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ONU aprueba mecanismo de investigación de delitos cometidos por represión en Nicaragua


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Este miércoles 31 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos adoptó resolución para investigar abusos de derechos humanos en Nicaragua, con 20 votos a favor y 7 en contra, la resolución fue aprobada en la apertura de 41ª sesión del de la ONU en su sede Europa de las Naciones Unidas en Suiza.


“El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dado un paso clave para promover la justicia por graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua", señaló Human Rights Watch.

Un Grupo de expertos en derechos Humanos deberá “realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos” cometidas en el país desde abril de 2018, incluyendo sus causas estructurales.


El objetivo fundamental de la investigación es asegurar “que las víctimas tengan acceso a la justicia” y que los violadores de derechos humanos “rindan cuentas”. La resolución fue presentada por Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay. Fue aprobada con 20 votos a favor y 7 en contra.


Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, han denunciado que el Estado nicaragüense no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones de la Resolución 46/2, al contrario, se ha incrementado la represión y no ha mostrado la más mínima intención de reanudar una cooperación significativa con la comunidad internacional.

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“La crisis de derechos humanos en Nicaragua exige un riguroso escrutinio internacional”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Con esta resolución, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha transmitido un mensaje claro al presidente Ortega de que la comunidad internacional no tolerará los abusos de su gobierno,” asevera.


Las denuncias señalan que en Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha mantenido una dinámica de “represión feroz contra críticos y opositores, incluyendo detenciones y procesos penales arbitrarios en el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021”.


A inicios de marzo 2022, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe al Consejo sobre la situación en Nicaragua. El informe identifica un “patrón de graves violaciones graves de derechos civiles y políticos”, que suprimió y excluyó arbitrariamente las opiniones disidentes de las elecciones y “creó un clima poco propicio para que celebración de elecciones genuinas, libres y creíbles”.


El informe de Bachelet mencionó a los más de 40 críticos detenidos durante el proceso electoral, incluyendo siete candidatos presidenciales y otras figuras políticas, líderes estudiantiles y campesinos, activistas, abogados defensores y periodistas. Estas personas detenidas han estado incomunicadas, y algunas mujeres detenidas han sufrido un confinamiento solitario prolongado por un período mayor a 15 días, lo cual constituye tortura, entre otras formas de violentan los derechos humanos de las personas presas políticas.


La mayoría de personas presas políticas detenidas en 2021, incluyendo varias personas que pretendían ser candidatos presidenciales, han sido condenados recientemente por “menoscabo a la integridad nacional” en juicios realizados a puertas cerradas. También se condenó a cinco personas por presunto “lavado de dinero”, incluida Cristiana Chamorro, excandidata presidencial y directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización que promovía la libertad de prensa.


Al menos otras 130 personas percibidas como críticas del gobierno permanecen detenidas de manera arbitraria, según organizaciones nicaragüenses de derechos humanos.

Las autoridades en Nicaragua, también han cancelado la personería jurídica de cerca de 135 organizaciones no gubernamentales y universidades privadas, incluyendo organizaciones humanitarias que tenían décadas de trayectoria en el país y promovían medidas para reducir la pobreza o mejorar el acceso a la educación.


En el año 2018 la represión del gobierno contra manifestantes según las organizaciones defensoras de derechos humanos dejó como resultado más de 300 muertos, 2.000 heridos y cientos de detenciones arbitrarias.


Desde el mismo año 2018, el gobierno de Nicaragua no ha permitido que organizaciones internacionales de derechos humanos ingresen al país y expulsó a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una demanda permanente que el gobierno permita el reingreso a estas organizaciones.

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Recientemente el 24 de marzo de 2022, también el gobierno expulsó al representante en el país del Comité de la Cruz Roja Internacional. La organización había podido visitar a personas detenidas arbitrariamente en ciertas cárceles, pero no le habían permitido ingresar a El Chipote, donde están muchas de las personas que fueron detenidas arbitrariamente en 2021.


La representación de Brasil celebró la resolución emitida a favor de Nicaragua, menciona “reiteramos el llamamiento al gobierno para restablezca la democracia en Nicaragua.”

Por su parte la representación de Países Bajos, destacó que “el gobierno de Nicaragua no ha presentado ningún interés de cooperación en las resoluciones.” Felicitó a los grupos por su esfuerzo por destacar sistemáticamente las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, lamentando la falta de cooperación de parte del gobierno.


Por otro lado, la representante de Nicaragua expreso “su rechazo absoluto de la resolución” asegurando que era en contra del país, y que, “afecta la dignidad y soberanía de los pueblos”. También dijo que toda resolución o reporte sobre los derechos humanos es un “gesto injerencista de grandes potencias imperialistas”.


La representante de Daniel Ortega ante la ONU se quejó de las sanciones de EEUU y Europa, y recalcó no “nos cansaremos de llamar al foro recociendo respetar los derechos de los pueblos del mundo y que respete el principio de no intervención”.


El Embajador de Cuba: ratifico su apoyo al gobierno sandinista y reafirmo el mismo discurso de “rechazo contra la soberanía”. También dijo: “Cuba se opone al proyecto de resolución y votará en contra del mismo.”


“Ahora que la resolución fue aprobada es fundamental que el nuevo Grupo de Expertos empiece a operar de manera inmediata”, destacó Juan Pappier, investigador de HRWP. “En un contexto en el cual el gobierno cierra organizaciones independientes y expulsa a los pocos observadores internacionales que quedan en el país, la tarea del Grupo de Expertos es cada vez más urgente e importante”. Finalizó diciendo.


Urnas Abiertas, como miembro del Colectivo 46/2 que desde hace un año ha impulsado esta iniciativa, menciona que “se compromete a seguir documentando las violaciones de los DDHH en el contexto electoral para coadyuvar al trabajo de los expertos independientes”.

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También el gremio de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), respaldó esta iniciativa, aduciendo que permite buscar justicia en los delitos cometidos contra la prensa en Nicaragua, "permitirá que se investiguen los delitos contra periodistas, el asesinato de Angel Gahona y los robos y confiscaciones a medios de comunicación", resume el comunicado insistiendo al gobierno a no negarse, "Nicaragua necesita justicias para encontrar la paz", concluye la misiva.