Estados Unidos y Reino Unido sorprende la quincena del mes de noviembre con sanciones a funcionarios del gobierno de Daniel Ortega a pocos días de la catalogada “farsa electoral en Nicaragua.”
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Este lunes 15 de noviembre, El Departamento de Estado de Estados Unidos sorprende bien temprano sancionando al Ministerio Público de Nicaragua y miembros de la elite de diferentes territorios que le trabajan al gobierno de Daniel Ortega, entre ellos, funcionarios y exfuncionarios de empresas estatales y hasta un sobrino de Muamar Muhamad Abu-minyar el Gadafi, “dictador libio que gobernó su país durante 42 años, desde el 1 de septiembre de 1969 hasta el día de su muerte en 2011.
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Con nombres y apellidos, el Departamento de Estado publicó la lista de nueve funcionarios y una de las instituciones del gobierno, el Ministerio Publico que tiene como función original ser una institución independiente, con autonomía orgánica, a su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal, a través del fiscal general de la República. Dicha Institución desde 2018, dejó su misión y se ha puesto a la orden del poder ejecutivo “fabricar delitos en contra de opositores de Nicaragua”.
Según EEUU, el Ministerio Público fue sancionado por ser el “responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua”.
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Tres alcaldes del Norte de Nicaragua figuran en la lista del comunicado de Departamento de Estados de EEUU, estos son: Leonidas Nicolás Centeno Rivera, alcalde de Jinotega, Francisco Ramon, Valenzuela Blandón, alcalde de Estelí, y Sadrach Zeledón Rocha, alcalde de Matagalpa.
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Se suman a los sancionados el funcionario Salvador Mansell Castrillo, presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), y Luis Ángel Montenegro Espinoza, Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), José Antonio Castañeda Méndez, y el viceministro de Hacienda y Crédito Público José Adrián Chavarría Montenegro.
La sanción se extiende al ciudadano de Libya con nacionalidad nicaragüenses Mohamed Mohamed Farrara Lashtar, quien el 09 de junio del corriente año fue acreditado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Reino Hachemita de Jordania en calidad de concurrente con sede en la Ciudad de Kuwait, Estado de Kuwait. Este funcionario de gobierno Sandinista es sobrino de Muamar Muhamad Abu-minyar el Gadafi, “dictador libio, durante 40 años.
Sanciones de Reino Unido
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Por otro lado, este mismo lunes Reino Unido aplicó sanciones contra Rosario Murillo vicepresidenta y vocera del Frente sandinista en una lista de ocho personas más allegadas a la familia presidencial.
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La lista de personas sancionadas incluye a Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Fidel Antonio Moreno Briones, Secretario General de la Alcaldía de Managua y Secretario de Organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); Ana Julia Guido Ochoa, Fiscal General de la República de Nicaragua; Alba Luz Ramos Vanegas, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua; Lumberto Ignacio Campbell Hooker, exvicepresidente y presidente interino y actual magistrado del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua; Juan Antonio Valle Valle, comisionado superior de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y a Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, Comisionado Jefe de Policía del Departamento de León.
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Estas sanciones imponen prohibiciones de viaje y congelamiento de activos “a los responsables de socavar los principios e instituciones democráticos de Nicaragua, la comisión de graves violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil”, destacá el documento.
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Desde 2018 que inicia la crisis sociopolítica en Nicaragua, Estados Unidos y aliados han sancionado a varios funcionarios del círculo íntimo de Daniel Ortega incluyendo a Rosario Murillo Vice presidente de Nicaragua y sus hijos. En esta ocasión las sanciones surgen por las acciones represivas en el contexto electoral el 07 de noviembre, cumpliendo con el anunció de nuevas sanciones tras la considerada “farsa electoral” condenadas ante la Organización de Estados American recientemente, donde se aprobó una resolución que declaró las elecciones presidenciales en Nicaragua “no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática.”
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La resolución del viernes también dijo que Nicaragua ignoró o rechazó las recomendaciones que la OEA hace desde hace tiempo para “promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos”. El documento señala que el gobierno nicaragüense ha dañado las instituciones democráticas del país, y pidió la liberación de los presos políticos.
Se espera que Estados Unidos y más países aliados impongan más sanciones a personas investigadas de ser cómplices de la represión del pueblo de Nicaragua.
