La dictadura Ortega Murillo con nueva ministra de la mujer en Nicaragua hace una «improvisación» dice activista

Dictadura Ortega Murillo en Nicaragua
Cantante orteguista Tamara Martínez Sarantes es la nueva ministra de la Mujer

Tras la destitución de Jessica Yahoska Padilla Leiva como ministra del Ministerio de la Mujer, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo nombraron como nueva ministra de la mujer a Tamara Vanessa Martínez, una semana después que la vice dictadora lamentara atreves de medios oficialistas el incremento de femicidios en el país, a su vez exhorto a detener la violencia machista que ya ha cobrado la vida de 38 mujeres en lo que va del año.

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Ante la ola de violencia que ha tenido un incremento en estos primeros meses del año la vice dictadora Dijo «son hijos de mujeres que han sido madres y que sabemos les han enseñado a respetar a las mujeres», esto es una completa incoherencia ya que es el mismo estado que deja en libertad a los violentadores, agresores y femicidas, favoreciéndolos con los indultos que se realizan en diferentes épocas del año.   

Dictadura Ortega Murillo y un Ministerio de la Mujer infuncional en Nicaragua

El ministerio de la mujer en Nicaragua es uno de los que no se ha promovido y la información que existe es casi nula, ni siquiera se manejan lo fines para los que fue creado, este es uno de los ministerios que desde su creación se ha nombrado a lo mínimo 8 ministras incluyendo a la que hace unos días la dictadura tomo la decisión de destituir de su cargo, por razones que aún se desconocen.

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Sin embargo, para los movimientos, colectivos y organizaciones feministas el Ministerio de la Mujer debería de ser un espacio para promover y ejecutar campañas de prevención de la violencia a las mujeres, además de garantizar acompañamiento legal y emocional, de igual manera brindarles asesoría en el proceso de la denuncia, pero en la realidad no es así, las mujeres están cada día mas desprotegidas y vulnerables ante sus agresores.

María Teresa Blandón«No se conoce ninguna evaluación, no se conoce ninguna valoración sobre el papel de esta institución, ni siquiera sabemos si tiene presupuesto, ni siquiera que nivel de institucionalidad tiene» refirió María Teresa Blandón, directora del Movimiento Feminista la Corriente, quien además es una feminista comprometida en la defensa de los derechos de las mujeres.

Así mismo se desconoce si existe una agenda en el gabinete social y económico, de tal mamera que esta es una absoluta incógnita para la sociedad «nosotras seguimos pensando que lo que hay, es un amplio margen de improvisación», en ningún momento se ha tenido la voluntad departe del estado por la creación de políticas públicas que brinden protección a las mujeres victimas de la violencia machista y patriarcal.

«Por otra parte existen leyes distorsionadas, no se cuenta con un mecanismo, ni política nacional, ni se destinan fondos al presupuesto, de tal manera que a mí me sigue pareciendo anuncios para salir del paso», lamento Blandón.

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No existe una estrategia nacional para atender de manera integral la problemática de la violencia machista en Nicaragua y mas ahora que no se cuenta con el acompañamiento que brindaban las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Liberación de reos comunes aporta ala incremento de la violencia 

Femicidios nicaragua
Foto: Intertextual. Referencia.

Durante el 2023 se registraron 52 mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género, según la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir, en el 2022 se contabilizaron 67 muertes violentas, 72 en el 2021 y en lo que va este año ya se registran 38 femicidios, las organizaciones feministas ha criticado fuertemente al régimen por la excarcelación de miles de reos comunes, lo que ha generado incremento en la violencia machista.

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Aunque la dictadura continua reaperturando las comisarías de la mujer en Nicaragua esto no garantiza que la violencia valla a disminuir, ya que no se enfocan en capacitar al personal que estar al frente de esta institución, sumado a que las mujeres no cuentan con la confianza necesaria para realizar denuncias, ya que sus casos no son prioridad para las autoridades y sus agresores en la mayoría de los casos gozan de impunidad por parte del estado.

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