Por: redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
18 organizaciones nicaragüenses entre ellas La Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia (CODENI), La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) participaron este jueves 27 de octubre, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar La situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua.
Karina Sánchez representante de la IM Defensoras, declaró en su intervención los impactos específicos que ha causado el cierre de asociaciones en los derechos de las mujeres. La activista refiere que Estado no protege a las mujeres “en lugar de garantizar los derechos de las mujeres, ha perseguido sistemáticamente a las organizaciones que los defienden.”
De 2634 organizaciones cancelas de 2018 al 2022; Sánchez menciona que de 176 organizaciones, “55 laboran por el derecho a vivir libres de violencia, 34 por la autonomía económica y desarrollo rural, 21 por los derechos de los pueblos indígenas y/o afrodescendientes, 19 por los derechos de la niñez, jóvenes y adolescentes, 11 por los derechos sexuales y reproductivos, 10 por educación, 6 por los derechos laborales, 6 por derechos humanos en general, 5 por gobernabilidad y democracia, 5 por los derechos de personas con discapacidad y 4 por la cultura.”
Es decir que el 90% de las organizaciones feministas han sido canceladas, solo este año 2022.
“Su cancelación no solamente significa la violación del derecho de asociación, si no que implica que mujeres que ya se encontraban en graves condiciones de vulnerabilidad quedan aún más expuestas a violencia y otras violaciones de derechos humanos.” Recalca la activista defensora de derechos humanos.
Ante el cierre de estas asociaciones que luchaban por los derechos de las mujeres, ha aumentado la violencia y la impunidad. Esto puede evidenciarse con los datos de femicidio al cierre del año pasado y el estado actual según los reportes de católicas por el Derecho a Decidir.
“Nicaragua cerró con 71 femicidios en 2020 y en 2021, una de las mayores cifras registradas en el país. Este año, católicas por el Derecho a Decidir registra 42 femicidios y 110 frustrados en un recuento hasta agosto.”
Las cifras de violencia sexual son alarmantes en Nicaragua. “El mismo Estado a partir de cifras del Instituto de Medicina Legal, registró 4803 casos. Es decir, al menos 13 violaciones por día. De éstas, 1575 casos contra niñas de 0 a 12 años, la mayoría por personas conocidas o familiares” denuncia Sánchez.
Con la cancelación de las personerías, tanto defensoras, periodistas o activistas de derechos humanos deben sobrellevar el ser desprovistas de lo que para muchas son sus vías de subsistencia. En paralelo, enfrentan variadas e igualmente graves agresiones, denuncia IM-Defensoras.
Esta organización ha registrado 1753 agresiones hasta agosto de este año, entre “detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales a sus hogares, campañas de difamación y/o estigmatización y distintas formas de hostigamiento y represión migratoria y destierro.
Preliminarmente se han registrado 124 casos de defensoras que han sufrido desplazamiento forzado, el 77% de los casos han sido entre 2021 y 2022.
Jorge Mendoza, de La Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia (CODENI) expuso que la niñez y la educación ha sufrido una situación de vulnerabilidad con el cierre de las organizaciones.
“La niñez nicaragüense está expuesta a situaciones de vulnerabilidad por las medidas represivas impuestas. La inversión en educación del Estado es de apenas 3.8% del PIB; los programas educativos están partidizados y con los índices de calidad más bajos de la región, según pruebas de desempeño de la UNESCO” advierte ante la CIDH.
Según el vocero de esta organización “el Estado ha desmantelado por completo el sistema nacional de protección integral a la niñez, incluyendo instancias estatales y ONG´s que trabajan estas temáticas.”
Según los datos presentados a la fecha van “126 de las organizaciones canceladas, que brindaban programas de protección, atención en salud, educativos y asistenciales a la niñez, prevención del trabajo infantil, albergues para niñas madres y reforzamiento escolar, entre otros.”
Con el cierre de estas organizaciones CODENI estima que “alrededor de 350 mil familias han quedado desatendidas; y 50 mil niñas y niños se ven afectados por la falta de acceso a estos programas.”
Afectaciones de la Niñez
Mendoza declara que el exilio ha impactado a la niñez en Nicaragua “El exilio masivo también impacta a la niñez nicaragüense, que debe quedarse en el país bajo el cuidado de otros referentes familiares.”
Además de niñas y niños que han tenido que exiliarse por razones políticas con sus progenitores, esto implica un largo proceso de adaptación y subsistencia a estas víctimas que sufren en silencio la crisis que atraviesa el país.
Las niñas y niños de personas presas políticas son otras de las víctimas recientes en Nicaragua a quienes se les han violados sus derechos.
“Los impactos sobre las 19 hijas e hijos, nietas y nietos de las y los presos políticos, que viven atemorizados desde su detención ilegal, es realmente grave” Asevera Mendoza.
Impactos en la educación
Es alarmante la situación de la educación en Nicaragua. “A la fecha, al menos 45 estudiantes fueron asesinados producto de la represión a las manifestaciones estudiantiles iniciadas en 2018; y 40 universitarios son parte de los presos políticos actualmente en las cárceles del régimen.”
Entre los datos destacado de este pronunciamiento ante la CIDH CODENI recalca que “entre el 2018 y 2022 el CNU expulsó y borró los registros académicos de 208 estudiantes y se estima que más de 13 mil estudiantes universitarios han afectado por el cierre de universidades o centros de educación técnica y superior. “
Las 18 organizaciones denunciamos ante la Comisión la continua aplicación de leyes represivas que son utilizadas para justificar estas cancelaciones y criminalizar a sus miembros y miembras, lo cual aumenta la vulnerabilidad en poblaciones históricamente discriminadas.
El Relator Especial sobre Libertad de Reunión y Asociación de Naciones Unidas, Clement Voule, expreso que la “política de desmantelamiento de movimientos sociales”, mediante leyes represivas y la cancelación de personalidad jurídica y ocupación de sus bienes, es una “clara estrategia de censura permanente, con un claro patrón para reprimir las voces disidentes.”
Por su parte, la comisionada Esmeralda Arosemena emitió un mensaje al Estado de Nicaragua exhortando el retorno de los derechos y libertades. “Nicaragua necesita regresar la libertad de su gente, los presos políticos no pueden existir en un país democrático, Nicaragua necesita abrir estos espacios de diálogo”.
El mensaje es contundente de la Comisión y relatores al gobierno Ortega Murillo : Ante esta grave situación demandamos el cese inmediato de la brutal represión contra la población nicaragüense organizada, absteniéndose de continuar cancelando masivamente organizaciones; restableciendo la personalidad jurídica de las organizaciones canceladas; devolviéndoles sus bienes; revocando las órdenes de captura vigentes y liberando inmediatamente a todas las personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos; así como derogar todas las leyes represivas e inconstitucionales.