03-11-2026.
Cientos de personas LGBTIQ+ salieron a las calles de Caracas Venezuela, este 31 de octubre para exigir avances pendientes en materia de derechos, entre ellos el matrimonio igualitario, reconocimiento y protección de las familias homoparentales y sanciones contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
La movilización, prevista originalmente para junio, había sido postergada después del doble terremoto que afectó el norte de Venezuela, especialmente el estado La Guaira. La jornada tuvo así un doble propósito: mantener las demandas históricas del movimiento LGBTIQ+ y expresar solidaridad con las personas damnificadas.
“Hoy decidimos salir a las calles de Caracas con un doble objetivo, primero solidarizarnos con todas las víctimas que fueron afectadas por el doblete sísmico, y segundo, levantar nuestras banderas de lucha”, expresó a EFE la abogada y activista Richell Briceño.
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Más de una década esperando respuestas judiciales
Briceño explicó que activistas acudieron durante la semana previa al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para reclamar decisiones en causas relacionadas con derechos LGBTIQ+ que, según denuncian, acumulan más de una década sin resolución.
Entre las demandas planteadas se encuentran el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, garantías jurídicas para las familias homoparentales y medidas contra la discriminación. También se reclama poner fin a disposiciones que afectan a integrantes LGBTIQ+ dentro de las Fuerzas Armadas.
Las organizaciones han insistido además en la necesidad de avanzar en reconocimiento legal de la identidad de género para personas trans, una de las principales deudas pendientes señaladas por el movimiento venezolano.
“Este país sigue en deuda”
Durante la movilización, Bruno Gallo, defensor delegado de Caracas, reconoció públicamente la existencia de derechos pendientes para la población diversa.
“Este país sigue en deuda con los que son diferentes, y esa deuda tiene que reclamarse”, expresó.
Gallo aseguró que la Defensoría del Pueblo mantiene abiertas sus puertas para recibir solicitudes y acompañar demandas relacionadas con la ampliación de derechos.
Para la joven Paola Berra, de 20 años, la movilización también refleja la necesidad de transformar las condiciones sociales que continúan enfrentando las personas LGBTIQ+.
“Estamos desplazando en el tiempo a nuestra comunidad LGTBI y tiene que cambiar, ya estamos en 2026”, señaló a EFE.
Derechos todavía pendientes en Venezuela
Venezuela continúa sin reconocer el matrimonio igualitario y las parejas del mismo sexo no cuentan con las mismas garantías jurídicas que las parejas heterosexuales casadas. Activistas también denuncian obstáculos para el reconocimiento registral de las personas trans y otras formas de discriminación institucional.
La movilización ocurre además meses después de un caso que generó preocupación entre organizaciones LGBTIQ+. En mayo, cinco funcionarios policiales fueron detenidos después de denuncias sobre un allanamiento presuntamente ilegal, extorsión y la detención de al menos 33 hombres en un establecimiento de entretenimiento LGBTIQ+ en el estado Lara.
Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y Movimiento Somos denunciaron entonces que, según testimonios de las víctimas, agentes habrían utilizado expresiones que presentaban la homosexualidad como si constituyera un delito. La Fiscalía venezolana anunció una investigación.
Una marcha para exigir reconocimiento
La jornada de Caracas mostró que las demandas del movimiento LGBTIQ+ venezolano continúan centradas en derechos básicos que ya han sido reconocidos en otros países de América Latina.
Para quienes participaron, la movilización no fue únicamente una celebración del orgullo, sino también una exigencia de igualdad jurídica, protección de las familias, reconocimiento de las identidades trans y respuestas efectivas frente a la discriminación.
Más de una década después de que varias de estas demandas llegaran a instancias judiciales, el movimiento vuelve a reclamar que las instituciones venezolanas traduzcan los discursos sobre igualdad en decisiones concretas.