Ex alcaldesa Wiwilí: “Candidatos hay, lo que no, es garantía que se respete la voluntad del pueblo»

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Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com

Una tarea difícil,  tendrán los llamados partidos  de oposición, cuando lleguen al municipio de  Wiwilí, del departamento de Jinotega, a  buscar  candidatos a alcaldes y concejales  que los representen  en las elecciones municipales que se realizarán en noviembre de este año.

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Los opositores   de este  municipio ubicado a 240 kilómetros al norte   de Managua,  apagaron por completo sus intenciones  de participar en elecciones municipales  desde el 2020,  tras  el complot  que  fraguó   el dictador  Daniel Ortega para  separar de su cargo  a la alcaldesa liberal, Reyna Hernández de 53 años y asegurar de esa  manera que  la municipalidad de Wiwilí,  pasara a  manos del partido Frente Sandinista de beración Nacional FSLN.

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Aunque en las elecciones municipales del 2017 quedó demostrado que en este municipio reina la oposición, Hernández asegura que  entre los opositores no hay  interés    por participar  en   las elecciones municipales previstas para este año,  debido  a   la falta  de transparencia y credibilidad  del    Consejo Supremo Electoral (CSE) y a que a  los alcaldes electos también  corren el riesgo de ser destituidos ya que algo que ha puesto de moda la dictadura.

“Candidatos hay, pero lo que no hay es quien garantice la participación de la ciudadanía,  en los centros de votación. Tampoco hay  garantía de que se respete la voluntad del pueblo en las urnas y esto se traduce en desinterés y   desconfianza entre la población”, explicó  Hernández,   quién se exilió en Estados  Unidos, después que la dictadura de Ortega la  inhabilitó de su cargo por dos años.

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Hernández,  quien es una reconocida  ganadera y productora de café de Wiwilí, Jinotega, ganó la alcaldía municipal    en las elecciones municipales del  2017, participando como candidata  del Partido Liberal Constitucionalista, PLC.

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Según los resultados oficiales publicados en la gaceta del 10 de noviembre del 2017,   fue electa  como alcaldesa de Wiwilí, Jinotega con  10, 868 votos, dejando en segundo lugar a la candidata del Frente Sandinista con 9, 877.

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 En dicha contienda municipal participaron 8 partidos políticos    y de los 21, 133 votos válidos,  Hernández obtuvo más del 51 por ciento y   al   asumir  el cargo en enero del 2018,   se propuso cumplir con su plan de gobierno en cual prometía   mejorar  la  red vial del municipio,   construir nuevos caminos de penetración de  zonas rurales, rehabilitar infraestructuras de salud,  impulsar la construcción de un nuevo  hospital   y promover el turismo en el municipio.

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“Para hacer brillar a mi municipio,  también tenía en mis planes hacer hermanamientos  en el exterior  para gestionar proyectos,   promover    con empresas privadas  la construcción de viviendas a precios cómodos para personas de escasos recursos, tener acercamiento con las comunidades indígenas, respetando su   autonomía, impulsar planes de fortalecimiento institucional, trabajar  de la mano con instituciones del estado sin politizar los  planes de desabollo y  sensibilizar al magisterio  local  y padres  de familia para mejorar  la calidad   educativa”, explicó.

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Sin embargo todos sus planes  quedaron en su memoria, ya   que el 31 de julio del 2020, la  jueza orteguista  Diana Isabel Jarquín Valle, titular del Juzgado Local Penal de Jinotega, dictaminó mediante sentencia especial inhabilitarla  del cargo por dos años  como parte del  complot que ejecutó la dictadura para quedarse  con la alcaldía.

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El  complot contra  Hernández, inició  desde agosto  del 2018, cuando    se percató  en los primeros meses de su período edilicio   que la alcaldía,  estaba saturada de  trabajadores, por lo que  procedió   a implementar un plan para reducir  el personal.

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Con dicho plan,  Hernández   canceló el  contrato laboral de 36  trabajadores  y en base  a sus cargos  y años de trabajo,   determinó   que la alcaldía les tenía que pagar   en concepto  de   indemnización    1, 633, 959 de córdobas, entre todos.

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Pero como parte del complot los ex empleados a fines del partido de gobierno, promovieron  una demanda laboral  en la que  reclamaban    16.5 millones de córdobas  en concepto de indemnizaron  y  tanto el Ministerio del Trabajo  y la Juez del Juzgado de Distrito Laboral de la Circunscripción Norte,   Aída López Henríquez,   fallaron  a favor de ellos.

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 Al  no llegar a arreglos de pagos ni contar  en arcas de la alcaldía con la millonaria cantidad de dinero,     la juez Diana Isabel Jarquín Valle,  del Juzgado Local Penal de Jinotega,  se encargó de inhabilitarla de su cargo por incumplimiento de pago mediante una sentencia que leyó el 31 de julio del 2020 en la cual se detalla que la sanción finaliza el 31 de agosto del 2022.

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