¿»Beneficiarios»? ¿»Ayudas»? Descolonizar la cooperación empieza por el lenguaje

29-07-2026.

Por: Brisa Bucardo / Revista Indígena Prahaku.


– Hace un tiempo recibí una invitación que decía: «Ven a celebrar el Día Mundial de las Personas Refugiadas».

La leí varias veces. Recuerdo que me detuve en una sola palabra: celebrar. ¿Celebrar qué exactamente? ¿El exilio? ¿La persecución política? ¿La pérdida del hogar? ¿La imposibilidad de regresar al país donde crecimos? ¿El duelo permanente que muchas personas cargamos desde el día en que tuvimos que huir?

No creo que quien redactó esa invitación lo hiciera de mala fe. Probablemente creyó que estaba organizando un espacio de reconocimiento o de convivencia. Pero precisamente ahí comprendí, una vez más, por qué sigue siendo necesario hablar de descolonizar la cooperación internacional. Muchas de las prácticas coloniales que persisten dentro de la cooperación ya no se sostienen desde una voluntad explícita de dominación. Se sostienen porque se han normalizado. Porque las repetimos tanto que dejamos de preguntarnos qué implican, desde dónde hablan y qué relaciones de poder continúan reproduciendo.

Cuando el sociólogo peruano Aníbal Quijano desarrolló el concepto de colonialidad del poder, explicó que el colonialismo no desapareció con las independencias de los países colonizados. Sobrevivió bajo nuevas formas, reproduciendo jerarquías que siguen definiendo quién produce conocimiento, quién tiene legitimidad para decidir, qué saberes se consideran válidos y quién permanece en los márgenes. La colonialidad, en otras palabras, no es el pasado; es una estructura que continúa organizando el presente.

Algo similar ocurre con la cooperación internacional. Cada vez que se plantea la necesidad de descolonizarla aparecen argumentos repetitivos. Se dice que el sistema es demasiado complejo, que las organizaciones también están sujetas a las condiciones impuestas por los financiadores y que muchas decisiones se toman muy lejos de quienes implementan los proyectos, incluso de las personas donde llegan en proyectos. Todo eso es cierto. También es cierto que la cooperación internacional no es la misma que hace cincuenta años. Durante décadas funcionó bajo una lógica profundamente vertical, donde unos daban y otros recibían, y el desarrollo se concebía como un conocimiento que debía viajar desde quienes supuestamente sabían hacia quienes supuestamente necesitaban aprender.

Sin embargo, esa forma de entender la cooperación comenzó a ser cuestionada desde los propios territorios. Movimientos indígenas, organizaciones afrodescendientes, feministas, organizaciones comunitarias y personas académicas denunciaron que el problema nunca había sido únicamente la distribución de los recursos. También era la distribución del poder. Gracias a esas disputas hoy la cooperación habla de participación, liderazgo local, justicia global, derechos humanos y horizontalidad. Ese cambio no ocurrió porque el sistema decidiera transformarse espontáneamente, sino porque quienes durante décadas fueron tratados como simples receptores comenzaron a disputar el lugar desde el cual se les nombraba, representaba o escuchaba. 

Aun así, tengo la impresión de que una parte importante del debate sigue concentrándose casi exclusivamente en la gobernanza de los fondos. Discutimos quién financia los proyectos, quién administra los recursos, cómo se distribuyen los presupuestos o qué porcentaje llega finalmente a las organizaciones locales. Son discusiones indispensables, pero mientras toda nuestra atención permanece puesta en la arquitectura financiera de la cooperación, seguimos prestando muy poca atención a otro espacio donde la colonialidad continúa reproduciéndose todos los días: las prácticas cotidianas.

El colonialismo en la cooperación no vive únicamente en los fondos. También habita el lenguaje, las imágenes, las narrativas, las categorías administrativas, la forma en que representamos a las personas y las pequeñas decisiones que tomamos cada día sin detenernos a pensar qué relaciones de poder siguen sosteniendo. Porque el poder no solo se distribuye mediante el dinero; también se distribuye a través de las palabras. La forma en que nombramos a las personas termina definiendo quién aparece como sujeto político y quién queda reducido al papel de receptor, quién tiene legitimidad para producir conocimiento y quién únicamente aporta testimonios, quién participa en la toma de decisiones y quién es invitado únicamente cuando hace falta contar una historia de vida.

Por eso creo que una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos dentro de la cooperación no es únicamente quién financia un proyecto, sino cómo seguimos nombrando a las personas con las que trabajamos. Esa pregunta, que parece menor, revela una parte importante de las relaciones de poder que todavía atraviesan la cooperación internacional.

Quienes trabajamos en organizaciones sociales solemos repetir determinadas expresiones sin detenernos demasiado a pensar en ellas. Beneficiarios, ayudas, colectivos vulnerables, empoderamiento, acogida, capacitación o intervención forman parte del vocabulario cotidiano de informes, proyectos, convocatorias y campañas institucionales. Las utilizamos con tanta frecuencia que parecieran neutrales. Sin embargo, ninguna palabra es inocente. Las palabras construyen imaginarios y los imaginarios terminan influyendo en la manera en que diseñamos proyectos, distribuimos recursos, definimos prioridades y entendemos el cambio social.

Cuando una organización llama “usuaria o beneficiaria” a una persona, no está utilizando únicamente una categoría administrativa. Está definiendo una relación política. Existe alguien que beneficia y existe alguien que recibe ese beneficio. Uno ocupa el lugar activo; el otro queda situado como receptor pasivo. La diferencia parece pequeña, pero no lo es. Las palabras no solo describen la realidad; también organizan la forma en que esa realidad será comprendida. Si una persona es presentada como beneficiaria, resulta perfectamente lógico que no participe en el diseño del proyecto. Si es reconocida como lideresa comunitaria, experta territorial o socia política, esa exclusión comienza a parecer mucho más difícil de justificar.

Algo similar ocurre con la palabra “ayuda”, quizá uno de los términos más utilizados dentro de la cooperación. Hablamos constantemente de ayudas sociales, programas de ayuda, entrega de ayudas o personas que reciben ayuda. En apariencia se trata de una expresión positiva, asociada con la solidaridad. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en el lugar que ocupa quien recibe esa ayuda. Porque una cosa es que cualquier persona pueda necesitar apoyo en un momento determinado y otra muy distinta es que esa condición termine convirtiéndose en la identidad desde la cual será definida durante años.

Una mujer deja de ser periodista, agricultora, defensora del territorio o lideresa comunitaria para convertirse en una beneficiaria. Un hombre deja de ser maestro, pescador o dirigente social para transformarse en usuario de un servicio. Una persona refugiada deja de ser abogada, artista, profesora o investigadora para ser presentada únicamente como alguien que recibe ayuda. En ese pequeño desplazamiento también desaparecen sus conocimientos, su trayectoria, su experiencia y su capacidad de decisión. Como si todo aquello que existía antes del desplazamiento, del exilio o de la migración hubiera dejado de importar.

Lo he visto muchas veces en Europa. Personas migrantes, refugiadas y exiliadas llegan con años de experiencia profesional, con títulos universitarios, con liderazgo político, con conocimientos comunitarios construidos durante décadas. Sin embargo, al ingresar a muchos programas de acogida, esos saberes parecen desaparecer. La primera pregunta no suele ser qué experiencia traen consigo o de qué manera podrían aportar a la sociedad que las recibe. Con demasiada frecuencia la conversación comienza preguntando qué necesitan, qué servicio requieren o para qué empleo de baja cualificación podrían adaptarse con mayor rapidez. Se parte de la carencia y no de las capacidades existentes. El problema no es ofrecer apoyo; el problema aparece cuando la relación se construye exclusivamente desde la dependencia y cuando la experiencia previa deja de tener valor simplemente porque fue construida fuera de Europa.

Esa misma lógica aparece cuando hablamos de «colectivos vulnerables», una expresión profundamente instalada en la cooperación internacional y en los servicios sociales. La escuchamos en convocatorias, proyectos, informes y estrategias institucionales sin detenernos a pensar en el peso político que tiene. El problema no es únicamente la palabra; es la forma en que termina definiendo a las personas.

Cuando decimos que trabajamos con colectivos vulnerables, la vulnerabilidad aparece como una característica inherente a quienes forman parte de ese grupo, como si fuera una condición natural de su existencia. Sin embargo, nadie nace vulnerable por pertenecer a un pueblo indígena, por ser una persona refugiada o por verse obligada a migrar. La vulnerabilidad no es una identidad. Es el resultado de relaciones históricas de desigualdad, violencia, racismo, persecución política, despojo territorial o discriminación.

La diferencia puede parecer sutil, pero cambia completamente la forma de entender la realidad. Yo no soy una mujer indígena exiliada porque pertenezco a un «colectivo vulnerable». Soy una persona cuyos derechos fueron vulnerados por un régimen político que obligó a miles de personas a abandonar su país. Nombrar esa diferencia no es un ejercicio de corrección política. Es devolver la responsabilidad a quienes la tienen. Porque cuando convertimos la vulnerabilidad en una característica de las personas, dejamos de preguntarnos quién produjo esas condiciones y quién sigue beneficiándose de ellas.

Algo parecido ocurre con una palabra que durante años ha ocupado un lugar central dentro de los proyectos de género y desarrollo: empoderar.

El concepto tiene un origen profundamente político y está vinculado a las luchas feministas y comunitarias. Sin embargo, con el tiempo comenzó a utilizarse de una manera cada vez más paternalista. Decimos que vamos a empoderar a mujeres migrantes, empoderar comunidades o empoderar juventudes, como si el poder fuera un recurso que las organizaciones pudieran entregar desde afuera.

Pero el poder no se dona. El poder se disputa.

Se construye, se ejerce y se recupera.

Las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las defensoras del territorio, las mujeres refugiadas o las lideresas comunitarias no comenzaron a tener capacidad de decisión el día en que un proyecto llegó a su comunidad. Muchas llevan décadas sosteniendo procesos organizativos en condiciones extremadamente adversas. Lo que necesitan no es que alguien les entregue poder, sino que dejen de colocar obstáculos para ejercer el que ya tienen.

Lo mismo sucede con otra palabra aparentemente inocente: capacitar.

Cuando hablamos de capacitación solemos asumir que el conocimiento viaja siempre en una sola dirección. Desde la universidad hacia la comunidad. Desde el experto hacia el territorio. Desde quien financia hacia quien recibe. Muy pocas veces nos preguntamos qué conocimientos existen ya en esos espacios, qué soluciones han construido las propias comunidades o cuánto podría aprender la cooperación si dejara de relacionarse con los territorios únicamente desde la lógica de la enseñanza.

Reconocer los saberes locales no significa rechazar el conocimiento académico o técnico. Significa comprender que existen múltiples formas legítimas de producir conocimiento y que las soluciones más sostenibles suelen construirse cuando esos saberes dialogan en condiciones de igualdad. Sin embargo, la cooperación todavía mantiene una enorme dificultad para reconocer ese diálogo. Sigue privilegiando la voz del experto sobre la experiencia de quienes viven diariamente las realidades que se pretende transformar.

El extractivismo narrativo que vende

Esa misma lógica aparece cuando las organizaciones hablan de dar voz a quienes no tienen voz.

Cada vez que escucho esa expresión me pregunto: ¿de verdad creemos que esas personas nunca tuvieron voz?

Las comunidades indígenas nunca dejaron de hablar. Las personas refugiadas nunca dejaron de contar su historia. Las mujeres nunca dejaron de denunciar las violencias que enfrentaban. Lo que históricamente ocurrió fue otra cosa: hubo quienes decidieron no escucharlas.

Por eso no necesitamos dar voz.

Necesitamos dejar de ocupar el espacio desde el cual otros hablan por ellas.

Si el lenguaje construye relaciones de poder, las imágenes hacen exactamente lo mismo.

Durante años, la cooperación internacional ha construido buena parte de su comunicación alrededor del sufrimiento. Basta revisar campañas institucionales, informes para financiadores o materiales de sensibilización para encontrar patrones que se repiten una y otra vez: niñas llorando, cuerpos marcados por la violencia, comunidades fotografiadas únicamente desde la pobreza, personas refugiadas convertidas en símbolo permanente de la pérdida.

La pregunta incómoda es inevitable.

¿En qué momento aceptamos que el dolor debía convertirse en el principal argumento para movilizar solidaridad?

No se trata de negar el sufrimiento ni de ocultar las violencias. Se trata de preguntarnos ¿por qué tantas veces la única forma de hacer visible una realidad consiste en reducir a las personas a aquello que les ocurrió?.

Con demasiada frecuencia las campañas muestran la precariedad, pero invisibilizan la organización comunitaria. Hablan de necesidades, pero silencian las resistencias. Presentan víctimas, pero rara vez muestran lideresas. Documentan el dolor, pero casi nunca cuentan las estrategias que las comunidades han construido para sobrevivir, organizarse y transformar sus propios territorios.

Esa forma de comunicar también produce conocimiento. También construye imaginarios. También decide quién merece ser visto y desde qué lugar será recordado.

Recuerdo una conversación con una compañera refugiada que sobrevivió a la mutilación genital femenina. Me dijo algo que desde entonces no he podido olvidar: «Quiero contar mi historia. Lo que no quiero es que otros la cuenten por mí.»

Esa frase resume una de las tensiones más profundas de la cooperación internacional.

El problema nunca ha sido que las personas compartan sus experiencias.

El problema aparece cuando dejan de ser autoras de su propia narrativa para convertirse en materia prima de la narrativa institucional.

Cuando sus historias se transforman en insumos para campañas de sensibilización, informes para financiadores o presentaciones públicas sin que ellas conserven el control sobre cómo serán contadas, en qué contexto aparecerán o quién obtendrá legitimidad a partir de ellas.

A eso podríamos llamarlo extractivismo narrativo.

Del mismo modo que el extractivismo económico extrae recursos de un territorio para generar riqueza en otro lugar, el extractivismo narrativo extrae historias, memorias, dolores e incluso identidades para producir financiación, legitimidad institucional o reconocimiento público. La diferencia es que aquí la materia prima no son minerales ni recursos naturales. Son experiencias humanas.

Para una organización puede tratarse de un testimonio que fortalece un informe, para una campaña institucional puede ser una fotografía poderosa, para un financiador puede convertirse en evidencia del impacto del proyecto, pero para quien comparte esa historia sigue siendo su vida. Y esa diferencia nunca debería olvidarse.

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