En al menos una hora y media de discurso de Daniel Ortega, omitió mencionar las medidas que se están tomando para combatir el avance de la pandemia de Covid-19 en el país.
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En el discurso del 41 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista, esta tarde y en cadena nacional, Daniel Ortega no mencionó algunas de las medidas que se estén tomando para combatir el avance de la pandemia en el país, que según los mismos datos oficiales ya deja 91 muertes.
Rodeado de muy pocas personas Ortega y su esposa, en un acto distinto a años anteriores, se limitaron a mencionar datos de su «Buen gobierno», mencionando el incremento de al menos unos 15 mil trabajadores de salud en sus ya 13 años de gobierno.
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Con mascarillas de protección y mucha rigurosidad en el protocolo de la tarima donde se encontraba Ortega su esposa, el presidente de la Asamblea y varios altos mandos de ejercito y policía, con algunos de sus ministros, no así los asistentes es su mayoría jóvenes que aunque usando mascarillas algunos, no se les permitió la distancia entre si, aún cuando la pandemia esta en aumento en el país centroamericano.
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Ortega no Menciona las sanciones a su familia y allegados
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Este acto Ortega tampoco mencionó las recientes sanciones por parte de Estados Unidos a sus hijos quienes se suman a la larga lista de 25 funcionarios e instituciones públicas donde se incluye a 4 de sus hijos, el último de ellos Juan Carlos Ortega dueño de «Difuso», empresa que maneja medios de comunicación y publicidad estatal, a los que el tesoro de Estados Unidos acusó de «distribuir propaganda y lavar dinero», como se lee en el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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Los otros familiares de Ortega son la misma esposa y primera dama Rosario Murillo, su hermano Rafael Ortega quien maneja la empresa de vigilacia estatal, y su hermano Laureano Ortega quien se encarga de las negociaciones en países que quieran invertir en Nicaragua, todos ellos acusados junto a funcionarios públicos cercados al régimen de «violaciones de derechos humanos, crímenes contra el pueblo y lavado de dinero», se lee en los comunicados del tesoro estadounidense.
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