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  • Foto del escritorElinson Armando Rodríguez

Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua pide fin de la represión ante la ONU


El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, relataron que las personas opositoras y defensoras de DD.HH enfrentan severas presiones para abandonar el país, a través de la constante vigilancia, el uso de las detenciones arbitrarias y otros ataques.
Represión a los derechos humanos en Nicaragua
Marcha de las madres en Nicaragua año 2018

Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com

 

En el marco de la cuarta reunión del 54th periodo ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó una actualización ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde se destacó la violación a la libertad de cátedra en Nicaragua debido a la cancelación de universidades privadas y el despojo de sus bienes materiales.

Durante la sesión celebrada en Ginebra, los expertos relataron que las personas opositoras y defensoras de derechos humanos enfrentan severas presiones para abandonar Nicaragua, a través de la constante vigilancia, el uso de las detenciones arbitrarias, acoso y la criminalización.

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De igual manera, el GHREN expresó lo vivido por la iglesia católica, en particular por los sacerdotes detenidos ilegalmente por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, siendo la población religiosa cada vez más, lo que los ha llevado a abandonar el país en busca de refugio y se enfrentan a la confiscación de sus bienes y el despojo de sus nacionalidades, agregando que las familias de estas personas también sufren las consecuencias dentro de Nicaragua.


Expertos en derechos humanos sobre Nicaragua exponen la situación de estudiantes


El GHREN también dio a conocer la realidad académica a la que se enfrenta el país, con confiscaciones de universidades y cancelación de sus personarías jurídicas de 27 instituciones académicas, lo que refleja “la instrumentalización del aparato del estado para suprimir la libertad y la diversidad académica”.


En el documento presentado también se estudia la realidad que enfrentan los estudiantes y el personal docente, que en muchos de los casos han sido expulsados o despedidos y acosado hasta lograr su salida obligada del país e impedir que puedan continuar con sus labores y estudios.


“Hoy el sector universitario de Nicaragua en su conjunto ya no cuenta con instituciones independientes” dijo Jan – Michael, presidente del GHREN y de igual manera mencionó que Nicaragua estaba siendo “despojada” de su capital intelectual, lo que dejan en suspenso el desarrollo del país.

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Según los datos del observatorio para la libertad académica, al menos 28 universidades fueron despojadas de sus personerías jurídicas y pasado sus bienes y activos al estado de Nicaragua y dos universidades más fueron canceladas para cambiarles la razón social, que es el caso de la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU) y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).


El Organismo denunció que estas violaciones a los derechos humanos están siendo perpetradas por altos niveles del estado nicaragüense a través de instituciones como el Ministerio de educación, Juventud e interior, Asamblea Nacional, consejos educativos, sindicatos y organismos estudiantiles vinculados al gobierno.

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Los expertos de igual manera pidieron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que permitan el acceso de los organismos de verificación neutrales e independientes, como el comité internacional de la Cruz Roja, para asistir a las personas privadas de libertad y verificar sus estados de salud, de igual manera solicitaron a la comunidad internacional el garantizar el acceso a los procedimientos de identificación de las personas privadas de su nacionalidad y obligadas a abandonar el país.


Por último, la solicitud del GHREN se extendió hacia la comunidad académica afectada por el cierre de las instituciones de enseñanza superior, para que la comunidad internacional pueda facilitar los accesos a procesos de reinserción laboral y estudiantil y así garantizar el derecho a la educación y libertad académica.


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