24-09-2026.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a diez personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, al considerar que enfrentan una situación de gravedad y urgencia y que sus derechos a la vida e integridad personal podrían sufrir un daño irreparable. La decisión fue adoptada el 20 de septiembre mediante la Resolución 73/2026 y divulgada oficialmente este 24 de septiembre.
Las personas beneficiarias son Aníbal Enrique Toruño Jirón y su familia, Hanssel Manuel Vásquez Ruiz, Tania Jeanneth López Rodríguez, Amaru Ruiz Alemán, Eliseo Fabio Núñez Morales y su núcleo familiar, además de una persona periodista nicaragüense cuya identidad permanece reservada por razones de seguridad.
Foto: Manuel Pérez.
CIDH advierte sobre riesgos vinculados con represión transnacional
Según la solicitud analizada por la Comisión, las personas beneficiarias enfrentan amenazas, actos de violencia y una alerta de seguridad relacionada con sus vidas. Estos hechos fueron vinculados por quienes solicitaron las medidas con presuntos actos de represión transnacional atribuida al Gobierno de Nicaragua.
La CIDH valoró las actuaciones realizadas por el Estado costarricense y reconoció que existen mecanismos institucionales de protección. Sin embargo, concluyó que no cuenta con elementos suficientes para confirmar que el riesgo haya sido efectivamente mitigado y determinó que las personas continúan necesitando medidas adecuadas a sus circunstancias particulares.
Costa Rica, por su parte, manifestó ante la Comisión su respeto al mecanismo de medidas cautelares y defendió que las autoridades nacionales han actuado de manera diligente y de buena fe. También sostuvo que existen recursos institucionales disponibles para responder a las situaciones denunciadas y cuestionó que se cumplieran todos los requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.
CIDH pide evaluar individualmente el riesgo
Como parte de la resolución, la Comisión solicitó a Costa Rica realizar una evaluación integral e individualizada del riesgo de cada persona beneficiaria, teniendo en cuenta las causas que originan las amenazas, sus circunstancias particulares y el trabajo que desempeñan.
La CIDH también pidió que las medidas de protección sean concertadas con las personas beneficiarias y que permitan que continúen desarrollando sus actividades profesionales, periodísticas, sociales o de defensa de derechos humanos en condiciones de seguridad.
Además, solicitó al Estado informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron origen a las medidas cautelares y prevenir su repetición. La resolución aclara que el otorgamiento de estas medidas no implica una determinación anticipada sobre una eventual responsabilidad internacional de algún Estado.
Exilio nicaragüense bajo nuevas alertas de seguridad
La decisión se produce en medio de crecientes denuncias sobre riesgos para personas nicaragüenses exiliadas. La propia CIDH ha mantenido durante 2026 un seguimiento constante sobre detenciones arbitrarias, desapariciones y otras violaciones de derechos humanos relacionadas con Nicaragua, y ha pedido a los Estados de la región fortalecer la protección de quienes se encuentran en situación de riesgo.
El otorgamiento de medidas a estas diez personas coloca nuevamente en el centro de la discusión la seguridad del exilio nicaragüense en Costa Rica y la necesidad de mecanismos capaces de responder no solo a amenazas inmediatas, sino también a posibles formas de persecución que trascienden las fronteras nacionales.