Mientras el régimen de Daniel Ortega, continúa eliminando organizaciones cristianas y oenegés que apoyaban a la niñez, a adolescentes, ancianos y mujeres, un grupo de ciudadanos chinos, recibió el día de ayer su personería jurídica, como Asociación de Chinos Residentes en Nicaragua.
La personería jurídica fue otorgada por el Ministerio del Interior (MINT), mediante el acuerdo ministerial 33-2024-OSLF, que fue publicado este martes 9 de julio en el diario oficial La Gaceta, como parte de la luna de miel que viven los regímenes de Nicaragua y China.
El acuerdo firmado por la ministra del Ministerio del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, detalla que la Asociación de Chinos Residentes en Nicaragua, «podrá conocerse de forma abreviada como (ADCREN), siendo esta asociación un Organismo sin fines de lucro, de duración indefinida y con dominio en Managua», señala textualmente el documento.
Coronel, detalla en el acuerdo ministerial, que la asociación de chinos residentes, solicitó la personalidad jurídica a la Dirección General de Registros y Control de Organismos sin Fines de Lucro y que al cumplier con los requisitos, procedió a otorgar la personería jurídica.
En La Gaceta, quedó en evidencia que tan solo 4 horas después de otorgar la personería jurídica a los chinos residentes, el régimen ordenó desaparecer de los registros a otras 12 oenegés entre ellas, Radio María, que operaba legalmente en el país desde el 13 de marzo del 2000.
También despojó de sus personería jurídica a la Asociación Colectiva de Mujeres de Masaya, Fundación Crisálida Internacional, Asociación Comité de Vínculo de Juigalpa, Asociación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua Fuente de Jacob, Club Deportivo de Caza y Xilotepelth de Carazo entre otras.
Hasta este 9 de julio del 2024 el régimen ha eliminado a 3632 oenegés, entre las que se encuentran organizaciones cristianas, de combatientes históricos sandinistas, asociaciones que trabajaban en pro de la conservación de la fauna silvestre y otras que brindan ayuda a las personas más desprotegidas del país.
Además de despojarles de su personería jurídica, la dictadura les han confiscado los bienes a las organizaciones canceladas.
