Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
Este pasado 20 de junio la ,Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH,), a través de una resolución, otorgó medidas cautelares a los presos políticos José Antonio Peraza Collado, Roger Abel Reyes Barrera e Irving Isidro Larios Sánchez y sus respectivos núcleos familiares.
El ,Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH,), hizo la solicitud de estas medidas en el período de enero a febrero de corriente año, a esta iniciativa se sumó La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ). Los dos organismos plantean a este organismo internacional inste al gobierno “la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud” los beneficiarios.”
La UDJ, refiere que estas medidas son otorgadas “por la gravedad, urgencia y la irreparabilidad de los daños que enfrentan” los presos políticos encerrados en la Dirección de Auxilio Judicial conocido como el Chipote.
Los organismos nacionales, presentaron la solicitud de medidas cautelares el 27 de enero de 2022 en favor de Antonio Peraza y el 25 de febrero para Roger Abel Reyes e Irving Larios. Las organizaciones entregaron información requerida de los presos políticos; sin embargo, el gobierno de Ortega y Murillo “no aportó información” refiere la CIDH.
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La CIDH, revisó y analizó la información y se demuestra que las tres personas presas políticas propuesta para ser beneficiarios “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable.”
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El órgano principal y autónomo de la ,Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de la protección de los derechos humanos en el continente americano, solicita al reelecto presidente de Nicaragua Daniel Ortega.
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a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas propuestas como beneficiarias;
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b) adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas propuestas como beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos: Se garantice que no sean objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o agresiones dentro del centro penitenciario; se garantice acceso a atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre la situación de salud de cada uno; y se otorgue los tratamientos y medicamentos necesarios para tratar sus respectivos padecimientos;
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c) concierte las medidas a adoptarse con las personas propuestas como beneficiarias y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
El CENIDH fue notificado y aplaudió dicha resolución, en sus redes sociales manifestó “La Comisión solicita al Estado de Nicaragua que informe, dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución.”
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“Exigimos al régimen de Ortega Murillo que alguna vez cumpla y les libere de inmediato a los presos y presas políticas,” exhortó el CENIDH, asegurando que estas personas son inocentes.
A inicios de la crisis sociopolítica en Nicaragua en el 2018, La CIDH hizo presencia en el país centroamericano entre el 17 al 21 de mayo de 2018, durante la estadía de la organización recabo información de numerosos testimonios de violaciones de derechos humanos; se conformó el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
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Este organismo de denunció la intensificación del hostigamiento contra defensores de derechos humanos, la represión, cierre de espacios democráticos, persecución, vigilancia y obstaculización de manifestaciones Pacíficas, cárcel a disidentes del gobierno de Ortega entre otras denuncias. Para el año 2019 la organización internacional manifestó en un informe que la crisis se extendió , con la característica “instalación de facto de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al Gobierno, el allanamiento, clausura y censura de medios de comunicación, la prisión o exilio de periodistas y líderes sociales, el cierre de organizaciones de la sociedad civil sin las garantías de debido proceso, así como la injerencia y el control del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos”, Señaló la resolución de la CIDH.
Añade que, en 2020, condenaron el incumplimiento de las recomendaciones e hizo un llamado al Estado a implementarlas. Así mismo en el 2021 la CIDH ha condenado, la intensificación de actos de hostigamiento a personas reconocidas como opositoras y la criminalización de ellos. “la Comisión condenó el conjunto sistemático de acciones estatales realizadas en los últimos meses que han tenido como finalidad impedir la participación de la oposición en las elecciones generales a realizarse en Nicaragua en noviembre de este año, así como la persistencia de violaciones a los derechos humanos en este contexto, urgiendo al Estado cesar la represión contra personas opositoras al Gobierno”, señala en el comunicado.
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En reiteras ocasiones la CIDH ha instado al gobierno de Ortega la liberación de las personas presas políticas asegurando se encuentran “en condiciones insalubres de detención, sufriendo malos tratos, con la aplicación arbitraria de regímenes de máxima seguridad, además de la falta de atención médica adecuada, oportuna y especializada”.
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Según el MESENI estas personas en su mayoría identificadas como opositoras al gobierno, “son beneficiarias de medidas caute lares por parte del sistema interamericano.
