Denuncia ante la ONU violencia y avance minero en territorios indígenas de Nicaragua

22-09-2026.


El líder indígena Mayangna Lusben Taylor denunció este 21 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra la violencia, los desplazamientos, las detenciones arbitrarias y el avance de actividades extractivas que enfrentan los pueblos indígenas de Nicaragua.

Taylor intervino durante el diálogo interactivo sobre el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Nicaragua, con el acompañamiento de Fundación del Río y Peace Brigades International (PBI). “Nuestro territorio no es solamente un espacio geográfico, es nuestra memoria colectiva, nuestra identidad y el fundamento de nuestra existencia”, afirmó ante el Consejo.

“Una crisis multidimensional” amenaza al pueblo Mayangna

Durante su intervención, Taylor sostuvo que las comunidades Mayangna atraviesan una crisis que amenaza su supervivencia física, cultural, territorial y política. Denunció desplazamientos vinculados con la ocupación de tierras indígenas, hechos de violencia y asesinatos de líderes y comunitarios.

Lea también: Corte IDH examina situación de presos políticos en Nicaragua y retoma caso de cuatro indígenas Mayangna

El dirigente también llamó la atención sobre personas indígenas privadas de libertad. “Ocho guardabosques Mayangna y cuatro líderes indígenas permanecen en detención arbitraria”, aseguró. Además, señaló que las comunidades de Wilú, Kitangsar y Mina Sulun continúan bajo asedio y sin una protección estatal adecuada.

La preocupación sobre detenciones de autoridades y defensores indígenas no es nueva. En septiembre de 2025, procedimientos especiales de Naciones Unidas registraron una comunicación sobre la situación de ocho autoridades, guardabosques y defensores ambientales del territorio Mayangna Sauni As, relacionada con posibles detenciones arbitrarias y desapariciones.

63 lotes mineros en territorios indígenas y afrodescendientes

Taylor también denunció la expansión de concesiones mineras y otras actividades extractivas en territorios indígenas sin garantías suficientes de consulta ni de consentimiento previo, libre e informado.

Según los datos presentados durante su intervención, existen actualmente 63 lotes mineros ubicados en territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Para el dirigente, estas concesiones representan una presión adicional sobre comunidades que ya enfrentan conflictos territoriales y violencia.

Organismos de Naciones Unidas han advertido anteriormente sobre problemas similares. El Alto Comisionado ha documentado ataques contra pueblos indígenas y afrodescendientes, apropiación ilegal de tierras, desplazamiento y deficiencias en la protección estatal, particularmente en territorios Mayangna de la Reserva de la Biósfera Bosawás.

“Desde los territorios mayangnas hacemos un llamado a este Consejo para que no permita que nuestra tragedia sea normalizada, ni que nuestros territorios sean convertidos en zonas de sacrificio”, expresó Taylor.

ONU advierte que la represión continúa profundizándose

Durante el mismo diálogo, representantes de la Oficina del Alto Comisionado señalaron que la represión en Nicaragua continúa teniendo un impacto acumulativo sobre cientos de miles de personas desde 2018. Entre las violaciones mencionaron detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, desapariciones forzadas, persecución de voces críticas, exilio y despojo de nacionalidad y bienes.

La Oficina también señaló que el debilitamiento del Estado de derecho, la democracia y los contrapesos institucionales ha contribuido al cierre casi total del espacio cívico y político para quienes no están alineados con el Gobierno. Asimismo, pidió a la comunidad internacional mantener los derechos humanos y la protección de la sociedad civil como prioridades en sus relaciones con Nicaragua.

Fundación del Río, por su parte, considera fundamental que la comunidad internacional mantenga la vigilancia sobre las vulneraciones contra los pueblos indígenas y sobre la expansión de proyectos extractivos en territorios donde las comunidades tienen derechos colectivos reconocidos.

La intervención de Taylor llevó nuevamente hasta el Consejo de Derechos Humanos una demanda que las comunidades indígenas de la Costa Caribe han sostenido durante años: protección frente a la violencia, respeto a sus territorios y garantías reales para ejercer su autonomía y decidir sobre los recursos naturales que forman parte de su vida y cultura.

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