Parlamento Europeo “Reitera su llamamiento en favor de la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y periodistas detenidos arbitrariamente, así como de la anulación de las actuaciones judiciales contra ellos.”
La Unión Europea debe considerar la imposición de más sanciones a los gobernantes de Nicaragua, relectos este pasado 07 de noviembre Daniel Ortega y Rosario Murillo, señala el Parlamento en una resolución aprobada este jueves 16 de diciembre de 2021.
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Los eurodiputados piden la inclusión de Daniel Ortega en la lista de personas sancionadas e instan a la UE a contemplar otras medidas, que pueden ir más allá de las sanciones individuales. Pero advierten contra cualquier acción que pueda agravar las dificultades del pueblo nicaragüense. El texto fue aprobado con 619 votos a favor, 25 en contra y 41 abstenciones.
Resolución, lea en este enlace https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2021-0581_ES.html
La resolución cita en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el cual «en Nicaragua se ha establecido un Estado policial a través de la represión, la corrupción, el fraude electoral y la impunidad estructural» una estrategia del gobierno con el fin de lograr su perpetuación en el poder y el mantenimiento de los privilegios e inmunidades.
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El Parlamento Europeo declara las elecciones en Nicaragua del 7 de noviembre una «farsa electoral» orquestada por el régimen de Ortega-Murillo y rechaza la legitimidad de los resultados de estas falsas elecciones. Los comicios amañados completan la transformación de Nicaragua en un régimen autocrático, añaden los eurodiputados.
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La cámara de diputados, añaden las autoridades nicaragüenses eliminaron toda competencia electoral creíble y destruyeron la integridad del proceso electoral. El régimen procedió al encarcelamiento arbitrario, el acoso y la intimidación sistemáticos de siete precandidatos presidenciales y aproximadamente cuarenta líderes de la oposición, estudiantes y dirigentes rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes empresariales.
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según organizaciones de la sociedad civil, el día de las elecciones se registraron 285 actos de violencia política y coacción electoral, entre los cuales actos de intimidación, acoso, amenazas y chantaje dirigidos principalmente contra trabajadores del Estado, empleados del sector público, estudiantes y personal médico, para obligarlos a votar.
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El PE por lo antes expuesto dice “El régimen nicaragüense ha privado al pueblo de Nicaragua de sus derechos civiles y políticos y de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, ha ilegalizado a numerosas organizaciones de la sociedad civil y no ha respetado sus compromisos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales en virtud de la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y los pactos internacionales de los que el país es parte, “señalan.
Ataques al periodismo
La resolución también aborda la situación en la que se han visto envuelto el periodismo nacional independiente “ se ha venido incrementando su persecución y ataques al periodismo, la libertad de prensa y el derecho a la información; que se impidió la entrada en el país para cubrir las elecciones a siete medios de comunicación internacionales; que varias asociaciones de periodismo independientes han denunciado que entre el 25 de octubre y el 7 de noviembre de 2021 tuvieron lugar al menos cincuenta y dos ataques contra periodistas independientes.”
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Para cubrir las votaciones presidenciales el 7 de noviembre solo se acreditó a los medios de comunicación oficiales, lo que constituye una violación del derecho a la información y de la libertad de expresión, que tuvo como consecuencia una intensificación de la censura y del bloqueo informativo.
Liberación de presas y presos políticos
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Entre el 3 y el 7 de noviembre de 2021 se notificaron treinta y cinco detenciones arbitrarias en el país; que solo se ha liberado a nueve de los presos y veintiséis siguen encarcelados; este hecho eleva el total de personas detenidas arbitrariamente al menos a 170.
Los eurodiputados instan a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos de manera arbitraria.
“Reitera su llamamiento en favor de la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y periodistas detenidos arbitrariamente, así como de la anulación de las actuaciones judiciales contra ellos.” Por lo que condena los continuos maltratos psicológicos y físicos que estas personas padecen a manos de la policía y las autoridades penitenciarias, maltratos dirigidos especialmente contra las mujeres, y la situación de incomunicación en la que se encuentran algunas de ellas, sin acceso ni a sus abogados y familiares ni a atención médica.
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La Resolución, recuerda que Nicaragua debe cumplir las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (las Reglas Nelson Mandela), algo que sigue siendo una obligación en virtud del Derecho internacional; pide que el régimen aporte inmediatamente pruebas de que las personas encarceladas siguen vivas, así como de su paradero; rechaza la decisión del régimen de Ortega de paralizar los procesos judiciales contra ellas, lo que prolonga indefinidamente su detención preventiva;
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Fin de la represión, vuelta de los exiliados y de los organismos internacionales «Nicaragua se ha convertido en una república del miedo», denuncia el Parlamento, con más de 140 000 ciudadanos obligados a buscar refugio en el exilio y en condiciones socioeconómicas de vida muy difíciles.
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El PE concluye que la única solución a la profunda crisis política en Nicaragua es un diálogo nacional integrador y sustancial. A este respecto, los eurodiputados advierten de que la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, el restablecimiento del Estado de derecho, el cese de la represión, la liberación de los presos políticos, la vuelta de los exiliados, y el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos al país son condiciones sine qua non para cualquier diálogo con el régimen nicaragüense.
