Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en un reciente informe contabiliza 64 personas presas políticas en Nicaragua, incluyendo a 10 personas que se encuentran encarceladas desde antes de las protestas de abril del 2018.
Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
La escalada represiva y las detenciones arbitrarias que mantiene el regimen de Daniel Ortega contra opositores, periodistas, la iglesia católica y feligreses, han incrementado la lista de presos políticos a 64, según el más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
El informe del observatorio señala que hasta el mes de abril se contabilizaban 47 presos políticos, incluyendo 10 que se encuentran encarcelados desde antes de las protestas de abril del 2018.
Pero entre el 8 de mayo y el 19 de junio el Mecanismo, agregó a la lista a 17 personas que fueron detenidas en dicho período, por motivos políticos, para totalizar 64 hasta a la fecha.
Como evidencia de la escalada represiva que se vive en Nicaragua, el Mecanismo detalló que en ese período fueron detenidos arbitrariamente 33 personas procedentes de diferentes departamentos del país, entre ellos 4 sacerdotes, feligreses y trabajadores de organizaciones no gubernamentales (ONGs) de la iglesia católica.
De los 33 detenidos, 21 fueron excarcelados horas o días después, incluyendo un sacerdote y 12 permanecen encarcelados ilegalmente.
A la vez detalla que de las 21 personas excarceladas «al menos 18 fueron enviadas a su casa con una medida alterna de casa por cárcel y debiéndose presentar diariamente a la delegación cercana para firmar un control de parte de la Policía Nacional», dice textualmente el informe.
De los 12 que permanecen encarcelados, tres ya fueron incluidos a la lista de presos políticos y los otros nueve se encuentran en proceso de estudio.
El informe a la vez revela que en mayo fueron detenidas aproximadamente 90 personas entre opositores y periodistas y que a la mayoría se les impuso la medida alterna de casa por cárcel y los obligan ir a firmar diariamente a las delegaciones policiales cercanas a sus casas.
De las personas detenidas arbitrariamente en mayo, 81 están siendo judicializados ilegalmente y a la mayoría ni siquiera se les permite contar con un abogado de su preferencia.
«Todas estas medidas profundizan el terror en la población la cual se siente cada vez más atemorizada de denunciar las violaciones a sus derechos ante la inminente amenaza de hostigamiento, detención e incluso expulsión del pais», explicó el Mecanismo en su informe.
Represión a la iglesia católica continúa
El informe confirma que la sistemática represión y persecución contra la iglesia católica y la feligresía se ha intensificado desde el mes de abril, previo a las festividades religiosas de Semana Santa.
«Solo durante Semana Santa se registraron 21 detenciones arbitrarias dirigidas a personas que intentaban celebrar estas festividades», dice el documento.
En mayo y en lo que va del mes de junio la ola represiva contra la iglesia católica se mantiene y como evidencia el informe mencionó la detención ilegal de los 4 sacerdotes y la de 7 trabajadores de la ONG, Cáritas.
También se detalla que entre los meses de abril, mayo y junio han detenido ilegalmente a 20 personas pertenecientes al clero y feligresía de la iglesia católica y recalcaron que únicamente ha sido liberado un sacerdote.
«Ésta clara persecución política se acompaña con mensajes de por parte de los gobernantes. Además, se ha observado un control territorial con la expulsión de personas Católicas, así como el cierre injustificado de cuentas bancarias de varias diócesis y también de las cuentas bancarias de varios sacerdotes «.
El informe a la vez confirma que, en los últimos meses, la policía ha incrementado las amenazas y el hostigamiento a la población mediante visitas que realizan en casas de opositores.
Durante las visitas, interrogan a los pobladores acerca de sus actividades personales, les prohíben reunirse o sostener encuentros con otras personas y les dicen que tiene que reportar cualquier movimiento que realicen fuera de sus respectivas casas, pese a que algunos ni siquiera enfrentan procesos judiciales.
También revisan los teléfonos y las computadoras de todos los que habitan en las casas les dicen que están bajo investigación.
Tampoco se informa el paradero de las personas que han sido encarceladas ilegalmente, lo cual genera preocupación y angustia a sus familiares que hacen n peregrinaje por las diversas delegaciones policiales en busca de información.
Sin embargo, la policía se niega a proporcionarles la información para mantener a los presos políticos bajo «desaparición forzada».
Cabe destacar que entre los 64 presos políticos se encuentra el obispo de la Diócesis de Matagalpa Rolando Álvarez, por quien tratará de interceder el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
El presidente brasileño aseguró el jueves en Roma, durante una conferencia de prensa que fue un error encarcelar al obispo y que intentará convencer a su homólogo Daniel Ortega para que lo libere a monseñor Álvarez quien fue condenado en febrero de este año a 26 años de cárcel, tras negarse a ser expulsado del país
