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Denuncian ante CIDH las irregularidades de los procesos judiciales en contra de sacerdotes


Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), está dando seguimiento a un informe que detalla las múltiples irregularidades que se han presentado en los procesos penales que la dictadura de Daniel Ortega, promueve contra los sacerdotes José Leonardo Urbina de 51 años y Benito Enrique Martínez Gamboa de 64.


El primero es párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la ciudad de Boaco y fue detenido el 13 de julio. Ese mismo día la fiscalía lo acusó por abusos sexuales y violación a menores de 14 años y en medio de un proceso carente de transparencia fue sentenciado el pasado 26 de agosto a 30 años de cárcel y actualmente el proceso se encuentra en apelación.


En tanto el sacerdote Martínez pertenece a la diócesis de León y fue detenido el 13 de octubre en su casa de habitación ubicada en Carretera Sur, para posteriormente acusarlo por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.


Actualmente se encuentra preso en las celdas de Auxilio Judicial Nacional conocidas como “El Nuevo Chipote” a la espera de un juicio del que ni siquiera dan a conocer la fecha.

En el informe presentado a la CIDH, se determina que en el proceso judicial a los sacerdotes se les han violentado sus derechos humanos y garantías establecidas en la Constitución Política de Nicaragua y que también se les restringe el derecho a la defensa técnica.


La información la confirmó el Defensor de Derecho Humanos, Pablo Cuevas, quien detalló, que el informe fue presentado hace aproximadamente un mes tanto en la CIDH, como en el departamento de Estado de los Estados Unidos, para continuar visibilizando las atrocidades que comete el régimen de Daniel Ortega y tener un panorama claro de la persecución religiosa en Nicaragua.


En el informe queda en evidencia que al abogado privado propuesto por el papá del sacerdote, Urbina ni siquiera se le brindó intervención de ley, para obligarlo a que fuese representado por una Defensora Pública.


Al abogado del padre Martínez ni siquiera lo convocaron a la audiencia inicial y tampoco se le permite acceso al expediente o copias de los documentos y menos reunirse con el sacerdote.


Los sacerdotes, también se han tenido que enfrentar a la fiscalía, jueces y policías que llegan de testigos, en total clandestinidad y hasta el 5 de diciembre ni siquiera se les había permitido recibir visitas de familiares, ni reunirse en privado con sus abogados.


El “informe presenta un análisis jurídico muy bueno, con abundante información y al presentarlo ante la CIDH, les gustó mucho, igual que al área del departamento de Estado que atiende los temas relacionados con la fe y la persecución religiosa, explicó Cuevas.


Agregó que al departamento de Estado, le expusieron verbalmente particularidades de los procesos desde el punto de vista de los Derechos Humanos y que el material fue muy valioso, tras argumentar que hasta recibieron un correo donde les agradecen y felicitan por el contenido de la información.


Explicó que la persecución religiosa no solo la están sufriendo líderes de la iglesia católica, ya que señaló también existe una gran cantidad de denuncias de miembros de iglesias evangélicas “que por orar por los presos políticos han sido víctimas de asedio, robos y amenazas por parte de fanáticos del gobierno y oficiales de policía” explicó.


Por dicha persecución y por temor a ser encarcelados, tanto evangélicos como sacerdotes se han visto obligados a irse al exilio, al igual que defensores de Derechos Humanos, abogados de presos políticos y opositores del régimen.


“Con su persecución el objetivo del régimen es silenciarnos y obligarnos a salir del país, pero no nos van a callar nunca, porque desde el exilio seguimos denunciando y documentando todas sus atrocidades y con este informe esperamos que los embajadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), se den cuenta que es necesario aplicar la carta democrática y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgué medidas cautelares a favor de ambos sacerdotes”, concluyó.

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