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Reelección en Nicaragua es contraria a principios de la democracia representativa


Elecciones en Nicaragua, busca perpetuar a Daniel Ortega en el poder “mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural”, señala la CIDH.

Por: Redacción Intertextual

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este 28 de octubre de 2021, el informe "Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua" que aborda la grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, en un contexto de completo debilitamiento del Estado de derecho y de un profundo deterioro en materia de derechos humanos, de cara a las próximas elecciones generales a celebrarse el 7 de noviembre.



Según el informe, la concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial. Es decir “todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo”. Este año, la CIDH constató represión a través de la detención arbitraria y criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 personas precandidatas a la Presidencia. En ese sentido, la CIDH ha emitido 32 resoluciones de medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría, defensoras, líderes de opinión y/o opositoras al Gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales, asegura.


Otra represalia por el gobierno de Ortega es la cancelación de personerías jurídicas de 3 partidos políticos y el continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente. Según la organización internacional estas acciones, son premeditadas por el Gobierno Ortega Murillo para “perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural”.



El proceso de concentración del poder en el Ejecutivo se intensificó en el año 2007 al asumir la presidencia Daniel Ortega, y se consolidó a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018. Permitiendo la materialización de concertación mediante el concurso de diferentes instituciones estatales, como la Asamblea Nacional, las instituciones del Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral, así también por la falta de órganos de control independientes e imparciales, señala el organismo.


La creación de una serie de reformas en materia electoral, sucesivas hasta el 2021, y creación de leyes han restringido la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos.

Esta sería la tercera vez consecutiva que Daniel Ortega se reelige. La reelección estaba prohibida según la Constitución Política, pero posteriormente reformada para dar cavidad a los antojos del gobernante de Nicaragua. En la reciente Opinión Consultiva OC-28-21 "La figura de la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", la Corte IDH estableció que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, dice el informe.


Tal como lo ha reiterado en numerosos informes y comunicados de prensa, para la CIDH, el Poder Judicial de Nicaragua carece de independencia e imparcialidad. “La designación de personas de afiliación partidista y cercanas al Ejecutivo en el Ministerio Público ha significado la progresiva pérdida de su independencia y autonomía mediante su instrumentalización a los intereses del gobierno, conforme se observa claramente en los hechos ocurridos este año”.


Así mismo, todo el control de los organismos e instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como la Policía Nacional, el Ejército y la creación de aparatos de control y vigilancia de la ciudadanía como los Consejos de Poder Ciudadano (CPC). Esto quedó en evidencia en la represión estatal a las protestas sociales iniciadas en 2018 y conforme lo ha reiterado la CIDH en sus diversos informes y comunicados de prensa en los últimos años.


En el marco de la grave crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018 y el profundo deterioro de la institucionalidad democrática que afecta al país, las elecciones generales de noviembre de 2021 representaban para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un período transicional para lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, así como la garantía del derecho a la memoria, verdad y el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia estatal. Sin embargo, todas las medidas arbitrarias adoptadas por el Ejecutivo y en particular las ejecutadas el presente año dan cuenta que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas.


Según la CIDH en este último informe, el desafío de Nicaragua es el restablecimiento de las garantías y libertades fundamentales de un Estado democrático de derecho que permitan retomar la democracia representativa y participativa y la separación efectiva de los poderes. Para ello se debe garantizar condiciones para que las elecciones sean justas, libres y transparentes, conforme a los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana.

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