Representantes legales pidieron este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una condena contra Honduras por discriminación y negligencia en la investigación del asesinato de la mujer trans Leonela Zelaya, ocurrido en 2004 en un contexto de violencia hacia la población LGBTI.
«El Estado es responsable por el transfemicidio porque incumplió el deber reforzado de prevención frente a una situación de riesgo directamente atribuible a agentes del Estado», dijo en una audiencia ante la CorteIDH, Angelita Baeyens, representante de la víctima y de la organización Robert F. Kennedy Human Rights.
Baeyens afirmó que el Estado no investigó con la debida diligencia el crimen y que conocía la situación de riesgo en la que se encontraba la víctima y aún así no hizo nada para prevenir.
Leonela Zelaya, quien para la época de los hechos tenía 34 años, era una mujer trans, trabajadora sexual y quien vivía con VIH, y fue detenida y torturada por agentes policiales hasta en 6 ocasiones en el marco de la Ley de Policía y Convivencia Social, según la demanda contra el Estado.
El 6 de septiembre de 2004, Leonela salió a trabajar y en la madrugada del día siguiente, su cuerpo fue encontrado en la vía pública de la ciudad de Comayagüela.
En 2018 las autoridades judiciales hondureñas cerraron el caso al afirmar que se trató de un intento de robo cometido por otra mujer trans, quien murió en 2007.
La coordinadora de la Red Lésbica Catrachas, Indira Mendoza, denunció en la audiencia ante la CorteIDH la existencia de un contexto de «estigma hacia personas con VIH, especialmente para mujeres trans y gais» y con una «sociedad influenciada por discursos moralistas y religiosos» y campañas de odio y criminalización hacia la población LGBTI.
«El transfemicidio de Leonela no fue un caso aislado, es parte de una estructura de persecución y asesinato que refleja el desprecio institucionalizado hacia las personas sexogénero diversas», dijo Mendoza, quien agregó que desde 2004 han sido asesinadas en Honduras 546 personas LGBTI.
El Estado reconoce parcialmente su responsabilidad
El procurador general de Honduras, Manuel Antonio Díaz, hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado por la discriminación que sufrió la víctima, pero negó cualquier responsabilidad en la violación al derecho a la vida y afirmó que las detenciones de Zelaya estuvieron apegadas al marco legal.
«El homicidio no era previsible por el Estado. El crimen específico no se encuadraba en un patrón de violencia predecible que las autoridades pudieran haber anticipado y prevenido. El homicidio fue resultado de un acto criminal aislado perpetrado por una persona particular en un intento de robo», aseguró.
El reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado se circunscribe a la vulneración a los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, personalidad jurídica, protección de la honra, la dignidad, libertad de expresión, derecho al nombre e igualdad ante la ley.
«Si bien las investigaciones identificaron a la persona autora, reconocemos que no fueron llevadas en un plazo razonable», expresó Díaz, quien agregó que «es evidente que en el contexto de los hechos Leonela sufrió prácticas discriminatorias basadas en su identidad de género».
Tras la audiencia de este martes, las partes deberán entregar sus alegatos finales por escrito en un plazo de un mes, y en los siguientes meses la CorteIDH emitirá un fallo.
