Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
Este 29 de septiembre La organización de Naciones Unidas (ONU), presentó un nuevo estudio donde se alerta el aumento de incidencias de vigilancia en línea y ciberataques, a personas colaboradoras que prestan sus servicios en materia de derechos humanos en 42 países.
La organización revela que la pandemia del COVID-19, también causo aumentó de los desafíos relacionados con la “ciberseguridad y la privacidad.”
Múltiples colaboradores de ONU sufrieron represalias e intimidación en el periodo del 01 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022, detalla el informe del secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres. “involucraron a personas y grupos que cooperaron con los mecanismos de derechos humanos de la ONU o utilizaron los procedimientos de la ONU para compartir información, testimonios y buscar reparación por abusos y violaciones de los derechos humanos” dice el documento.
Un tercio de los países mencionados este informe destaca que las personas o grupos que fueron intimidadas se abstuvieron de cooperar o denunciaron de forma anónima por temor a más represión. “A pesar de los avances, incluidas las promesas y compromisos compartidos por los estados miembros contra las represalias, este informe muestra una vez más hasta qué punto se persigue a las personas por plantear problemas de derechos humanos ante la ONU. Y sabemos que, por impactante que sea este número, muchos casos de represalias ni siquiera se denuncian” dijo la subsecretaria general de derechos Humanos Ilza Brands Kehris.
La ONU advierte que los defensores de derechos humanos que sufrieron daños a sus garantías fundamentales y periodistas fueron principalmente afectados e intimidados por “el Estado y agentes no estatales.” Las situaciones que tuvieron que enfrentar se encuentran” la aplicación de leyes restrictivas, la detención y los actos de vigilancia tanto en línea como fuera de ella.”
Los países que fueron reportados en ese informe son Afganistán, Bahréin, Andorra, Bangladesh, Bielorrusia, Burundi, Brasil, Camerún, China, Cuba, Chipre, República Democrática del Congo, Yibuti, Egipto, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Israel, Kazajistán, Laos, Libia, maldivas, Malí, México, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Filipinas, Rusia, Ruanda, Arabía Saudita, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Estado de Palestina, Tailandia, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Vietnam, Yemen.
La ONU, refiere que en Nicaragua más de 130 organizaciones sin fines de lucro incluidas las principales dedicadas a los derechos humanos, fueron clausuradas en el primer trimestre del año 2022. Esto por supuesto incumplimiento de una seria de leyes y reglamentos, esto recalca el informe ha “limitado así su capacidad y voluntad de operar y cooperar con las Naciones Unidas.”
La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas, recibió notificación de casos de nicaragüenses que decidieron no comunicarse con la ONU por temor a las represarías contra ellos, ellas y sus familias.
Uno de los casos que menciona una nota de la ONU es el de la joven activista juvenil Christy Melissa Martínez Núñez, “fue objeto de intimidación y vigilancia tras su compromiso con el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria acerca del caso que concierne a John Christopher Cerna Zúñiga”, denuncia la ONU.
La intimidación asegura el informe afecta de forma desproporcionada a determinadas poblaciones y grupos, tanto de pueblos indígenas, defensores ambientales, discriminación por edad, orientación sexual y genéro.
Kehris dijo en la presentación del informe que “los riesgos que afectan a las mujeres víctimas, así como a las defensoras de los derechos humanos y a las constructoras de la paz, que comparten su testimonio y cooperan con la ONU siguen siendo desalentadoras.”
El Consejo de Derechos Humanos condenó todos los actos de intimidación y represalia, tanto en internet y como fuera del espacio virtual, por parte de actores estatales y no estatales y pidió al "Gobierno que impida, se abstenga y condene públicamente, investigue y castigue cualquier acto de intimidación o represalia".
Algo que preocupa a la organización es que a nivel mundial se incluyó el uso de legislaciones restrictivas que castiga o impide la cooperación de la ONU, en algunos casos condujo a largas penas de prisión o a personas en situación de arresto domiciliario o la autocensura.