Continúa represión en Nicaragua y los patrones de violencia según Amnistía Internacional

Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com


Nicaragua sigue viviendo una grave crisis de derechos humanos caracterizada por la represión de la protesta y el ataque constante a disidentes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos. Ante esta situación, Amnistía Internacional (AI) este 18 de abril presentó un documento denominado: UN GRITO POR LA JUSTICIA: 5 AÑOS DE OPRESIÓN Y RESISTENCIA EN NICARAGUA. El documento sistematiza los cinco años de represión (2018-2023) contra miles de personas.

La represión no cesa y crece con nuevos patrones de violencia argumenta AI en su informe. “Después de cinco años, lejos de cesar, la política de represión del gobierno nicaragüense para contener las voces disidentes y cualquier tipo de crítica continúa acrecentándose, reinventándose e incorporando nuevos patrones de violaciones.”

El reciente informe, hace un recuento de la crisis de derechos humanos que ha sufrido Nicaragua desde que el pueblo salió a las calles a protestar pacíficamente contra las reformas del seguro social el 18 de abril de 2018. “La represión brutal fue la herramienta que el presidente Daniel Ortega decidió utilizar para gestionar aquel descontento social, el cual dejó un saldo de más de 300 muertos, más de 2000 personas heridas y cientos de detenciones arbitrarias,” apuntó la organización Internacional.

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Por su parte Erika Guevara directora para las Américas de Amnistía Internacional, manifiesta que a través del documento demuestran la continua represión en Nicaragua. “A través de la documentación de casos emblemáticos mostramos el continuum de represión a la que ha sido sometida la sociedad nicaragüense, y los diferentes patrones de violaciones a derechos humanos que han sufrido las personas que se atreven a alzar su voz para denunciar la crisis que sufre el país y exigir el respeto y el goce pleno de los derechos en Nicaragua.”

Entre las tácticas que ha usado el gobierno Ortega Murillo para reprimir, según el informe están: el uso excesivo de la fuerza, el uso de leyes penales para criminalizar injustamente activistas y disidentes, los ataques contra la sociedad civil y el exilio forzado.

Los Ortega Murillo se han valido de esas formas de violencia contra a ciudadanía nicaragüense “ para lograr el cierre gradual del espacio público, silenciar a las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y cualquier voz disidente o crítica del gobierno y operar sin ningún control o rendición de cuentas, dice AI y añade “La implementación de estos métodos ha provocado un amplio abanico de violaciones a derechos humanos, entre ellas la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, y la privación arbitraria de la nacionalidad.”

El informe señala que el uso excesivo de la fuerza ha sido ejercido por fuerzas policiales, coordinada con paramilitares, estos grupos son los responsables de detenciones arbitrarias a lo largo de los cinco años de crisis en Nicaragua.

“Estos cuerpos represivos se han caracterizado además por el uso de armas letales en contextos no autorizados por el derecho internacional, lo que ha causado la muerte de cientos de personas, algunas de las cuales ya han sido calificadas por órganos de control de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, un crimen del derecho internacional” dicta el informe.

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La información recabada por AI ha sido basada a datos proporcionado por organizaciones de sociedad civil, donde además se ha logrado confirmar “la cooptación del sistema judicial”, el cual, en colaboración con otras autoridades nacionales, con “juicios injustos en contra de personas por el mero hecho de ser consideradas críticas al gobierno”.

Estos procesos penales E han sido herramientas de control y represión contra personas que se oponen al gobierno Ortega Murillo. “Esta instrumentalización del proceso penal ha llevado a la encarcelación de cientos de personas sólo por ejercer su derecho a la liberta de reunión pacifica, denunciar los abusos cometidos por las autoridades y defender y promover los derechos humanos en Nicaragua” argumenta AI.

El informe detalla actos de hostigamiento y represión contra organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes. “El gobierno ha creado una serie de leyes para restringir la libertad de asociación y expresión y ha sometido a las organizaciones de derechos humanos y los medios a campañas de desprestigio, intervenciones ilegítimas en sus operaciones y la criminalización injusta de sus miembros.” La forma con la que los Ortega Murillo ha reprimido estos grupos es cancelando personalidades jurídicas, irrupción de sus instalaciones y la incautación de sus propiedades.

“Las personas defensoras de derechos humanos, activistas de diversa índole y periodistas han sufrido acoso, amenazas e incluso ataques a su integridad física. Muchos han tenido que huir del país o han decidido cesar su trabajo temporalmente por temor a su seguridad” detalla el documento.

Nicas sin nacionalidad

AI destaca en su último documento “la privación arbitraria de nacionalidad” contra más de 300 personas las cuales quedaron en situación de apátridas, “un estatus que las coloca en un mayor nivel de indefensión y con serios obstáculos para ejercer otros derechos como el de la salud, la educación y un empleo decente.”

Amnistía Internacional hace un llamado a la comunidad Internacional ante este escenario a ejercer una “responsabilidad compartida de ofrecer protección a estas personas”.

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A cinco años de su inicio, la crisis de derechos humanos en Nicaragua se sostiene por la pérdida del Estado de Derecho, la aprobación de reformas normativas que han afectado la independencia del poder judicial y el cierre al escrutinio de mecanismos de control de derechos humanos, tanto regionales como universales, dijo Erika Guevara Rosas y concluyó diciendo. “Hoy más que nunca la comunidad internacional debe seguir actuando de manera articulada y contundente. Pero no sólo al momento de reconocer y condenar la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murilo, sino también en la manera en la que se promueven y garantizan los derechos de justicia, verdad y reparación para las miles de víctimas que ha cobrado y sigue cobrando una política muy represiva que aplasta los derechos humanos”

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