Por: Redacción Intertextual/ ,contacto@intertextualcr.com
Este pasado 15 de julio, La Relatora Especial Para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció y condenó la ola de represión contra periodistas y medios de comunicación en Nicaragua.
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“La Relatoría urge al Estado a cesar la persecución, intimidación y hostigamiento contra la prensa independiente que informa sobre asuntos de interés público, incluyendo la crisis de derechos humanos, y a restablecer las plenas garantías para ejercer el derecho a la libertad de expresión” dicta RELE.
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Operativos policiales en residencias de periodistas e instalaciones de comunicación, allanamientos, confiscaciones de medios, decomiso de equipos de trabajo, desplazamiento y exilio forzado de periodistas son las denuncias que este mes de julio, ha recibido la organización Internacional.
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Según RELE el objetivo del Estado de Nicaragua es, “silenciar a la prensa y controlar cualquier discurso que cuestione y contradiga las voces oficiales, socavando las garantías básicas para el ejercicio de las libertades fundamentales.”
Colaboradores del Diario La Prensa ha sufrido persecución, “la noche del miércoles 6 de julio, dos de sus reporteros habrían sido detenidos de forma arbitraria y posteriormente trasladados a la prisión del nuevo Chipote, sin constatarse el cumplimiento de garantías judiciales”. El medio informativo nicaragüense, denunció que la detención por parte del gobierno Ortega Murillo, fue por dar cobertura a la expulsión de la orden religiosa Misioneras de la Caridad de Nicaragua, tras la cancelación de su personería jurídica.
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La Prensa que ahora es digital tras su cierre y allanamiento, demandó al gobierno Ortega Murillo que “respete las leyes”, “libere a los detenidos” y “cese la persecución contra el personal del Diario” pues “solo ejercen su trabajo, sin cometer delito alguno.”
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RELE, también denunció el cierre y confiscación de Trinchera de la Noticia, el medio fue cerrado supuestamente, “por perturbar la paz social y negarse a presentar la información en el tiempo establecido o presentarla de forma incompleta o inexacta”, así notificó la resolución del Poder Judicial que disolvió la entidad. La represión ha atemorizado al menos tres medios de comunicación en Nicaragua, “habrían recortado su cubrimiento de temas políticos a raíz de amenazas del gobierno con cerrarlos”, añade la organización internacional.
La Relatoría expone preocupación ante la ola represiva que hay contra mujeres periodistas nicaragüenses, “quienes se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad ya que además de los mencionados ataques por el ejercicio de su labor periodística también se ven afectadas de forma desproporcionada y son blanco de represalias por razón de género.”
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RELE urge al Estado respete el derecho de las y los periodistas a informar “es deber del Estado promover, respetar y garantizar el derecho de todas las personas a expresar sus opiniones o ideas por cualquier medio y sin miedo a ser perseguidos, sancionados o estigmatizados por ello; a participar en el debate público para fomentarlo y enriquecerlo; y a acceder a la información relevante para ejercer el control político que hace posible una verdadera democracia.”
Ante esta situación alarmante en Nicaragua contra hombres y mujeres de Prensa. La Red de Defensa Jurídica a través de las organizaciones que lo representan, condenaron las acciones represivas del régimen Ortega Murillo contra el periodismo independiente de Nicaragua.
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El comunicado amplio la situación de las dos personas detenidas del diario la Prensa (Los conductores) les fue impuesto “90 días de prisión de forma arbitraria inconstitucional.” Las organizaciones repudiaron están detenciones alegando “son personas inocentes.”
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La Red de Defensa Jurídica exige la libertad inmediata para las y los periodistas que sufren tratos crueles en la cárcel conocida como el Chipote, y demanda el cede de cualquier acción que ponga en riesgo la integridad de las personas detenidas recientemente y de las más de 180 personas presas políticas.
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El Observatorio que desarrolla Voces del Sur en su Informe de Violaciones a la Libertad de Prensa en el mes de junio señaló su preocupación ante las acciones restrictivas del gobierno de Nicaragua en contra de la prensa independiente, incluida la negativa de coberturas de accidentes de tránsito.
Voces del Sur documentó 7 alertas y dio seguimiento a 2 alertas generadas en 2021; en total se documentaron 67 casos de violaciones a la Libertad de Prensa.
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Por otro lado, La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, advirtió en un comunicado del deterioro de salud de seis periodistas presos políticos en Nicaragua, entre ellos una mujer, a quienes se les enjuició y condenó entre 9 a 13 años de prisión; en juicios “sin debido proceso y por delitos inexistentes”, denunciaron sus familiares y abogados.
Los casos denunciados por SIP son: Miguel Mora propietario y director de 100{892cad0b127ef142e77471cb5025c1b16681a59196539fe701cc23e545f8dc41} Noticias exaspirante a la presidencia en Nicaragua, Miguel Mendoza cronista deportivo y agremiado de Periodistas y Comunicadores Independiente (PCIN); Jaime Arellano, comentarista positivo; Cristiana Chamorro, exdirectora de Fundación Violeta Barrios de Chamorro exaspirante a la presidencia de Nicaragua, Pedro Joaquín Chamorro Político y directivo de la Prensa y Juan Lorenzo Hollman directivo de la Prensa.
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El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, responsabilizaron al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por el deterioro de la salud de los periodistas. “Los hacemos responsables ante la comunidad internacional por lo que les pudiera suceder, tanto a ellos como al resto de los presos políticos”.
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Canahuati, quien también es presidente del Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, instaron a las asociaciones regionales e internacionales de prensa, organismos multilaterales y a un grupo de embajadores latinoamericanos ante la OEA, denominado Amigos de la Libertad de Expresión y el Periodismo, “a mantener en la agenda pública el caso de Nicaragua, para demostrar solidaridad con los periodistas nicaragüenses y sus familiares, y demandar su liberación”.
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Esta organización expresa su respaldo total a Nicaragua, la organización asegura, “Nicaragua será uno de los asuntos principales de la asamblea general de la SIP, a realizarse en Madrid, España, del 27 al 30 de octubre. La SIP también pide a sus socios publicar en sus redes los perfiles de los periodistas presos para generar mayor conciencia sobre el tema.”
