15-05-2026
Por: Revista Indígena Prahaku.
– Comunidades indígenas de México, están denunciando una nueva ola de violencia armada y desplazamiento forzado en distintos territorios del país. En los últimos días la situación se ha intensificado en el estado de Guerrero, en la región de la Montaña Baja, donde comunidades indígenas han reportado una escalada de violencia que ha derivado en el desplazamiento de familias completas.
La crisis más reciente se concentra en Guerrero. De acuerdo con reportes del Congreso Nacional Indígena, los primeros hechos comenzaron alrededor del 6 de mayo de 2026 en comunidades como Alcozacán, Tula, Jicotlán y Chicoacán, desde donde habitantes comenzaron a denunciar ataques armados y la expansión de la violencia hacia comunidades cercanas.
Entre el 10 y el 11 de mayo, la situación se intensificó con mayor fuerza. En videos difundidos por habitantes de Alcozacán en redes sociales, se observa la salida masiva de familias mientras se escuchan detonaciones de armas de fuego en el fondo. En uno de los videos difundido por la propia comunidad, una mujer indígena denuncia:
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“Más de mil familias hemos tenido que abandonar nuestras casas, nuestras tierras, nuestros cultivos para huir y salvar nuestras vidas”.
En otro video, un habitante describe la situación mientras se observan familias huyendo:
“Ahorita están avanzando… ya tomaron comunidades… ya la gente está huyendo, son mujeres y niños”.
En otro testimonio grabado en Alcozacán el 11 de mayo, un comunitario indígena afirma durante la evacuación por violencia armada:
“Aquí no hay ningún apoyo… el gobierno no existe aquí”.
Las comunidades atribuyen los ataques a un grupo armado identificado localmente como “Los Ardillos”, señalamiento que forma parte de las denuncias comunitarias difundidas en los propios materiales audiovisuales.
Mediante un comunicado, mujeres de Tula, Jicotlán, Zahuetlán y comunidades del Consejo Indígena Popular de Guerrero–Emiliano Zapata, leen un comunicado dirigido al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, al Concejo Indígena de Gobierno, a la Misión Civil de Observación, a organismos de derechos humanos y medios independientes:
“Lanzamos un grito urgente de auxilio, más de mil familias estamos siendo desplazadas en este momento en Guerrero… Responsabilizamos al gobierno y a las autoridades por su inacción; sus manos están manchadas de sangre”.
En otros registros se reporta el desplazamiento de familias completas con niños y personas mayores, mientras se escuchan detonaciones en las cercanías de las comunidades. Estos materiales han sido difundidos directamente por habitantes de la región en tiempo real, como parte de la documentación comunitaria de los hechos.
Respuesta del gobierno mexicano
Frente a estas denuncias, el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha informado, a través de medios como Imagen Noticias, que autoridades federales y estatales se han trasladado a la zona.
Según la versión oficial, se han realizado asambleas con población desplazada, entrega de alimentos e insumos básicos, atención médica y despliegue de fuerzas de seguridad como la Guardia Nacional y la Defensa Nacional.
El gobierno sostiene que la estrategia busca estabilizar la región mediante presencia institucional y diálogo.
Mientras las autoridades destacan la intervención estatal, las comunidades sostienen que los ataques ocurrieron sin protección inmediata.
La diferencia entre ambas versiones ha generado debate público sobre la forma en que se visibiliza la violencia en territorios indígenas, especialmente cuando la mayor parte de la información proviene de videos grabados por las propias comunidades.
En paralelo, organizaciones sociales han señalado también la desigualdad en la atención mediática de estas crisis frente a otros eventos de alta visibilidad pública, lo que ha reabierto el debate sobre qué vidas y qué territorios reciben mayor atención en la esfera pública.
Una crisis estructural en territorios indígenas
Aunque Guerrero concentra la crisis más reciente, organizaciones indígenas advierten que el desplazamiento forzado en comunidades originarias no es un fenómeno aislado, sino un patrón que se repite en distintos territorios del país.
En el estado de Chiapas, comunidades indígenas han reportado conflictos armados y desplazamientos en zonas rurales y fronterizas, según organizaciones comunitarias y de derechos humanos que han documentado la presencia de actores armados en distintos periodos.
En Chihuahua, pueblos rarámuri han enfrentado desplazamientos vinculados a la violencia en la Sierra Tarahumara, de acuerdo con informes de organizaciones civiles que han señalado la fragilidad de la seguridad en territorios serranos.
En Michoacán, comunidades indígenas han vivido durante años en contextos de disputa entre grupos armados, autodefensas y estructuras criminales, lo que ha generado desplazamientos intermitentes y control territorial en distintas zonas.