Corte IDH otorga medidas provisionales a nueve presos políticos en Nicaragua y demanda su liberación

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Por: Redacción Intertextual

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Este pasado 25 de mayo, la ,Corte Interamericana de Derechos Humanos en una resolución demandó la liberación de nueve presos políticos encabezando la lista Juan Sebastián Chamorro e incluyendo al periodista independiente cronista deportivo Miguel Mendoza quien cumplirá un año de estar en una celda de castigo desde su detención.

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Estos presos políticos, son beneficiarios de medidas provisionales, dictadas por La Corte IDH. Estas me medidas son decretadas “en casos de extrema gravedad, urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”.

Las personas que la Corte exige su pronta libertad en Nicaragua son:

Michael Edwing Healy Lacayo, Álvaro Javier Vargas Duarte, Medardo Mairena Sequeira, Pedro Joaquín Mena Amador, Jaime José Arellano Arana, Miguel Ángel Mendoza Urbina, Mauricio José Díaz Dávila, Max Isaac Jerez Meza y Edgar Francisco Parrales Castillo.

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Entre los argumentos describe “las detenciones y procesos penales iniciados hacen parte de un contexto de hostigamiento a quienes se manifiestan en oposición a las políticas actuales del gobierno de Nicaragua, el cual se ha visto exacerbado con motivo de las elecciones que tuvieron lugar en Noviembre” dicta la resolución.

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La Corte, afirma que el gobierno de Ortega y Murillo a ignorado las medidas provisionales y las cuatro anteriores resoluciones extendidas a lo largo del año pasado 2021, que enlista a varias personas. “Constituye un acto de desacato a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por el tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al tribunal.”

,Uriel Pineda expertos en derechos humanos, refiere a ,Intertextual que estas medidas previsionales otorgadas por la Corte IDH “se extiende a 31 personas” incluido el fallecido preso político Hugo Torres.

La Corte argumenta que las medidas adoptadas para Juan Sebastián Chamorro como para el resto de las personas presas políticas, en la mayoría de los casos, se trata de, “personas públicas de alto perfil conocidas o identificadas por estar en oposición al actual gobierno de Nicaragua, que han manifestado su desacuerdo con las políticas del gobierno actual y que han buscado que se garanticen los derechos humanos en el país”. También señaló que, según la información que ha recibido, estas personas “tendrían roles de liderazgo y visibilidad por estar en contra de las medidas impulsadas por el actual gobierno de Nicaragua desde abril de 2018” y sus detenciones se habrían producido en el contexto de las elecciones de 2021.

Estas personas además son beneficiarias de medidas cautelares, al igual que su núcleo familiar recuerda la Corte.

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La Corte Interamericana resuelve que debe proceder a la liberación inmediata de los 9 preso políticos mencionados. Y que mientras se realizan los trámites necesarios para dicho proceso. “proceda a informar de forma inequívoca a sus familiares y abogados de confianza sobre su lugar de detención, a facilitar su contacto inmediato con familiares y abogados, al menos una vez a la semana, y a garantizar el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos para los beneficiarios.”

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Pineda menciona que le llama la atención la solitud de informar a las familias el lugar de detención, para él esto podría interpretarse “que la integración de violación a derechos humanos que esta señalando la Corte Interamericana “es la presunción de desaparición forzada.”

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A la fecha en Nicaragua son mas de 170 personas presas políticas. Pineda destaca que se pueden esperan dos cosas con la resolución de la Corte IDH a favor de las personas presas políticas “el incremento de esta lista por parte de la Corte IDH, en futuras resoluciones mediante la petición y la integración de investigación que hace la propia Comisión Interamericana por parte del Mecanismo de Seguimiento a Nicaragua… Por otro lado, el próximo año estaremos viendo una sentencia de la CIDH donde determina la responsabilidad de Estado de Nicaragua por la privación grave de la libertad de estas personas” apunta el experto en derechos humanos.

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