Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
Este martes 10 de enero del 2023, se notificó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( Corte IDH), emitió una resolución de “adopción de medidas urgentes” a favor de 11 personas presas políticas en Nicaragua, encarceladas en 3 centros de detención y a sus núcleos familiares.
La Corte considera que hay suficientes elementos para considerar que estas personas están en situación de “extrema gravedad”, por tanto indica “la necesidad urgente de adopción de las medidas que fuesen necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la vida, integridad personal y salud.”
Las personas beneficiadas de estas medidas son : Norlan José Cárdenas Ortiz; Jaime Enrique Navarrete Blandón; Osman Marcel Aguilar Rodríguez; José Santos Sánchez Rodríguez; Ezequiel de Jesús González Alvarado; Denis Javier Palacios Hernández; Uriel José Pérez; Ernesto Antonio Ramírez García; Edder Oniel Muñoz Centeno; Nidia Lorena Barbosa Castillo, y Juan Lorenzo Holmann Chamorro.
Quienes se encuentra detenidas, en el complejo Penitenciario Jorge Navarro (La Modelo), En el servicio Penitenciario Nacional (SPN) Granada; y en el Complejo de Auxilio Judicial Evaristo Vásquez (El Chipote).
La Corte manifiesta el contexto en el que se encuentran la y los reos en condiciones deplorables; “con estado delicado de salud, falta de alimentación adecuadas, falta de acceso a medicamentos y atención de salud requerida por la mayoría de ellos, además de la situación de riesgo a su vida e integridad personas en los centros de detención por ser identificados como opositores del gobierno.”
Esta entidad de justicia ordena al gobierno de Nicaragua el cese de las agresiones a los derechos humanos de estas 11 personas, decisiones que se ha negado a cumplir . “Esto significa del punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos un acto de extrema gravedad” explica el tribunal.
La Corte IDH “ordenar la liberación inmediata de las 11 personas identificadas. Asimismo, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida, integridad, salud, alimentación adecuada y libertad personal, así como las de sus núcleos familiares.”
Así mismo advirtió al gobierno Ortega Murillo que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 53 de su reglamento “Estados no podrán enjuiciar ni ejercer represalias contra los familiares y representantes a causa de la información que ha sido aportada ante esta Corte.”
Esta advertencia el tribunal lo hace considerando que Nicaragua ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 25 de septiembre de 1979 y, de acuerdo con su artículo 62, reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 12 de febrero de 1991.
Estas medidas urgentes, se suman al marco de las medidas provisionales adoptadas en el caso de Juan Sebastián Chamorro y 45 personas más presas y presos políticos en 8 centros de detenciones en Nicaragua incluyendo sus núcleos familiares en la cual la Corte requirió al Estado que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para su liberación.
