Una reciente visita técnica de seguimiento al exilio nicaragüenses en Costa Rica y a la situación de los derechos humanos en Nicaragua, realizada entre el 31 de enero y el 03 de febrero de 2025 por una delegación vasca, junto a un análisis actualizado de abril de 2025, ha arrojado ha arrojado luz sobre la grave crisis humanitaria y política que atraviesa el país.
Este informe, que incluye las voces de quienes han sido forzadas al exilio, como lo expresaron en un encuentro. “La esperanza es una apuesta individual que solo puede alimentarse colectivamente y lo que importa es la dignidad de la gente y no naturalizar la barbarie”.
La delegación vasca, compuesta por representantes del Gobierno vasco, incluyendo a Jagoba Álvarez Ereño, director de Derechos Humanos y Atención a Víctima, y Maite Garmendia Eguinoa, Técnica de Cooperación de eLankidetza, así como de organizaciones como Zehar- Errefuxiatuekin, ha puesto de manifestó la “persecución contra las personas defensoras de derechos humanos y la impunidad de las violencias ejercidas contra ellas son una constante en la vida del país y tienen alcance transnacional”.
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Crímenes de lesa humanidad y persecución sistemática
El informe es contundente al afirmar que “el gobierno de Nicaragua sigue perpetrado graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas”.
Se documentan explícitamente “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, privaciones arbitrarias de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país”.
La privación de la nacionalidad nicaragüense, que ha afectado a aproximadamente «500 personas», es una herramienta de represión política que los aboca a la «apatridia y despojándolas de todos los derechos inherentes a la nacionalidad, además de la confiscación de sus bienes».
Legalización de un régimen totalitario y cierre cívico
Una de las conclusiones más preocupantes es que la reciente constitución, aprobada en enero y en vigor desde febrero de 2025 “supone, por tanto, la legalización de un régimen totalitario”.
Esta reforma no solo establece que “las y los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense” sino que también elimina de manera definitiva la separación de poderes” y crea “fuerzas miliares y de reserva patriótica y policía voluntaria», que son percibidas como fuerzas parapoliciales y paramilitares.
El «cierre del espacio cívico» es casi total, con «más de 5.500 organizaciones sin fines de lucro han sido cerradas desde 2018 y sus bienes, confiscados». La censura es «férrea», y «no existe prensa independiente en Nicaragua», con 283 periodistas en el exilio desde 2018.
Violencia contra mujeres, juventud y comunidad LGBTIQA+
El documento resalta que las mujeres “no son sujetas de derechos en la dictadura nicaragüenses” denunciando “un argumento grave y preocupante de los femicidios año tras año, de la violencia sexual (más de 20.000 casos en niñas y adolescentes desde 2019 a 2024)”.
La comunidad LGBTIQA+ también “sufren una cultura de la violencia que se traduce en crímenes de odio, sobre los que no existe una normativa específica”, con 155 agresiones documentadas entre 2021 y 2024, revela el informe. Y que Los jóvenes son “blanco prioritario del aparato represivo del régimen”, con la cancelación de personería jurídica de al menos 37 universidades y más de 37000 estudiantes afectados.
La situación del exilio es crítica. El informe, citando a ACNUR, señala que “entre 2018 y junio de 2023, 935.065 personas, casi un millón de personas, abandonaron Nicaragua», con más de 440.000 solicitando asilo a nivel mundial. La «represión migratoria» a través del destierro, la apatridia y el hostigamiento, se ha convertido en un «mecanismo utilizado para agredir a personas defensoras de derechos humanos, opositoras al régimen y, en los últimos meses, familiares víctimas de la represión política».
La delegación vasca, al finalizar las reuniones, expresó su profunda “preocupación por las violaciones de derechos humanos graves, sistemáticas y generalizadas que sufre la población nicaragüense en general y las personas defensoras de derechos humanos de manera particular”. Así como por la “criminalización y persecución continúa en la que se encuentran las personas defensoras de los derechos humanos en Nicaragua” y la privación de la nacionalidad nicaragüense como herramienta de represión política.
