Este 09 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, fecha designada en el año 2003 por la Organización de la Naciones Unidas (ONU).
Esta efeméride nace con el objetivo de “frenar y eliminar” en todos los países miembros los actos de corrupción de parte de funcionarios hombres y mujeres, que se sirven de sus cargos de poder para enriqueciendo a cargo de los demás.
La ONU detalla que “cada año se pagan a aproximadamente un billón de dólares en sobornos, eso sin contar que se calcula que durante el mismo período se suelen robar 2,6 billones de dólares mediante la corrupción, esto implica un total del 5% de producto interno bruto (BIB) mundial.”
La organización refiere que el robo de esta cantidad en dólares es perjudicial para países en vías de desarrollo. Porque este dinero que se pierde es dirigido para asegurar una calidad de vida acorde a la ciudadanía.
El próximo año 2013 los países miembros de la ONU esperan reflexionar sobre “que brechas quedan para que esta herramienta sea un instrumento verdaderamente útil para terminar con la lacra de la corrupción”.
Las principales consecuencias de la corrupción son: Impunidad, altos niveles criminales, bajos niveles educativos, poca inversión extranjera, pocos puestos de trabajo debido a la excesiva burocracia a la hora de montar un negocio o una empresa, poca seguridad jurídica, mayor corrupción, perpetua el modelo de desarrollo.
Los casos de corrupción que se han destacado en los últimos tiempos a raíz de la crisis sociopolítica del 2018 en Nicaragua fueron advertidas gracias a sanciones dirigidas a personas con nombres y apellido
“Al mes de septiembre de 2021, el Departamento del Tesoro de EE. UU. había impuesto sanciones individuales a 26 ciudadanos nicaragüenses responsables de abusos o corrupción. Veintitrés de ellos fueron sancionados conforme al Decreto Ejecutivo 13851, y tres conforme a la Ley Magnitsky Global de 2016, que permite aplicar sanciones contra responsables de violaciones de derechos humanos. A seis de esas 26 personas también se les aplicaron sanciones de conformidad con la Ley sobre Derechos Humanos y Corrupción en Nicaragua de diciembre de 2018. Adicionalmente, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a nueve entidades nicaragüenses, incluidas instituciones estatales financieras y de seguridad.” Describe la organización defensora de derechos humanos.
En agosto 2020, la Unión Europea UE también impuso sanciones individuales contra otros ocho nicaragüenses acusados de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos y de haber debilitado la democracia en Nicaragua, en estas sanciones incluyeron el nombre de Rosario Murillo.
Las sanciones contra 14 personas ligadas al gobierno de Ortega se renovaron en octubre de 2021. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores Josep Borrell volvió a condenar la represión del gobierno nicaragüenses. Borrell destacó que el gobierno de Ortega Murillo es #una de las perores dictaduras del mundo.”
Canadá también aplicado sanciones individuales a 15 funcionarios gubernamentales implicados en violaciones de derechos humanos, elevando la cantidad de sancionados y sancionadas en Nicaragua a 24 personas.
Por otro lado, la percepción de corrupción crece cada año en Nicaragua según datos del año 2021 según OTI.
Nicaragua según la tabla de Datosmacro.com ha obtenido 20 puntos en el índice de percepción de la corrupción datos que publica la Organización para la Transparencia Internacional (OTI). “Su puntuación ha descendido en el último informe, lo que significa que los nicaragüenses perciben un incremento de la corrupción en el sector público del país,” cita esta organización.
Esta baja puntuación indica que Nicaragua empeora su posición respecto al resto de los países hasta una posición en el puesto 164, es decir Nicaragua esta entre los países donde mayor corrupción hay en el sector público de los 180 países analizados.
Durante cinco años la percepción de la corrupción en Nicaragua “ha empeorado” destaca la OTI.
La OU destaca por su parte que, para erradicar este tipo de actos de corrupción es necesario “penalizar de forma severa este tipo de actos, garantizar la independencia de los poderes jurídicos y establecer pautas morales como la honradez dentro de la educación de los ciudadanos.
Human Rights Whatch (HRW) en un informe publicado en este año2022, manifiesta que desde el año 2017 que Daniel Ortega retorna al poder de Nicaragua ha desmantelado todos los controles institucionales al poder presidencial. “El Consejo Supremo Electoral, compuesto por miembros leales a Ortega, destituyó a legisladores de la oposición en 2016 y excluyó a partidos políticos opositores de cara a las elecciones presidenciales de 2021.” Estos actos son considerados a nivel nacional e internacional como actos de corrupción.
Ortega, reformó la constitucionalidad de Nicaragua para poder reelegirse en el año 2014, con ayuda de un casi absoluto control de la Asamblea, con estos cambios ha sido reelecto cuatro veces consecutivas. Esta última elección en medio “de una escalada represiva contra críticos y la oposición política” destaca HRW.
A raíz del año 2018, inició una crisis sociopolítica en el país “siguen impunes los abusos policiales cometidos durante la feroz represión, por agentes policiales y grupos armados partidarios del gobierno.” Otros de los problemas que persisten en Nicaragua son las severas restricciones de libertad de expresión y de asociación, la discriminación política y las leyes restrictivas sobre aborto” sostuvo RHW.