Desapariciones Forzadas, presos políticos y torturas la realidad en Nicaragua

Por: Redacción Intertextual

Este pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, estrategia que Gobiernos dictatoriales usan contra sus adversarios como una forma de “difundir el terror” en la ciudadanía.

Según Naciones Unidas la desaparición forzada de una persona provoca en sus familiares “sensación de inseguridad.” Este efecto afecta también el entorno que les rodea.

En Nicaragua desde 2018 personas jóvenes y adultas se enfrentaron a distintas formas de violación de derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega ejecutada por la policía, paramilitares, juventudes sandinistas y hasta la participación del ejercito según muchas personas víctimas de la represión, y denunciado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Después de esas manifestaciones todas pacificas, se excedían los reportes en redes sociales de personas desaparecidas por largos días o meses y luego eran encontradas en las cárceles de Nicaragua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, visitó Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo de 2018 en un informe recopilo la información de 212 fallecidos como resultado del uso excesivo de la fuerza, incluyendo la fuerza letal por parte de agentes estatales y fuerzas paramilitares, alerto que estas cifras estaban sujetas a cambió. Luego la cifra se elevó a 355 víctimas del 18 de abril de 2018 al 31 de julio de 2019. La crisis también dejó centenares de parecidos, presos políticos que fueron liberados la mayoría por una ley de amnistía, estas personas vivieron torturas en las cárceles y sus familias por esta misma razón ante asedios y hostigamientos.

LA CIDH, durante un año de monitoreo de la crisis sociopolítica de Nicaragua, recopilo más de 1000 testimonios de víctimas por la represión estatal, por medio del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESSENI) que tenia la obligación de investigar todos “los actos de violencia” con el objetivo de poner fin a la “impunidad.”

Esta comisión de expertos de la CIDH, durante sus informes insto a “adoptar las medidas necesarias para superar la crisis” y restablecer la “institucionalidad democrática en Nicaragua”.

La violencia en este país centroamericano se ha agudizado, en ningún momento ha cesado, reportes de actos de hostigamiento contra personas reconocidas como opositoras del gobierno, llámense lideres políticos, defensoras de derechos humanos, periodistas, estudiantes, campesinos y sus familias.

La nueva fase represiva de los Ortega Murillo, inicio en mayo de 2021, meses antes de elecciones presidenciales. Del 28 de mayo al 02 de agosto más de 30 personas fueron desaparecidas, todo a como se dio es calificado por la sociedad nicaragüenses como un acto de secuestro. La cabo de unos días una nota de prensa de la Policía notificaba que estas personas desaparecidas estaban siendo investigadas por supuestos delitos de “conspiración contra la patria” o por “lavado de dinero o corrupción.”

Algunas detenciones fueron contra Tamara Dávila, Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Miguel Mendoza, Miguel, Mora Víctor Hugo, Feliz Maradiaga, Violeta Granera, Lester Alemán, Max jerez, entre otros.

La CIDH presento al gobierno 15 recomendaciones, donde se hacía énfasis en la protección de los derechos humanos de las personas, instaban al cese de la represión, respetar las protestas, investigar los hechos de violencia, libertad para presos y presas políticas, así como garantizar la independencia de la Prensa.

Ni con el escrutinio a nivel internacional, el gobierno atendió dichas recomendaciones de la CIDH, organización que responsabilizó al gobierno Ortega Murillo de cometer “crímenes de lesa humanidad.”

Más de 190 presos políticas en las cárceles

En Nicaragua, la desaparición de personas es una táctica implementada por el gobierno Ortega Murillo para silenciar a personas críticas opositoras, afirmo Amnistía Internacional catalogando esto como una “estrategia de represión.”

Ericka Rosales directora de Amnistía Internacional dijo que “Ortega muestra el temor que le tiene a la critica y a la denuncia” cuando para acallar a defensores de derecho humanos, activista, opositores políticos, campesinos, estudiantes y periodistas los ha desparecido hasta concluir con un proceso judicial ilegal.

Este 30 de agosto inicio otra etapa en Nicaragua, varios presos políticos de los detenidos en el Chipote, de los 190 que están ilegalmente detenidos en varias cárceles de Nicaragua, fueron exhibidos en los juzgados de Managua, entre ellos los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro: Walter Gómez, Marcos Fletes, y Pedro Velázquez, primeras personas secuestradas en una segunda ola de detenciones ilegales, por el supuesto delito de Lavado de Dinero. También se les vio a tres exaspirantes a la presidencia de Nicaragua Medardo Mairena líder campesino, Miguel Mora periodista, Juan Sebastián Chamorro economista.

Los lideres universitarios Max jerez, Lester Alemán, el presidente del COSEP Michael Healy y el politólogo José Antonio Pereza, fueron otros presos políticos que los medios de comunicación propagandistas presentaron en la cobertura donde solo ellos pueden acceder, calificando a estas personas como “terroristas y traidores a la patria.”

La salida de los presos políticos de donde los han tenido cautivos a los juzgados de Managua, para la ciudadanía nicaragüenses es vista como un “circo montado como todo lo que hace el régimen.” Cuando es a través de las familias que se conoce que estas personas diariamente son expuestas a largos interrogatorios, tipificado por organismos de derechos humanos como una “forma de tortura.”

El presidente de la Sala Penal Uno de Tribunal de Apelaciones, magistrado Octavio Rothschuh, los hizo mover del Chipote, para informarles sobre los recursos de apelación de sentencia, interpuestos por sus defensas como si se tratara de procesos donde han respetado las leyes.

Por su parte el Centro Nicaragüense de Derecho Humanos CENIDH, alertaron sobre lo que se dio este martes alegando “No existe en el procedimiento penal lo que el régimen ORMU está llamando “audiencia informativa.” Este organismo determina que esto fue “otra sesión de tortura contra los presos y familias, otra forma de imponer el terror.

Esta es la primera vez después de más de un año que todas estas personas fueron exhibidas, según familiares solo han tenido 10 visitas en todo ese tiempo y con muchas restricciones.

El 29 de agosto las familias presentaron un comunicado alertando las condiciones de las personas presas políticas, donde demandaron atención médica y denunciaron, racionalización de alimentos, la no entrega de materiales de higiene personal y limpieza de las celdas, entre otros, Así como el cambio de colchonetas y una frazada por el frio.

Un caso relevante con respeto a la situación de los presos y presas es la condición emocional y física tanto de ellos y sus familias principalmente los que tienen niños, niñas quienes sufren la ausencia de sus seres queridos.

Las familias manifiestan que es alarmante que a más de un año de encierro se continúe la política de incomunicación y no visitas de hijos e hijas menores, salvo en dos casos puntuales Miguel Mora y Tamara Dávila quienes se pusieron en huelga de hambre.

“Esto viola no solo los derechos de las personas presas políticas, sino también los derechos de sus hijos e hijas, mismos que están protegidos por leyes nacionales e internacionales y por el Código de la Niñez y la Adolescencia que fue firmado por el Estado de Nicaragua. Exigimos la regularización de las visitas, con presencia y participación de hijas e hijos menores y/o con necesidades especiales; y el acceso y regularización a llamadas telefónicas/videollamadas y correspondencia como fotografías, dibujos y cartas, que incluyan a familiares en el exilio,” dijeron las familias.

Mensajes fuertes de niños y niños de estos presos políticos ha sido un golpe duro hasta para la sociedad nicaragüense que sigue de cerca todos estos casos y el sufrimiento de estos menores.

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. “Es motivo de especial preocupación” dice naciones unidas.

En ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) “llaman a los Estados a adoptar medidas dirigidas a prevenir y responder a los riesgos y afectaciones a las que se enfrentan las personas familiares de personas desaparecidas desde una perspectiva de género”.

La CIDH, el CED y el GTDFI recalca que las familias de desaparecidos forzados han recibido amenazas, malos tratos y daños “tanto en el proceso de búsqueda e investigación, como al reclamar sus derechos.”

Esa búsqueda por un ser querido pone en riesgo a la integridad de la familia, además soportan el impacto económico, social familiar, y muchos ámbitos.

Los tres organismos destacan “que se agrava la victimización cuando la cabeza de familia desaparece, en particular porque se altera la estructura familiar y los cónyuges, hijas e hijos se ven afectados económica, social y psicológicamente.