La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este miércoles a Nicaragua la liberación del periodista encarcelado Catalino Leo Cárcamo, que informe de su paradero y proteja su salud y vida.
«Requerir al Estado que proceda con la liberación inmediata de Catalino Leo Cárcamo Herrera», indica una resolución de medidas provisionales de la CorteIDH, en respuesta a una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CorteIDH también requirió al Estado nicaragüense que determine e informe del paradero del comunicador y que aplique las medidas para garantizar el acceso inmediato a servicios de salud física y mental, medicamentos y alimentación adecuada; y que además adopte medidas de protección a la familia de Cárcamo.
Cárcamo, quien ejercía como periodista de Radio Darío al momento de su detención en 2018 durante las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, padece de hipertensión, diabetes, hemorroides y ojo seco, según la información de la CorteIDH.
«Esta Presidencia (de la CorteIDH) constata que el señor Cárcamo fue detenido por autoridades del Estado, y que no se cuenta con información sobre su paradero. Esta situación lo posiciona en circunstancias de especial vulnerabilidad, que incrementan su situación de riesgo», indica la resolución.
La resolución agrega que el caso de Cárcamo «se enmarca dentro del mismo contexto que ha revisado la Corte en sus resoluciones anteriores y que describe hechos de persecución política, en este caso particular, por el ejercicio del derecho de libertad de expresión del propuesto beneficiario a través de su trabajo dentro de un medio de comunicación».
La CorteIDH declaró a Nicaragua en desacato desde el 2022, cuando los jueces comenzaron a emitir una serie de resoluciones de medidas provisionales que exigían al Estado liberar y garantizar la vida y la salud de más de un centenar de personas opositoras al Gobierno de Daniel Ortega que fueron encarceladas.
Las medidas provisionales, dictadas en varias resoluciones desde 2022, han sido en favor de 115 personas consideradas «presos políticos», y sus núcleos familiares.
De esas 115 personas, hay al menos nueve que todavía se encuentran detenidas y el resto formaron parte de dos deportaciones masivas que realizó el Gobierno a Estados Unidos y Guatemala, detalló la CorteIDH en diciembre pasado.
En el último mes del año, la CorteIDH fijó para el 4 de febrero de 2025 una audiencia para analizar la situación y recibir información de las partes sobre las medidas provisionales ordenadas a Nicaragua.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
