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Legalizar propiedades en Nicaragua ahora será dos veces más caro, según resolución de DGCF


Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com


Contrario a su trillado lema de "Arriba los pobres del mundo" la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó recientemente unos nuevos pagos para legalizar una propiedad que afecta principalmente a los más pobres aseguran expertos. La Dirección General de Catastro Físico del INETER aprobó el pasado 21 de octubre una nueva tarifa para los servicios catastrales.



A través de la resolución administrativa 125-2022 publicada en la Gaceta, el diario oficial del Estado, se establecen los nuevos precios que tendrán que pagar la ciudadanía para legalizar sus propiedades, así lo confirmó en sus redes sociales el 28 de octubre La Dirección General de Catastro Físico.



Dentro de esos cambios está el pago por la revisión y aprobación de planos que antes costaba 450 córdobas y que ahora tiene un valor de 1500 córdobas. Esos pago corresponden a una propiedad de hasta un mil metros cuadrados y en una zona urbana, pues en una rural cuesta 1700 córdobas.

Otro de los servicios que subió de precio y que es muy demandado para la legalización de propiedades es el certificado catastral que pasó de 500 córdobas a 1200 en una zona urbano y 1500 en la rural, en una propiedad de hasta 350 metros cuadrados.


Mientras que en un terreno urbano que se pase de los 350 metros cuadrados se pagará 1700 córdobas y 2000 en la rural, hasta cubrir las cinco hectáreas, se lee en el cuadro de incremento que la misma DGCF publicó.

Está cantidad lo pagarán aquellos que tengan una propiedad de hasta 350 metros cuadrados en la urbana y hasta cinco hectáreas en la zona rural. Catastro también cobrará a partir de ahora el formulario de solicitud de trámite catastral que cuesta ahora 10 córdobas y que antes lo facilitaban en las delegaciones de forma gratuita.

En estos nuevos pagos se incluye también el aumento de las renovaciones de las licencias catastrales que pasó de 500 córdobas a 3600.

Cabe señalar que esta resolución administrativa se justifica según Catastro porque desde 2017 no se habian variado los montos por los servivios catastrales . Esos pagos se mantuvieron invariable, aún cuando estadísticamente se encuentran por debajo del costo real.


Un reconocido abogado de Rivas que no quiso dar su nombre, por seguridad para este trabajo, reconoce que estos cobros afectarán principalmente a la gente con menos recursos económicos, a quienes se les ha entregado propiedades por parte del Estado y que al final les tocará pagar, por el registro de las mismas.


"Si antes gastabas unos 14 mil en la legalizacion de una propiedad de 400 metros cuadrados, ahora vas a gastar unos 19 mil córdobas por los nuevos pagos" reconoce el abogado, mostrando su preocupación.


A esos nuevos pagos se agrega el requisito que pide ahora la DGI de una escritura de aclaración, para que los dueños de la propiedad informen sobre el área construida, cuando ellos tienen en su poder la notificación de la alcaldía donde se especifican esos datos y el certificado catastral de INETER.


Es decir, la DGI obliga a los ciudadanos a entregar una escritura, cuando su función es exclusivamente la de recaudar.
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