En febrero inicia la cuaresma. La gente se pregunta si este 2024 la feligresía católica tendrá que meditar sobre la pasión de Cristo nuevamente en confinamiento.
Por: Redacción Intertextual/ Voces en Libertad / contacto@intertextualcr.com
Este año, la cuaresma inicia el mes próximo, el 14 de febrero, con el miércoles de ceniza, pero el pueblo, no podrá realizar los actos de Semana Santa, de piedad religiosa en las calles, como el viacrucis y otras tradiciones, porque el régimen Ortega-Murillo mantiene su ofensiva contra la iglesia católica de prohibir todas las procesiones en el país.
A inicio del mes de enero, no permitió por ejemplo, que la imagen de San Sebastián saliera a las calles de Diriamba, y los fieles católicos, se vieron obligados a realizar sus actividades religiosas dentro del templo. La policía del régimen mantiene hasta ahora, su amenaza contra los sacerdotes si sacan a las calles a alguna imagen.
Puede leer: Al menos 57 fallecidos durante Semana Santa en Nicaragua
“¿Nos veremos obligados un año más a meditar la pasión de Cristo dentro del templo? Porque los actos de piedad religiosa se mantienen prohibidos en este país sin ningún argumento, debido a persecución del gobierno contra los religiosos por alzar su voz profética”, remarcó doña Luisa Mercado, de uno de los templos católicos de Granada.
Semana Santa: hechos que duelen
En la Semana Santa del año que recién finalizó, se calcula que se dejaron de realizar más de tres mil procesiones en las vías públicas del país, porque a ningún sacerdote se le permitió salir en procesión con imágenes como ocurría en el pasado, antes del orteguismo.
El año pasado, el padre Edwin Román desde su exilio en los Estados Unidos aseguró que Nicaragua vivía una Semana Santa “escandalosa e inaudita”.
Lea: Campesino detenido en contexto de represión en Semana Santa fue sentenciado a 8 años de cárcel
En Nandaime la policía arrestó al periodista Víctor Ticay, por dar cobertura a una actividad religiosa que intentaron realizar unos fieles, pero que al instante fue impedida por la policía.
El régimen acusó al comunicador de difundir información falsa y conspirar para desestabilizar “la integridad nacional” por lo cual recibió una condena injusta e ilegal de ocho años de cárcel.
