El Gobierno de Costa Rica ha tenido que reducir su capacidad de registró de peticiones de asilo de nicaragüenses debido al recorte del 41 % de los recursos con los que ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, apoyaba esta tarea, dijo este viernes este organismo desde su sede global en Ginebra.
ACNUR se ha visto forzada a tomar tal medida tras haber sido fuertemente golpeada por la reducción de la financiación que -como otras muchas organizaciones humanitarias- recibía de Estados Unidos.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social, que ha empujado a centenares de miles de nicaragüenses a abandonar el país, de los cuales unos 200.000 han buscado refugio en Costa Rica, que ha mantenido abiertas sus puertas para ellos.
Lea también: El éxodo nicaragüense hacia Costa Rica no cesa: conoce cuánto ha aumentado la cantidad de solicitudes de refugio
Más de la mitad de todos los nicaragüenses que han huido del país en los últimos años se encuentran en Costa Rica.
A pesar de que la crisis en Nicaragua estalló en 2018, el flujo de personas que buscan refugio en Costa Rica se ha mantenido muy alto, de 3.000 a 7.000 nuevas peticiones de asilo por mes, precisó hoy en rueda de prensa la alta comisionada especializada en protección del ACNUR, Ruvendrini Menikdiwela.
Explicó que en los últimos años la ayuda humanitaria, incluida la asistencia financiera para la integración, permitió a miles de nicaragüenses en Costa Rica tener acceso a servicios legales para realizar los trámites de asilo, así como acceder a la educación, formación laboral y salud mental, particularmente en el caso de niños y personas en zonas remotas.
Menikdiwela dijo que todo este esquema de ayuda se encuentra ahora en grave peligro por la falta de recursos y que se necesitan urgentemente 40 millones de dólares para mantenerlo a flote.
Lea también: Costa Rica destaca el apoyo a los refugiados aunque «institucionalidad no da abasto»
A pesar de las dificultades, la representante de ACNUR elogio el sentido de solidaridad del gobierno y el pueblo de Costa Rica y comentó que en sus recientes conversaciones con las autoridades no recibió ninguna indicación de algún cambio en esta política.
Preguntada sobre el riesgo de que Costa Rica cierre las fronteras a los nicaragüenses o pueda comenzar a expulsarlos del país, sostuvo que recibió de las autoridades las garantías de que el Estado continuará cumpliendo con sus obligaciones legales internacionales en materia de refugio, pero también reconoció que el dinero es un factor clave para que este esquema siga funcionando.
