Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
Este pasado 29 de diciembre, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para La Libertad de Expresión (RELE), condenaron el uso abusivo de poder Judicial en contra personas por razones políticas.
“CIDH y RELE condenan la intensa instrumentalización del Poder Judicial para la persecución de personas en contra de la libre expresión de pensamiento y la privación de la libertad arbitraria de personas por razones políticas en la región.”
A las organizaciones también les preocupa la deplorable condición de detención a las que están sometidas las personas presas políticas, por lo que hacen un “para que se adopten medidas inmediatas para liberarlas.”
La CIDH, argumenta que lleva décadas siguiendo por preocupación la persistencia de detenciones arbitrarias y el uso de medidas penales arbitrarias a personas que ejercen legítimamente las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y derechos humanos. “Se recibe información sobre el empleo de la privación de la libertad con el uso discrecional y excesivo de la prisión preventiva, como mecanismo de control, censura y represalia, así como violaciones al debido proceso y a la protección judicial.”
Estas prácticas señaladas por la CIDH han sido denunciadas en reiteradas ocasiones recalcando, “que son utilizadas principalmente por parte de gobiernos autoritarios caracterizados por la sujeción del Poder Judicial al Ejecutivo en franco desconocimiento del principio de separación de poderes.”
Apunta la organización que la independencia y autonomía del Poder Judicial, “es un elemento esencial para la existencia de un estado de derecho y un presupuesto básico para asegurar el ejercicio de los derechos al debido proceso y acceso a la justicia”. En Cuba, Venezuela y Nicaragua es inexistente el Estado de Derecho y la democracia representativa señaló la CIDH al respecto.
En Cuba Prisoners Defenders reportó al 30 de noviembre de 2022, 1,034 personas presas políticas. En Venezuela según información del Foro Penal al 31 de octubre de 2022, se registró 247 personas privadas de libertad por razones políticas, correspondientes a 14 mujeres y 233 hombres. Del total, 115 serían civiles y 132 militares.
En referencia a Nicaragua, según datos del Mecanismo para el reconocimiento de personas Presas Políticas en Nicaragua, al 30 de septiembre de 2022 , 195 personas permanecían encarceladas de las cuales 19 serían mujeres y 176 hombres.
En base a este datos de personas presas políticas de estos tres países La CIDH , La Corte Interamericana ha otorgado y ampliado medidas provisionales a favor de personas víctimas de detención arbitrarias y sus núcleos familiares.
La Comisión advierte que las personas privadas de libertad por motivos políticos “enfrentan un tratamiento diferenciado derivado de las razones que motivaron su encarcelamiento, lo que ha provocado grave deterioro de salud de varias de ellas; y con riesgo de sufrir afectaciones a su vida e integridad personal.”
Los patrones observados en el tratamiento diferenciado a estas personas son:
1) ausencia de información oficial acerca de su situación, incluyendo el lugar de alojamiento;
2) empleo de regímenes de aislamiento e incomunicación;
3) falta de atención médica oportuna y especializada;
4) falta de acceso al agua potable y, a la alimentación adecuada;
5) condiciones insalubres;
6) obstáculos para mantener contacto regular, directo y digno con sus familias incluyendo a sus hijos e hijas;
7) restricciones a las visitas por largos períodos de tiempo; y,
8) sometimiento a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por otro lado, las mujeres presas políticas también enfrentan impactos diferenciados debido a su género: como violencia de género, tortura y malos tratos como método de castigo, represión y humillación por su rol de liderazgo social.
En casos específicos de mujeres trans-presas políticas Prisoners Defenders documentó que en algunos casos se encuentran detenidas con hombres, situación de múltiples violencias.
La CIDH, exhorta a los Estados respetar la integridad física y asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana (…) Esta comisión y la Relatoría Especial también urge a Estados de las Américas “a poner en libertad a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como al respeto y garantía de su vida e integridad personal,” concluyeron.