Más de 450 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y a al menos 290 se les ha negado la entrada a su propio país, denunció este lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una declaración en ocasión del séptimo aniversario de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua, la CIDH advirtió que «más de 450 personas han sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, lo que ha generado casos de apatridia».
Además, según información proporcionada por las organizaciones de la sociedad civil, desde enero de 2024 se han documentado al menos 290 casos de nacionales a quienes se les ha negado la entrada a su país, indicó ese organismo autónomo de la OEA.
Asimismo, la CIDH afirmó que ha documentado 348 actos de represión migratoria, como desplazamientos forzados y expulsiones colectivas.
«A la fecha, más de 400.000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua para proteger su vida, integridad y libertad personal» alertó.
Del mismo modo, el Gobierno que preside Daniel Ortega junto a su esposa, Rosario Murillo, «ejerce un control arbitrario sobre la renovación de documentos de identidad y confisca documentos válidos de viaje», anotó.
Escritores, obispos, periodistas, entre los desnacionalizados
En febrero pasado entró en vigor una reforma a la Constitución Política en la que establece que «las y los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense», que ha sido aplicada -sin que estuviera en vigor en la Carta Magna- a 452 nicaragüenses, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez.
Esa reforma modificó el articulado constitucional ratificado hace un año, que establecía que aquel nicaragüense que sea sentenciado por delitos considerados «traición a la patria» perderá la calidad de «nacional nicaragüense».
También eliminó el artículo 20 que establecía que «ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad».
El 10 de febrero de 2023 y a pesar de que la reforma constitucional no estaba en vigor, las autoridades de Nicaragua despojaron de la nacionalidad a las 222 personas excarceladas y expulsados a Estados Unidos, sentenciadas como «traidores a la patria», y a las que se privó de su nacionalidad en base a la ‘Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense’, aprobada también un día antes.
Cinco días después, las autoridades de Nicaragua despojaron de su nacionalidad a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, al excomandante de la revolución Luis Carrión, y a otros 90 nicaragüenses opositores y críticos con Ortega, tras ser acusados por delitos considerados «traición a la patria».
Las autoridades de Nicaragua elevaron a 452 el número de nicaragüenses a los que les han privado de su nacionalidad, al sumar a los 135 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Guatemala el 5 de septiembre de 2024.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «traición a la patria».
