ONU: Situación de Derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose

Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, denunció que en los últimos meses ha observado “que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose.”

El Alto Comisionado Cristian Salazar Volkman presentó un informe, con una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el año 2018.

El funcionario de la ONU reclama la urgente excarcelación de persona presas políticas y el respeto a sus derechos humanos. “La Oficina está particularmente preocupada por la continua detención arbitraria de al menos 195 personas en relación con la crisis sociopolítica. 50 de estas personas fueron encarceladas en el contexto electoral de 2021 y condenadas este año – en algunos casos hasta por 13 años de reclusión - sin un debido proceso. Al menos 29 de estas personas continúan privadas de libertad en un centro policial, en condiciones presuntamente inhumanas. A pesar de que algunas de las personas presas han podido por fin ver a sus hijos e hijas menores de edad, muchas continúan excluidas de este contacto desde hace más de un año.”

Salazar menciona que el deterioro de derechos humanos en Nicaragua abarca graves violaciones de los derechos civiles y políticos, la ausencia de un diálogo nacional, la profundización de la crisis política, y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional.

Para la ONU en su informe queda claro, que los Ortega Murillo han pretendido silenciar las voces críticas reduciendo los espacios cívicos. Las víctimas de este gobierno con acciones represivas de hostigamiento son defensoras de derechos humanos, periodistas, clérigos, personas conocidas como opositoras al gobierno.

En esta 51° sesión, el alto comisionado hizo una fuerte critica al gobierno de Ortega Murillo al que acusa de no cumplir con las recomendaciones emitidas por su oficina en período de Michelle Bachelet.

También denunció ataques contra la Iglesia católica, como el arresto de Monseñor Álvarez y el cierre de más de 13 medios radiales católicos en Sébaco y Matagalpa “La Policía informó que estaban siendo investigados penalmente por incitar al odio y a la violencia con el propósito de desestabilizar al Estado. Un juez extendió la detención del obispo y siete de estas personas por 90 días,” apunta Salazar.

El Alto comisionado de la ONU declaró que en Nicaragua hay restricciones a la libertad de expresión y de prensa, identificada en este informe, donde además se señala el exilio forzado de hombres y mujeres de prensa. “Con la clausura de al menos 20 estaciones de radio y televisión durante 2022, la mayor parte de ellas confesionales. Los ataques a la libertad de prensa han provocado que personal del principal diario del país se vea obligado a salir al exilio, sumándose a los 120 periodistas que lo han hecho desde 2018 según datos de la sociedad civil.”

La libertad de asociación figura en el informe de la ONU, apunta que los Ortega Murillo han cancelado la personalidad jurídica de 1.512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas asociaciones médicas, entidades asociadas a la Iglesia Católica y otras, sumando al menos 1.578 en los últimos cuatro años.

Para esta organización, es preocupante que en Nicaragua que está en vísperas de elecciones municipales, presente signos de una jornada carente de estándares internacionales en DDHH. “Existen serias preocupaciones sobre estas elecciones, por la ausencia de significativas reformas electorales y judiciales, como las recomendadas por la Oficina y otros mecanismos, para que las normas y prácticas vigentes en las próximas elecciones sean compatibles con estándares internacionales de derechos humanos.”

A su vez el Alto Comisionado, dijo que el número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses es preocupantes provocadas por las condiciones adversas de vida en el país. “el número de refugiados y solicitantes de refugio ascendió a 200,000 personas, tres cuartas partes de ellos en Costa Rica. El número de nicaragüenses interceptados por las autoridades fronterizas de los Estados Unidos de América ha pasado de 5.450 en 2020, a 84.055, en 2022.”

Para la ONU, el Dialogo Nacional es indispensable en Nicaragua, pero Daniel Ortega no cede a esa recomendación. “Un diálogo nacional significativo, inclusivo y participativo, es una de las vías más eficaces para resolver la actual crisis social, política y de derechos humanos.”

Al contrario, la reacción de Ortega ha sido de ofensiva, amplia. “Lamentablemente, en las circunstancias actuales, se lo ve como algo poco probable, al haber el Gobierno excluido a interlocutores relevantes, encarcelándolos u obligándoles a optar por el exilio.”

Daniel Ortega no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones extendidas desde el año 2018 por lo tanto “para poder avanzar en la búsqueda de soluciones, resulta fundamental que el gobierno reconozca y aborde las causas profundas de la crisis en el país.”

La procuradora general de Nicaragua Wendy Morales rechazo las consideraciones del Alto Comisionado, asegurando “se sigue prestando a una engañosa, infame y falsificada situación de los derechos humanos.”

Por su parte Vilma Núñez representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH, y al Federación Internacional de Derechos Humanos, denunció que al gobierno Ortega Murillo no le basta tener apresadas a hombres y mujeres presas políticas “su propósito es terminar con la sociedad civil independiente.”

Núñez también denunció “torturas agravadas” por el trato degradante a 27 personas presas políticas al exponerlos públicamente, para supuestamente una “audiencia informativa” que no está contemplada en el código procesal penal.

La defensora pidió Consejo de Derechos Humanos de la ONU, exhortar al gobierno que permita ingresar a los mecanismos de protección de DDHH y específicamente al Grupo de Expertos de la ONU para que corroboren el estado de más de 200 personas presas políticas.