Régimen Ortega Murillo ocupado en la represión mientras unas mujeres sufren violencia en casa

Sin una legislación sólida, sin instituciones fortalecidas para el acompañamiento integral de las mujeres víctimas y sin organizaciones de la sociedad civil que las apoyen en los territorios dónde sufren violencia, no será posible frenar los femicidios, advierten activistas nicaragüenses.

Las integrantes de organizaciones que trabajan para reducir la violencia contra las mujeres, señalan que en consecuencia, habrá más impunidad. De acuerdo al seguimiento de las activistas, desde enero hasta finales de mayo de este año, se registraron 37 femicidios y se estima que al finalizar estos 12 meses, la cifra podría superar a las del año pasado, cuando se reportaron al menos 52 femicidios.

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El gobierno sandinista ha implementado planes dispersos como la famosa cartilla de prevención de femicidios que según feministas consultadas, no es suficiente para detener la ola de violencia.

María Teresa Blandón, socióloga y defensora de derechos humanos, considera que la tendencia este año es hacia el incremento de la violencia contra las mujeres. “No podemos ver el femicidio alejado o separado de esta forma de violencia cotidiana, de los insultos, del acoso, de la violación, de la violencia física y psicológica, incluso de la explotación de las mujeres”, comentó. 

Considera que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, carece de una estrategia para abordar de forma integral y sostenida la violencia contra las mujeres y las niñas, pues no tiene voluntad política, ni disposición “para atender de raíz el problema”.

Mujeres : 17 años y de mal en peor 

Las defensoras de los derechos de la mujer recuerdan que este régimen ha cumplido 17 años en el poder, que controla todos los poderes del Estado, administra como quiere los recursos públicos, los medios de comunicación que apenas sobreviven  y el sistema educativo. Lo controla todo.  

“Cada vez que hay denuncias, cada vez que sacamos los datos de femicidio, la señora Rosario Murillo sale con una nueva idea desconectada de todo: un día es la cartilla, otro día es que pusieron unos kioscos electrónicos que la gente ni sabe manejarlos, pero nada efectivo”, señala Blandón. 

“Otro día es que ahora sí están abriendo las Comisarías (de la Mujer) pero nadie sabe cómo funcionan porque la gente no llega, porque no tienen personal capacitado, porque eso que ellos llaman Comisaría, es una oficial de policía detrás de un escritorio que recibe denuncias a veces sí a veces no, que no sabe cómo procesarla, que ni siquiera conoce la Ley 779”, critica Blandón. 

Sobre la Ley 779 recordó que los votos de este régimen apoyaron en  su “debilitación profunda” primero y en la forma en que la administran después.  “Originalmente se decía que era para proteger la vida, la libertad, la integridad de las mujeres y las niñas, luego a la señora (Rosario) Murillo se le ocurrió que eso no era correcto y entonces puso que era para proteger a la familia”, explicó la activista. 

“Más recientemente dijo (Murillo) que eso es una tarea del Ministerio de la Mujer pero han cambiado más de 10 titulares, o sea que ni siquiera tienen presupuesto. ¿Cómo puede asignarle a un ministerio sin presupuesto la tarea complejísima de atender la violencia, machista? O sea, no hay una estrategia, sino no habría este incremento de violencia, que insisto no solo son los femicidios”, alertó. 

Miran a otro lado 

Blandón asegura que el problema de la violencia contra la mujer es un tema muy complejo, pero se agudiza aún más, cuando el Estado se pone de espaldas a las necesidades de las víctimas. 

“En este caso, las víctimas directas de esta violencia son las mujeres, son las niñas y también son los niños, porque un niño que crece en un hogar violento va a crecer con unos ciertos traumas, pero también va a tener mayores riesgos de reproducir esa violencia que sufrió desde la desde la infancia”, dijo la socióloga. 

Considera Blandón que lo urge en Nicaragua es una estrategia estatal que integre un componente de prevención, uno de protección de las víctimas y un componente de justicia. “Esto último tampoco hay, aunque existan tribunales que dicen ser especializados porque hay muchos agresores de mujeres que andan libres, que no son sancionados o que eventualmente los condenan, pero después los sacan libres y eso también supone un incremento de los riesgos que enfrentan las mujeres”, remarcó.  

Medidas regresivas

Wendy Flores, abogada del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, considera que Nicaragua ha adoptado “medidas regresivas” para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, recordando el caso del femicidio de Dina Alexandra Carrión González, ocurrido en el 2010.

En estos momentos, el Colectivo acompaña este caso que se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el próximo 3 de julio, habrá una audiencia en la que se demanda al Estado de Nicaragua. 

Flores considera que “el tema de la violencia contra las mujeres no se está abordando adecuadamente, no hay una legislación fuerte, no hay instituciones fortalecidas para el acompañamiento integral, tampoco organizaciones de sociedad civil que realicen este monitoreo y control social dentro del país para acompañar a las víctimas”.

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Por ello, estima que la consecuencia directa será la impunidad en estos casos. “El aumento del femicidio es otra de las consecuencias debido a que es la última etapa prácticamente de estos ciclos de violencia, es decir, son ciclos tan repetitivos que llega un momento en que el agresor termina matando a la mujer que por años, ha venido sufriendo de violencia en el silencio o en la impunidad”, alertó.  

A su juicio, el régimen Ortega-Murillo no solamente es opresor “en relación y en términos de persecución de derechos civiles y políticos, sino que también es un régimen machista que se ensaña con la negativa de adoptar medidas de protección, que se ensañan en contra de los derechos de las mujeres para garantizarles la vida, para garantizarles la justicia”, acusó.  

Mayo violento

El pasado 8 de mayo, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció la puesta en marcha de un Plan Especial en el que mencionó que el Instituto de la Mujer y las Comisarías de la Mujer trabajarían juntos “para incidir más en la vida cotidiana” y reducir la violencia contra las mujeres.  

“Según los dictámenes de Medicina Legal, entre 2008 a 2013 en las Comisarías de la Mujer reportaban entre 30 mil a 34 mil casos de violencia al año, ahora estas cifras han disminuido hasta en 5.042 en el 2022. ¿Pero qué pasa? Que ahora lo que se califica como violencia dentro de la familia, no la maneja el Estado con aquella perspectiva de protección a las mujeres, sino como dentro de la familia y esto significa que no es registrada como violencia contra ellas, pero en Nicaragua la violencia no ha desaparecido, la violencia permanece, pero permanece cada vez más silenciada”, dijo Flores.

Casi a diario, la vocera gubernamental anuncia la inauguración de una nueva comisaría de la Mujer en el país, pero son las mismas que cerró en el 2016. Desde esa época para acá, los crímenes contra ella y la violencia, se han disparado a niveles de ser considerada una pandemia para las organizaciones feministas. 

El último caso fue más que estremecedor. Se trata del crimen de Santos del Socorro Salgado, de 56 años, cuyo cuerpo quemado, fue encontrado el 24 de mayo en un predio en Sébaco, Matagalpa. Como autor de la brutal agresión fue detenido Alfonso Leiva Centeno, pero oficialmente no se conocen más detalles de este caso.

Otros casos 

El 6 de mayo, el hondureño Licar Michel Bonaparte mató a su cuñada Jhoysi Panting López, de 27 años, e hirió gravemente a su pareja Aracely Panting López, de 29 años. El ciudadano murió horas después tras sufrir una golpiza de pobladores que tomaron la justicia en sus manos.

Y el 4 de mayo se reportó el femicidio de Solki Thompson Leman, de 20 años, quien fue encontrada flotando en un río de la comunidad Kruwarban, en Puerto Cabezas, Región Autónoma del Caribe Norte. En medios locales, se informó que el cadáver había sido cortado a machetazos y que su agresor se encontraba prófugo.

Antes, en la Costa Caribe Sur,   el 1 de mayo, Yolanda Isabel Rugama Angulo, de 24 años, fue asesinada a machetazos presuntamente por su compañero Engel Francisco Pérez González, de 24 años, en la comunidad Las Delicias, Bocana de Paiwas, Costa Caribe Sur. 

Niveles alarmantes

El 23 de mayo, la Coalición Nicaragua Lucha (CNL) denunció “los niveles alarmantes de violencia de género en Nicaragua, donde tan solo en el mes de mayo se cometieron al menos 10 asesinatos, y en lo que va del 2024, 37 feminicidios”.

Destacaron que según datos del observatorio Católicas por el Derecho a Decidir, “más de 6 mil mujeres recibieron peritaciones médicos legales de lesiones físicas por violencia dentro de la familia, acorde con el Instituto de Medicina Legal (IML)”.

“Desde la Coalición resaltamos que estas violencias no son hechos aislados, son el resultado de condiciones estructurales, normas sociales y patrones culturales que muestran un arraigado sistema de dominación patriarcal. Esta situación es exacerbada por la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua en los últimos seis años”, divulgó el organismo en su red social. 

Aseguraron que “esos niveles de abusos sistematicos, incrementa la violencia de género y expone a las mujeres a mayores niveles de discriminación, exclusión y diversas manifestaciones de violencia directa y política, siendo el Estado autoritario de Ortega y Murillo el principal perpetrador”, indicaron.

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