Informe que aborda la abolición de libertad de asociación en Nicaragua

Este 06 de diciembre, las organizaciones: Red Local, Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na, Fundación del Río y Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, presentaron “Expediente ONG Nicaragua”, un conjunto de tres informes complementarios entre sí que abordan la crudeza de la abolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua.

Estas plataformas nicaragüenses mencionan en una nota de prensa que además de estos tres informes, se logró armar nueve (09) expedientes completos “que serán usados para que las organizaciones involucradas demanden justicia a nivel internacional.”

Por su parte Carlos Guadamuz, abogado del Colectivo de Derechos Humanos explica que “siete de las nueve organizaciones documentadas sufrieron víctimas de allanamientos ileales tres de ellos en el año 2018 una en el 2019 y tres en el año 2020.” Solamente uno de estos allanamientos fue realizado de forma no violenta.

En relación con la vida organizacional las organizaciones contaban con personalidad jurídica otorgadas por el Estado de Nicaragua, gozaban con la vigencia de todos sus instrumentos y certificaciones particularmente antes del 2018.

Estas organizaciones denunciaron amenazas contra miembros y sus directivos.

Evidentemente refiere Guadamuz el ministerio de gobernación presentó una etapa de persecución en la que impidió y obstaculizó que estas oenegés continuaran dándole seguimiento a la vida legal de sus organizaciones.

El cierre de estas organizaciones ha generado un impacto económico social y ambientales. “El Estado ha visto fortalecidas sus arcas lleva 4 millones de dólares en confiscaciones a estas organizaciones y desprotegiendo a la población quienes han quedado en una mayor vulnerabilidad”, manifiesta el abogado.

Otro de los hallazgos obtenido en el Expediente ONG Nicaragua es de aproximadamente 50 mil personas anualmente que “se quedaron sin acceder a los servicios de primera necesidad brindados por estas organizaciones, las que tenían una cobertura de más de 50 municipios (30%) de toda Nicaragua, con especial atención en la región Norte y Caribe.”

Otro de los datos que destaca este expediente es que desempleo de al menos 152 personas que integraban estas nueve organizaciones.

“Expediente ONG Nicaragua” pone en evidencia que la ruta de criminalización utilizada por régimen de Ortega-Murillo, “inició con ataques o agresiones constantes a sus integrantes, como campañas de difamación, amenazas, vigilancias, detenciones, entre otras acciones represivas que ponían en riesgo la vida, la integridad y la libertad de personas activistas y defensoras”.

Guadamuz sostiene que las nueve organizaciones articulaban una red de al menos 488 colaboradores o voluntarios en 20 municipios del país, “lo cual replicaban el esfuerzo que brindaban estas organizaciones.

“El Estado tiene la responsabilidad de proteger y tutelar los derechos humanos de la población nicaragüenses y en particular de garantizar la libertad de organización y participación”

Las agresiones documentadas a raíz de 2007 al 2022 amplia las organizaciones en El Expediente, son.

●-Cancelación de personerías jurídicas por la Asamblea Nacional. ●-Cancelación de registros por el Ministerio de Gobernación. ●-Cambios arbitrarios de razón social. ●-Amenazas directas a representantes de OSFL. ●-Expulsiones arbitrarias de líderes de OSFL. ●-Confiscaciones de facto y allanamientos en locales institucionales por la Policía Nacional. ●- Cierre del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Después que La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na y Fundación de Río documentaran en febrero de 2022 mediante los primeros dos informes sobre el estado de la Libertad de Asociación en Nicaragua, “se desató la peor oleada de cancelación de personerías jurídicas, con datos que asombran incluso a la Relatoría de Libertad de Asociación de Naciones Unidas.”

Solo en el 2019 eran 09 organizaciones cerradas y 96 canceladas hasta febrero de 2022. “La actualización de la situación de la Libertad de Asociación de febrero a noviembre de 2022, y se cuentan a 3,106 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).” Indican.

Katherine Ramirez dijo que dentro de estas organizaciones canceladas hay nacionales e internacionales que “proporcionaban fondos de cooperación al desarrollo a los sectores más vulnerables del país.”

Ramirez señaló que en este año 2022 se ha aprobado más leyes represivas que ha terminado de demoler la libertad de asociación.

Por lo tanto “No hay oportunidad de poder defender el derecho de asociación en Nicaragua dentro del país” destacó Ramirez.

Por otro lado, el ambientalista Amaru Ruiz añade que hay una restricción del espacio cívico que había antes del 2018. “El régimen reporto 7 227 personería jurídicas activas en ese momento y a la fecha llevamos 3 106 personería jurídicas canceladas. Eso representa un impacto del cierre del 42 % de todas las personerías jurídicas que existían en ese momento en el país.”

Las organizaciones canceladas y confiscadas unas con pocos años de sus creación y otras hasta con más de 30 años de existencias sostienen que no se requiere de personería jurídica para luchar por una mejor Nicaragua. Y recalcan “afirmamos con absoluta convicción que la confiscación de bienes y personerías jurídicas no impedirá que sigamos ejerciendo nuestro derecho a defender derechos.”