Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
La jueza Nancy del Carmen Aguirre Gudiel, del juzgado Décimo del Distrito Penal de Juicio de Managua, sentenció a 44 años de cárcel, al preso político de Masaya, Walner Ruiz Rivera, por los delitos de asesinato agravado, crimen organizado y tráfico internacional de drogas.
Dichos delitos los cometió supuestamente, como miembro de una agrupación delincuencial denominada El Topo, a la cual un policía del departamento de Antinarcóticos, identificado como Código Uno, le daba seguimiento desde el 2016.
Walner quien este próximo 17 de agosto cumplirá 34 años, fue deportado de Costa Rica el 11 de noviembre del 2021, por una orden de captura que circuló la Policía de Nicaragua a través de la Organización Internacional de Policía Criminal, (Interpol).
El opositor se encontraba en el exilio, en suelo costarricense, desde el 27 de julio del 2018, cuando huyó del país debido al acoso policial, ya que participó en los tranques de Masaya, durante las protestas que estallaron contra el gobierno en abril del 2018.
Su deportación causó indignación entre los grupos de exiliados que se encontraban en Costa Rica y desde ese once de noviembre quedó en manos de las autoridades nicaragüenses.
Aunque lo habían circulado por cometer supuestos delitos graves, la fiscalía lo acusó hasta el 10 de febrero del presente año y a diferencia de otros presos políticos o reos comunes a Walner ni siquiera lo han presentado ante medios oficialista.
Fue en la acusación que se mencionó por primera vez que el opositor pertenecía a una agrupación, que supuestamente se dedica a cometer robos, asesinatos y a trasladar drogas desde Costa Rica a Honduras, utilizando Nicaragua como ruta.
Agregan que como parte de la agrupación, participó en los asesinatos de los campesinos Gregorio Francisco Quintero Balladares y su sobrino Jonder Antonio Zamora Quintero de 20. El doble asesinato se registró a las 6 : 20 de la mañana del 21 de julio del 2020 en la comunidad Santa Isabel del municipio de Bluefields.
Por el asesinato agravado de los campesinos Ruiz fue condenado a 25 años, aunque ni siquiera se contó con testigos que lo ubicaran en la escena del crimen. La juez le impuso 9 años por crimen organizado y 10 por tráfico internacional de drogas y 500 días de multa, equivalentes a 31, 000 córdobas.
En total, las penas suman 44 años, pero la jueza explicó en su sentencia leída esta mañana que por mandato constitucional Ruiz deberá permanecer preso durante 30 años. Explicó que la constitución establece que no puede imponer penas que superan los 30 años y como en este caso no se trata de cadena perpetua revisable, la pena impuesta a Ruiz finalizara el 12 de febrero del 2052.
Cabe destacar que por estos mismos hechos fueron acusados y condenados el 9 de febrero del 2021, los presos políticos de Masaya Cristhian David Meneses Machado de 29 años y Hader Humberto González Zeledón de 31.
Casi cinco meses después de la sentencia condenatoria emitida contra Meneses y González, la policía emitió el 2 de julio del 2021 la orden de captura contra Ruiz.
Los tres opositores participaron en levantamiento de tranques de Masaya en abril del 2018.
Tres meses después, cuando la policía y paramilitares lograron poner fin a las protestas en medio de una violenta represión que dejó a más de 300 fallecidos, los tres fueron señalados por las autoridades policiales de haber asesinado el 15 de julio del 2018 al teniente de la policía Gabriel Vado Ruiz.
En la acusación también los involucraban junto con otros opositores, en seis delitos que supuestamente cometieron en un tranque de Masaya.
Para evitar ser capturados, los tres se exiliaron en Costa Rica desde finales de julio de ese año y pese a ser acusados en ese mes por haberse involucrado en las protestas, ni la fiscalía ni la policía los señaló de pertenecer a la agrupación delincuencial El Topo, aunque para esa fecha el Código Uno ya tenía dos años de darle seguimiento.
De la existencia de la supuesta agrupación, se habló por vez primera el 21 de agosto del 2020, tras la captura de Meneses y González.
Ambos fueron capturados por el Ejército el 16 de agosto de ese año, cuando regresaban a las 6:20 pm a Nicaragua por puntos no habilitados de la frontera con Costa Rica, que se localizan en el sector conocido como El Tamborcito del municipio El Castillo, del departamento de Río San Juan.
Diez días después de la captura, los acusaron de pertenecer a la agrupación delincuencial y por el asesinato de los campesinos . Al momento de la captura la fiscalía señaló que les encontraron dos fusiles Ak, una pistola calibre 3.80 que pertenecía al campesino Gregorio Francisco Quintero Balladares y 12 kilos de cocaína con 482 gramos.
En el juico la versión de los 10 policías que llegaron a declarar - incluyendo uno que ya no pertenece a la institución -, giró en torno al relato que armó el Código Uno con la investigación que realizaba desde el 2016