Informe refleja torturas y procesos judiciales viciados a personas presas políticas

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Por: Redacción Intertextual

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El ,Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a través del Observatorio Nicaragüense Contra La Tortura, ayer 30 de mayo, presentaron el Sexto Informe con un análisis sobre las violaciones a los Derechos Humanos en el proceso judicial.

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Desde sus inicios el Colectivo ha recibido, recolecta y publica denuncias sobre los arbitrarios procesos en Nicaragua como “las inconstitucionales capturas” de las más de 180 personas presas políticas.

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En el análisis El Colectivo describe que, de cara a la tercera reelección de Daniel Ortega, de junio a noviembre de 2021, se inició una nueva ola de acusaciones contra nuevas personas presas políticas.

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“De acuerdo con datos recopilados el Observatorio pudo constatar al menos 66 personas procesadas/condenadas, la mayoría por los delitos de “conspiración” o “menoscabo a la integridad nacional.” Entre los supuestos delitos añaden “el Artículo 30 Propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación” o mejor conocido como “noticias falsas o fake news”.

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los procesos judiciales de las personas detenidos entre mayo y noviembre “fueron retardados por la aplicación de la inconstitucional Ley 1060” e impusieron detención judicial hasta por 90 días, fueron suspendidos los casos alegando causas de “fuerza mayor”, alargando los plazos indefinidamente y con esto malos tratos a los reos políticos, hasta la reanudación de los procesos judiciales.

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“A la suspensión de los procesos judiciales se sumó el incremento de la estigmatización y hostilidad hacia las personas presas políticas, especialmente, luego del discurso presidencial en que les llamó “hijos de perra”, por lo que se puede considerar un incremento en la saña hacia las más de 181 personas presas políticas para ese entonces; la reanudación de los procesos judiciales se dio a conocer en un comunicado de prensa del Ministerio Público.” Expone el Colectivo.

Gonzalo Carrión abogado y defensor del ,Colectivo de Derecho Humanos Nicaragua Nunca Más, menciona que el documento habla “de los malos tratos y las torturas, el desconocimiento de las acusaciones y habla de la falta del derecho a la defensa y la falta de tiempo en la entrevista con los abogados, se les niega la atención del vínculo con los familiares y la poca comunicación de la defensa” son parte de los procesos arbitrarios en Nicaragua, manifiesta.

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Carrión denuncia que, el gobierno además de negar los crímenes de lesa humanidad y su responsabilidad comenzaron a estigmatizar a las víctimas tachándolas de “delincuentes terroristas y asesinos y de atentar con un golpe de estado.”

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Por otro lado , El Ministerio Público aparece en el análisis carente de autonomía e independencia al plasmar en un comunicado las mismas descalificaciones e imputaciones vertidas por el Gobierno para justificar la represión de 2018, “se evidencia, que esta institución es un instrumento político de esta represión gubernamental al no solo incluir un ataque frontal hacia la reputación, la dignidad y la presunción de inocencia de las personas presas políticas, sino que, además, se configuraría como un prejuzgamiento y condena anticipada, del 100{e079e928c0ffac93fc2d0bcb855951dc424555b296fe89c532c6f4d7d2083413} de los procesos, como se demostró en este período de análisis, donde observamos que todos concluyeron con una sentencia de culpabilidad, sin importar que las pruebas fueran insuficientes.” Dicta el análisis.

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Según el observatorio 47 personas fueron procesadas en el departamento de Managua, siete en el departamento de Río San Juan, tres en el departamento de León, dos en el departamento Autónomo de la Costa Caribe Sur, dos en el departamento de Masaya, dos en el departamento de Estelí, una en el departamento de Matagalpa, una en el departamento de Chinandega y una persona en el departamento de Nueva Segovia.

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Los procesos y condenas han estado a cargo de 20 diferentes jueces o Juezas, once se encuentran en Managua. De las 66 personas procesadas 61 fueron condenadas, y 25 del total de personas fueron acusadas en concurso de delitos (dos o más delitos).

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El observatorio pone al Poder Judicial como otro órgano sin autonomía, que cumple con las órdenes del poder ejecutivo, “continuó siendo instrumentalizado por el Poder Ejecutivo como un órgano de represión y criminalización a las personas opositoras, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos; esta instrumentalización terminó de consolidar la impunidad y perpetrar las graves violaciones a derechos humanos, ya que mantiene a las víctimas encarceladas y sin posibilidad de acceder a la justicia”.

Lea el informe acá

Juicios como métodos de castigo

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El colectivo de Derechos Humanos enfoca que los procesos judiciales son exclusivamente para generar “tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como para permitir la tortura”, por las siguientes razones:

1. Realizados en la Dirección de Auxilio Judicial (en su mayoría), lo que no solo los mantendría en el centro donde han sufrido torturas o malos tratos, sino que, además, les privaría de cualquier otra interacción con el mundo exterior.

2. Las personas presas políticas son sacadas de su celda y llevadas a una sala que destinaron para las audiencias, sin conocimiento previo y sin que estuviera permitido por la ley.

3. Los juicios fueron extensos, de duración de hasta 12 horas, extenuándoles física y mentalmente, profundizando algunas complicaciones de salud.

4. Las salas de audiencias están rodeadas de policías y personas de civil no identificadas.

5. No se les es permitido hablar ni rebatir lo externado por la Fiscalía.

6. Sus representantes fueron requisados abusivamente e impedidos de tener celulares y/o computadoras

7. Solo se permitió el ingreso de un familiar, sin posibilidad que ingresaran cartas, dibujos o fotografías enviados por otros familiares

8. Fueron negadas las solicitudes de la defensa respecto de cambios de medidas, evaluaciones médicas e incluso, copias de actas judiciales y revisiones de expedientes

9. Se realizó la aplicación de la normativa creada para juzgar a personas presas políticas, Ley 1042, Ley 1055 y Ley 1060.

Carrión señala que el Colectivo ha estado monitoreando permanentemente los operativos de las capturas y la persecución. Esta nueva oleada de criminalización ha provocado un desplazamiento tan grande como lo que fue el 2018 y 2019. “La criminalización contra periodistas la capturas de mas de 60 personas en este año provocó un alrededor de 300 mil personas desplazadas”, aclara que no todas son perseguidas políticas.

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El defensor también denuncia que, dentro del observatorio esta contemplado el hecho ilegitimo y violatorio a los derechos humanos de que las personas presas políticas ya sentenciadas siguen en el Chipote y en proceso de interrogatorios, cuando ya deberían de estar en un sistema penitenciario.

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El Colectivo concluye que siguen demandando la libertad de las más de 180 personas presas políticas en Nicaragua.

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