabeza y quedarse callado”.


Neyma Hernández, es estudiante activa de la Upoli. Ella es, expresa política, quien fue capturada y apresada por la Policía en noviembre de 2019, junto con otros 15 opositores, mientras llevaban agua a unas mujeres sitiadas por agentes en una parroquia en Masaya. Este grupo de 16 personas fueron los reconocidos “Aguadores” acusados por la Fiscalía de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.


Hernández pese al asedio, cárcel y pandemia logró culminar dos años de su carrera en la UPOLI, hoy ve truncado su sueño de seguir estudiando y coronar su carrera, en su perfil de Facebook escribió “Otra vez más de la dictadura OrMu, dejando a los estudiantes universitarios sin estudios, cortando los sueños de terminar una carrera universitaria, es lamentable lo que está pasando, Ortega te está dejando sin libertad, sin educación…”.


Continua diciendo: “No lo voy a negar como estudiante de la Upoli me duele mucho no poder continuar con mi estudios, mi mayor sueño era terminar mi carrera juntos con mis compañeros porque ellos en estos últimos años de estudios eran mi otra vida, pero tengo la esperanza que vamos a recuperar la libertad de volver a nuestras universidades porque somos el futuro de Nicaragua, ese es el miedo de Ortega en que hayan estudiantes que no estén bajo su control, pero el hecho que haya cancelado la personería no significa que los estudiantes vamos a callar, vamos a seguir en resistencia hasta lograr la libertad de Nicaragua. “Advierte.

El sector juvenil y estudiantil de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se solidarizarón con la comunidad estudiantil y docente de estas universidades, que se encuentran en la incertidumbre por la cancelación repentina de las personerías jurídicas de dichas almas mater.


Los jóvenes universitarios demandan al Consejo Nacional de Universidades (CNU), el estricto respeto a una educación superior, con libertad de pensamiento, no politizada, ni partidaria. “Exigimos que se cumpla con lo que mandata la ‘Ley 582, Ley General de Educación’ en el Consejo Nacional de Educación. También exigimos que se garantice a los estudiantes afectados, la continuidad de sus estudios, como lo establece el marco jurídico nicaragüense en estas circunstancias.” Dice el comunicado.


Las organizaciones estudiantiles argumentan en su demanda que en Nicaragua “La educación ha sufrido las embestidas de este régimen que pretende hegemonizar la educación superior, controlar la libertad de cátedra y de pensamiento de los jóvenes de estas universidades. Con este régimen; cualquier organismo no gubernamental está bajo el peligro de que, de forma arbitraria y sin previo aviso le quiten su personería jurídica.”


Mientras tanto la jurista María Asunción Moreno advirtió que el “modelo autoritario de Ortega” ha alcanzado a las universidades que “gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo con la ley”.

Las organizaciones que el día de ayer les fueron canceladas las personalidades jurídicas son las siguientes:

Asociación de Cantautores Nicaragüenses

Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua

Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco

Universidad Politécnica de Nicaragua

Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí

Asociación de Colegios Parroquiales de Diócesis de Estelí

Asociación de Cáritas Diocesana de Estelí

Asociación Comisiones de Justicia y Paz Diócesis de Estelí

Asociación Centro Cultural Católico Norte Diócesis de Estelí

Fundación Michel Angelo Foundation

Asociación Pro Desarrollo de Estelí

Asociación de Fomento de la Creación de Empresa de Graduados Universitarios

Familia Padre Fabreto

Asociación Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios

Asociación Popular de Nicaragua

Asociación Universidad Pablo Freiren.

Con esta lista la suma se eleva a 77 organizaciones en Nicaragua que el Gobierno de Nicaragua arrebata su personalidad jurídica.