Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
Aunque fueron acusados por los supuestos delitos de conspiración para cometer el delito de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de la tecnología y la comunicación, la Fiscalia dejó abierta la posibilidad de acusar por delitos relacionados con el crimen organizado a los cuatro sacerdotes, los dos seminaristas y el camarógrafo que entre el 4 y el 18 de agosto fueron obligados a un encierro forzoso en la Curia Episcopal de Matagalpa.
La Fiscalia mostró sus claras intenciones de agravar las acusaciones contra los religiosos, en la audiencia preliminar realizada el 21 de setiembre en el juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, que preside la jueza orteguista Nalia Ubeda.
En dicha audiencia la Fiscalia acusó a los sacerdotes Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez de 50 años, Sadiel Antonio Eugarrios Cano de 34, José Luis Díaz Cruz de 33 y Raúl Antonio Vega González de 27, por los delitos antes descritos
También acusaron a los seminaristas Darvin Esteylin Leiva Mendoza de 19 años y Melkin Antonio Centeno Sequeira de 23 y al camarógrafo Sergio José Cárdenas Flores, quienes se encuentran detenidos en las celdas de Auxilio Judicial Nacional, conocidas como El Nuevo Chipote, junto con los cuatro sacerdotes.
El fiscal Manuel Rugama Peña, fue el encargado de elevar el tono de la acusación en dicha audiencia y para dejar clara las pretenciones de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra los representantes de la iglesia católica, hasta solicitó a la jueza tramitar el proceso bajo la figura de tramitación compleja, la cual se puede aplicar en casos relacionados con el crimen organizado, según el artículo 135 del Código Procesal Penal.
Como argumento de su petición, refirió que los delitos acusados "son graves y conexos al crimen organizado razón por la cual la Policía Nacional continúa realizando actos de investigación con el objetivo de identificar todas las actividades ilícitas y a todos los miembros de la organización delictiva",
Manifestó que también están a la espera de la conclusión del informe de redes sociales y que la tramitación compleja es idónea y necesaria en relación a la cantidad complejidad y tecnicismo de las pruebas que presentarán en juicio.
Tras expresar sus argumentos, la jueza procedió a darle intervención de ley a 4 Defensoras Públicas, que estaban listas para ejercer la defensa de los acusados, sin dar la oportunidad a que ellos eligieran a los abogados privados de su preferencia.
Como si se tratase de un guión, las cuatro rechazaron la acusación y pidieron a la jueza que no la admitiera porque no reunía los requisitos de Ley. A la vez pidieron cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por otra alterna entre ellas el arresto domiciliar.
Sin embargo la jueza cerró cualquier oportunidad a favor de los acusados y tras admitir la acusación decretó prisión preventiva para los 7 acusados y la tramitación compleja de la causa,lo cual brinda aún más ventajas a la fiscalía ya que se duplica el plazo máximo del juicio.
Cabe destacar que los seis religiosos y el camarógrafo fueron capturados la madrugada del 19 de agosto, cuando la policía ingresó de manera violenta a la Curia Episcopal de Matagalpa, donde los mantenían encerrados junto con monseñor Álvarez.
La fiscalía los acusa de difundir noticias falsas a través de redes sociales y planificar supuestamente acciones contra el gobierno desde las iglesias, aunque no presentaban pruebas ni especifican las supuestas acciones ilícitas que les imputan.