Libertad de asociación en Nicaragua un derecho cercenado por el régimen orteguista

Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com

Este jueves 27 de octubre se realizó la Audiencia N° 14, del 185 de sesiones de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se abordó “La situación de la libertad de asociación en Nicaragua.”

Esta sesión fue solicitada por 18 organizaciones nicaragüenses que han documentado las violaciones de derechos humanos y acompañan a las víctimas en condiciones profundamente hostiles y bajo riesgo permanente, dijo el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Leonel Arguello de la Sociedad Nicaragüenses de Medicina General, con especialidad en epidemiologia al iniciar su intervención, señaló que en Nicaragua “hay un estado de persecución, que participar en estos espacios puede representar severas represalias tanto para nosotros que estamos aquí presentes como para las familias.”

El especialista lamentó la ausencia de la representación del Estado en la sesión y que se niegue a rendir cuentas de las violaciones que continúa cometiendo.

“Cada espacio público sitiado, comunidad desplazada, organización cancelada, medio de comunicación confiscado, universidad clausurada, iglesia e indígenas perseguidos o grupos de personas asediadas, deja un vacío que es ocupado por redes de corrupción cuya misión es asegurar la prevalencia del régimen” manifiesta Arguello y amplia que esa permanencia del gobierno de Ortega en el poder acrecienta los “intereses familiares, el enriquecimiento ilícito, destrucción del país y promoción dentro de la sociedad de la intolerancia y el odio.”

Por otro lado, Ana Quiroz de CISAS dijo que el cierre y ocupación de espacios cívicos por el régimen Ortega Murillo, llego a un punto extremadamente crítico. “En Nicaragua ya no queda una sola organización de defensa de derechos humanos que opere legalmente.”

El desmantelamiento de la libertad de asociación ha dejado al menos 2,634 organizaciones a las que se les ha cancelado la personería jurídica desde el 2018. “El 95% de ellas desde marzo de este año y 100 publicadas en la Gaceta de hoy” apunto la activista y defensora de derechos humanos.

A muchas organizaciones canceladas se les ha expropiado sus bienes y congelados sus activos, expuso Quiroz. entre ellas a cuatro medios de prensa independiente de cobertura nacional que “fueron violentamente ocupados y confiscados sus bienes sin procedimiento legal.”

Las organizaciones han documentado las practicas que el gobierno Ortega Murillo a usado para demoler el derecho de asociación en Nicaragua, con leyes creadas desde el año 2018 para reprimir a las asociaciones.

Estas leyes son: La Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977).

La Ley 1040 de Regulación de Agentes Extranjeros. Con esta ley se han cancelado “al menos 2,480 organizaciones,” dice Quiroz.

En abril de 2022, la Asamblea aprobó la Ley No. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que derogó la Ley 147 y legalizó las medidas para la cancelación de las Asociaciones Civiles realizadas hasta entonces.

Y en agosto de 2022, la Asamblea reformó esta ley a través de la Ley 1127, introduciendo cambios fundamentales. “El principal es que concede al Ministerio de Gobernación la potestad de aprobar y cancelar personerías jurídicas, incluidas las asociaciones gremiales empresariales y grupos comunitarios y deportivos, invadiendo la facultad constitucional de la Asamblea Nacional. La concentración de poder en manos del Ejecutivo es absoluta,” declaran las más de 18 organizaciones presentes en la sesión.

Carlos Guadamuz defensor del Colectivo de derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que el régimen Ortega Murillo se ha valido de los allanamientos y expropiación del patrimonio de las organizaciones. “Al menos se ha podido cuantificar a 40 organizaciones expropiadas de facto” apunta.

Y tratan de justificar estas expropiaciones desde la lógica del bienestar social “convirtiéndolos en instalaciones estatales, que nunca han funcionado.”

Guadamuz advierte que ante la falta de justicia a nivel interno cuatro organizaciones han presentado peticiones iniciales ante la CIDH para que se determine la responsabilidad internacional de Nicaragua, para articular la represión directa a la libertad de asociación.

Por su parte Amaru Ruiz del Fundación del Río y Red Local asegura que el impacto del cierre masivo de las organizaciones es grande y afecta tanto a la población nicaragüense, a miembros de las organizaciones y cooperaciones de desarrollo, especifica. “Las restricciones impuestas ya no solo suponen violaciones derechos humanos, si no que tiene serios impactos humanitarios”.

Según un análisis que hacen estas organizaciones “una muestra representativa de 53 organizaciones canceladas ha reflejado la reducción de 41.9 millones de dólares en ejecución anual de proyectos de desarrollo, la pérdida de más de 2000 empleos formales y la desatención de más de 1 millón de personas beneficiarias de estas organizaciones.”

Al ser canceladas las personalidades jurídicas de las organizaciones le afecta a tal grado que se les “impide que puedan manejar cuentas bancarias y recibir dinero del exterior, lo que disminuye su capacidad para gestionar la cooperación. Además, la expropiación de sus bienes ha significado la pérdida de centros e infraestructura donde eran atendidas miles de familias nicaragüenses, como el caso de la clínica Salud y Vida de la Popol Na.”

Esta situación tiene graves impactos sobre la población en general, y en particular, sobre algunos colectivos sometidos a una situación de discriminación histórica que aumenta su vulnerabilidad, tales como las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes, la niñez o las y los estudiantes, advierte el ambientalista.

Como resultado de esta situación se le suma “el desplazamiento forzado y el exilio masivo” de la población nicaragüense “producto de la destrucción del tejido de protección social, agudizado al destruir a las organizaciones que proveían de acompañamiento y protección”.

Fundación del Río asume que son más de 400 mil nicaragüenses en el exilio, incluyendo miembros y directivos de estas organizaciones.