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Cuatro años desde aquel abril 2018 que marco Nicaragua, se sigue pidiendo justicia y libertad


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En Nicaragua hoy se cumplen cuatro años del estallido social de abril del año 2018, se sigue pidiendo no impunidad por los crímenes ocurridos desde esa fecha, contra la niñez, jóvenes y adultos que fueron asesinados con arma de fuego y la libertad por más de 170 personas presas políticas que continúan en las cárceles del país.


El 18 de abril de 2018, nicaragüenses fueron testigos del reclamo contra las reformas al sistema de seguridad social y la agresión contra “los abuelitos.” Esto originó el descontento de jóvenes universitarios, quienes protagonizaron las primeras manifestaciones en contra del gobierno de Daniel Ortega.


Daniel Ortega en sus discursos ha catalogado las manifestaciones pacíficas de universitarios y demás organizaciones que se fueron sumando a la lucha como “un intento de golpe de estado”, que dejó a su paso más de 350 muertos, miles de heridos y una gran cantidad de exiliados por el asedio, amenazas y represión que sufrieron por haber participado en manifestaciones.


A cuatro años de resistencia nicaragüenses, no se pierde la esperanza de alcanzar la justicia, a pesar que en noviembre de 2021 Daniel Ortega y Rosario Murillo se reeligieron como pareja presidencial, calificadas las votaciones a nivel nacional e internacional como una “farsa.”


La violencia se extendido durante cuatro largos años donde se escuchan los lamentos “nos duele respirar” haciendo referencia a una de las últimas palabras de Alvarito Conrado de 15 años de edad asesinado el 20 de abril de 2018 de un tiro en la garganta.

La primera chispa de manifestaciones se encendió fue el 12 de abril, cuando estudiantes de la UCA protestan por la falta de acción del gobierno orteguista, ante la quema de la Reserva de Indio Maíz.

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Un día como hoy hace cuatro años, los pensionados inconformes con las reformas del INSS, salen a las calles a protestar y son agredidos por fanáticos orteguistas, ese mismo día los universitarios en Managua se solidarizan con los ancianos promoviendo una protesta. Se autoconvocan en camino de Oriente y son agredidos por turbas y Juventud Sandinista JS quienes actuaron con el permiso y resguardo de la policía. La represión fue violenta contra manifestantes y también contra hombres y mujeres de prensa a quienes les robaron sus equipos de trabajo.


Julio López Chavarría periodista de Onda Local fue el primer caso registrado de agresión física grave a manos de paramilitares y JS, con palos y piedras fue golpeados hasta dejarlo inconsciente tuvo que ser hospitalizado, sufrió “pérdida de memoria”. Lo que sabe es lo que puede ver en los videos sobre ese trágico día, relata.


Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) notificó que dichas protestas “no fueron producto de acontecimientos aislados sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en la figura presidencial compuesta por Ortega y Murillo.”


Más de 100 mil personas salieron del país buscando asilo por razones políticas o económicas, desde inició de la crisis según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). La mayoría se han refugiado en Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y países de Europa.


Las cárceles fueron llenadas de manifestantes que solo pedían justicia y democracia, la mayoría acusadas de ser terroristas por supuestos delitos de asesinato, crimen organizado, uso de armas, entre otras acusaciones. “El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH, acompaño a familiares de presos y presas políticas a decepcionar las denuncias en las afueras del Chipote” afirma la organización.


La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al gobierno de Ortega de “más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

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Por su parte GIEI, aseguró que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis. Mientras tanto Ortega y Murillo siguen sin aceptar responsabilidad en la crisis, mientras mantienen el discurso el intento de "golpe de Estado."


Represión contra medios de comunicación


El 20 de abril, un grupo de hombres encapuchados con galones de combustibles irrumpieron y quemaron Radio Darío, recuerda el CENIDH.


Asimismo, Carlos Fernando Chamorro, director de un grupo de medios de comunicación denunció que el 15 de diciembre de 2018 fue allanado y confiscado en las últimas horas de ese día por la Policía el edificio donde funcionan las revistas digitales Confidencial y Niú, y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche. El 21 de diciembre de 2018 fue allanado y confiscado el canal televisivo 100 % Noticias de Nicaragua, por agentes policiales que arrestaron a su director Miguel Mora, a la jefa de prensa Lucía Pineda y a la periodista Verónica Chávez.


El gobierno y sus propagandistas siguen diciendo que en Nicaragua hubo un golpe de estado y que los medios de comunicación hombres y mujeres de prensa independientes han actuado como terroristas de la información, sufriendo contantes amenazas, provocando el exilio forzado para poder resguardar la vida de más de 100 periodistas.


En el año 2021, fue allanada y confiscada La Prensa, y a mediados de mayo comenzó otra redada de “secuestros” entre ellos periodistas, se encuentran apresados Cristiana Chamorro ex directora de Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Pedro Joaquín periodista y político; Miguel Mora ex director de 100% Noticias ; Miguel Mendoza cronista deportivo; Jaime Arellano comentarista político; Lesther Alemán licenciado en Comunicación Social; Samantha Jirón estudiante de periodismo y el gerente del asaltado y confiscado Diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro.


En una manifestación realizada en Miami en conmemoración de los cuatro años del estallido social, Carla Mendoza Urbina hermana menor del cronista deportivo Miguel Mendoza tomó la palabra para pedir justicia por los más de 350 personas asesinadas y libertad por todas las personas presas políticas en Nicaragua.


“Abril marca para nosotros una etapa de luto, duelo y dolor… Recordamos a quienes no están con nosotros y perdieron sus vidas intentando construir una patria de igualdad, digna y de oportunidades para todos.”


Me sumo a las voces de quienes piden la libertad de quienes han sido encarcelados y sentenciados de manera ilegal. Habló especialmente en nombre de su hermano Miguel Mendoza asegurando “Miguel es un periodista. Miguel es hijo, esposo, padre hermano amigo… Con su trabajo se ha ganado el respeto de atletas nacionales e internacionales. La carrera y vida de Miguel Mendoza ha sido el deporte, no es un político, jamás ha aspirado a un cargo público o político, ha sido un hombre entregado a su profesión.”


Mendoza está condenado a 9 años de prisión por expresar sus sentimientos y poner a la luz pública los crímenes contra un pueblo desarmado, asevera su hermana.

El periodista independiente tiene 30 años de trayectoria profesional. Ayer lunes el 17 de abril cumplió 300 días de estar en una celda de castigo, continúa relatando. “Desde hace 300 días a mi hermano lo tiene con una luz encendida las 24 horas del día, no sabe si es de día o es de noche, a perdido más de 30 libras su salud cada día se deteriora, duerme en una cama de cemento sin cobija, lo mantienen solo en bóxer , le ponen uniforme solo el día que tiene visita, sigue siendo interrogado.”


Lo que pasa Miguel Mendoza lo están pasando mas de 170 personas presas políticas en Nicaragua, manifiesta Mendoza a la vez que mostró una caricatura donde afirma así se ve a hora el periodista independiente “es un sufrimiento para nosotros como familia y para todos los familiares de presos políticos por que este es el retrato de todos y cada uno de los presos políticos que están en las mazmorras de la dictadura Ortega y Murillo y que un día no muy lejanos estarán con nosotros, porque creemos en Dios.”


El abogado Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, mencionó que a partir de estos cuatro años el gobierno de Nicaragua no ha desarrollado políticas públicas en beneficio de los intereses de la población nacional “al contrario hemos visto el aumento de la represión legislativa con la aprobación de leyes dirigidas a suprimir la libertad de expresión, la libertad de organización”, aseguró.


De las 177 personas presas políticas sometidas a condiciones de aislamiento y de tortura, en un período cinco meses fallecieron dos personas producto y consecuencia de malos tratos y atención médica. El colectivo exige el cese de la represión y garantías democráticas para el pueblo de Nicaragua.